Los peajes en las carreteras vuelven a la primera línea del debate. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, volvió a poner sobre la mesa este miércoles la necesidad de abrir un debate sobre la financiación del mantenimiento de las infraestructuras viarias.

Lo hizo en un foro público en el que apeló a la oposición meses después de que el Gobierno se haya retractado ante Bruselas de la promesa que hizo al Ejecutivo comunitario de establecer en 2024 un sistema de pago por uso de las carreteras a cambio de recibir los fondos europeos de recuperación.

"Las carreteras no son gratis, o bien se pagan a través de sus usuarios o bien se pagan a través de los impuestos de todos. Tendremos que tomar una decisión e invito a las formaciones políticas a que reflexionemos con responsabilidad", sostuvo en un foro de El Español.

Hace escasos meses, el Ejecutivo dio por cerrada la posibilidad de establecer peajes. Lo que comenzó a tejerse bajo el mandato de José Luis Ábalos, quedó enterrado por su sucesora Raquel Sánchez tras una negociación con la Comisión Europea para excluirlos a cambio de incrementar los ecoincentivos destinados al fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril. El objetivo es que la cuota de transporte de mercancías por ferrocarril pase del 4% actual al 10% al terminar la década.

La posibilidad de cobrar por el uso de las carreteras tiene un posible coste electoral para la formación política que apueste por dar el paso. Y en 2023 se celebraban elecciones generales. Meses después de aquellos comicios, el ex alcalde de Valladolid vuelve ahora a sacar a la palestra la necesidad de debatir sobre la medida. Aunque apela al resto de formaciones políticas. Aunque en un mensaje público publicado horas después de su intervención, aseguró que su intención no era reabrir el debate.

"Para el pago por uso, sería deseable un pacto de país", dijo Puente. Su tesis es que el Ejecutivo está uniformizando el sistema. Desde la llegada del PSOE al poder en 2018, el Gobierno dice haber retirado los peajes de 1.000 de los 2.500 kilómetros de autopistas. "Cuando eso esté homogenizado, tendremos que tomar una decisión como país", añadió.

Aunque durante su intervención pareció decantarse por la opción de implantar peajes y no seguir sufragando el mantenimiento de las vías mediante impuestos. Si la elección es pagarlas con cargo a lo que pagan todos los ciudadanos, reflexionó, se seguirán dando situaciones "no muy justas", como que un camión que viene de Alemania a su paso por los distintos países de la Unión Europea pague por usar las vías, pero cuando llega a España lo hace gratis.

El Ejecutivo dejó el tema de los peajes fuera la de la Ley de Movilidad Sostenible que quedó congelada con la convocatoria electoral y cuyo trámite se ha retomado en esta nueva legislatura en el Congreso pero sin esta posibilidad. La norma tiene que estar aprobada antes de que termine el año como condición para recibir el nuevo desembolso de fondos europeos.

En este sentido, Puente ha tendido la mano al PP para lograr un consenso en su tramitación. "Es un proyecto que va a requerir de la aportación de todos y de amplios consensos. A mí me gustaría que esta ley saliera adelante, como mínimo, con el apoyo de los dos grandes partidos de este país. Y creo es posible, no solo deseable, sino que es posible", ha dicho el titular de Transportes.

La patronal de las empresas concesionarias de infraestructuras Seopan aboga por un plan para hacer que paguen por las carreteras aquellos que las utilizan. El presidente de la organización, Julián Núñez, reconoció que implantar el modelo de pago de uso no saldría gratis, sino que requeriría una inversión inicial al Estado de unos 1.000 millones de euros.

A cambio, la patronal que agrupa a las grandes cotizadas (ACS, FCC, Ferrovial, Sacyr, Acciona y OHLA) calcula que implementar la tarificación por uso en vías de gran capacidad generaría, según Seopan, un superávit fiscal medio de entre 3.054 y 5.082 millones de euros anuales debido a la reducción del gasto público de conservación y al incremento de los ingresos públicos asociados a dicho pago por parte de los usuarios. Todo ello dependería de las tarifas a implementar.

Esta patronal pone de manifiesto que existe una "insuficiencia actual del gasto público en conservación de las autopistas". Según sus cifras, España tiene un gasto comprometido de unos 2.000 millones de euros al año mientras que las necesidades de gasto doblarían esa cifra, con una necesidad aproximada de 4.100 millones anuales.

"Todos los partidos políticos son sensibles a la medida y los dos grandes lo han estudiado en su momento. El problema es que ninguno se pone de acuerdo para ver quién es el primero que lo dice", señalaba el mes pasado el propio Núñez.