La Comisión Europea constató la semana pasada que España tendrá que tomar medidas para reducir el desequilibrio que se producirá en su gasto en pensiones. Tal y como se aprobó en la última reforma del sistema, el próximo año está previsto que se evalúen los efectos de los nuevos cambios y, en concreto, si el gasto se está desvinculando de lo esperado. La previsión de Bruselas, llevada a cabo con los datos proporcionados por el propio Gobierno español, apunta a que tendrán que tomarse medidas porque la reforma establece que el gasto no debe superar el 13,3% del PIB de media entre 2022 y 2050, y el pronóstico es que alcanzará el 15,1%, sin que las medidas de refuerzo de los ingresos sean suficientes para compensarlo.

La llave del posible ajuste la tiene la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), encargada de la citada evaluación del próximo año. Todavía es demasiado pronto para saber en qué dirección se dirigirán sus cifras, pero mientras tanto instituciones como el Banco de España siguen insistiendo en la importancia de alargar la vida laboral de los españoles. Con una particularidad: mientras que la población parece estar temiendo que el Ejecutivo vuelva a aumentar la edad legal de jubilación, que está previsto que llegue en 2027 a los 67 años -cuando se acrediten menos de 38 años y 6 meses cotizados-, las propuestas del supervisor en su último informe anual optan por otras vías que conseguirían subir la edad media de acceso a la pensión pública, sin tocar la edad legal.

El Banco de España no habla en esta ocasión del gasto en pensiones, sino de la necesidad de modificar aspectos concretos del mercado de trabajo de cara a los retos demográficos y tecnológicos que el país va a experimentar. Uno de esos aspectos es la duración de la vida laboral, cuyo alargamiento cree que debe "fomentarse" eliminando "distintos elementos" que "están contribuyendo a expulsar del mercado laboral a los trabajadores de mayor edad". En parte, porque la jubilación de la generación del baby boom, la más numerosa de la historia de nuestro país, va a provocar un gran repunte del gasto en pensiones al mismo tiempo que la natalidad cae en picado.

"El alargamiento de la vida laboral también contribuye positivamente a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones", recuerda el informe.

Es cierto que parte de las esperanzas del país están puestas en la llegada de migrantes que con sus cotizaciones sociales contribuirán a sostener las pensiones públicas, pero el supervisor advierte de que no será suficiente. "No cabe esperar que la inmigración solucione completamente el problema del relevo generacional de los trabajadores en nuestro país. Para ello serían necesarios unos flujos migratorios mucho más intensos que los contemplados incluso en las proyecciones demográficas más optimistas".

Por tanto, las principales medidas que recomienda tomar son cuatro, además del ya previsto -y aprobado- aumento progresivo de la edad legal de jubilación: fórmulas para contratar a trabajadores mayores, incentivar recolocaciones y formación profesional de estos empleados o parados ya cerca de la edad de jubilación, eliminar las salidas forzosas del mercado de trabajo y desarrollar programas de jubilación activa que lleven a los pensionistas a seguir trabajando unos años más. Son recomendaciones basadas en que la vida laboral de los españoles ya se ha alargado en parte gracias a cambios normativos, y así considera que se debe seguir haciendo.

Los cambios en vigor

Por el momento ya se han puesto límites a la jubilación forzosa por debajo 68 años y aprobado incentivos como la exención a cotizar por algunas contingencias más allá de la edad de jubilación, que todavía podrían seguir consiguiendo que más españoles aumentasen su vida laboral, aunque el Banco recalca que su eficacia es, en la práctica, todavía incierta.

El Ministerio de Seguridad Social ya ha puesto en marcha una reforma de la regulación vigente de la jubilación parcial, la que permite empezar a cobrar la pensión al mismo tiempo que se sigue trabajando unas horas a la semana. La fórmula es ideal para el Gobierno, porque cuanto más tarde se jubilen los trabajadores mayor es el ahorro en pensiones, pero la ley actual no convence a los que están a punto de retirarse. De ahí la reforma, que tendría que haberse aprobado antes de finales de junio del año pasado y quedó en el aire con el adelanto electoral, por lo que ahora se está negociando en el seno del diálogo social, entre sindicatos y organizaciones de empresarios mayoritarias.

Del mismo modo, el Gobierno planea reformar la jubilación activa, que permitiría compatibilizar el 100% de la pensión con una actividad por cuenta ajena o propia, pero aún existen diferencias importantes entre los negociadores. Y sobre la eliminación de la jubilación forzosa a los 68 años, la normativa aprobada el año pasado prohíbe cláusulas en los convenios que la prevean, pero es algo que sigue sucediendo. Una sentencia de la semana pasada dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaminó que el despido de una mujer de 68 años por haber cumplido la edad para jubilarse era procedente, y que ella no tiene derecho a indemnización.

Con todo, el Banco de España advierte de que no será suficiente, y sugiere que habrá que tomar otras medidas. "Sin embargo, tampoco este alargamiento de la vida laboral podrá compensar totalmente la disminución del volumen de nuevos entrantes en el mercado de trabajo. (...) aunque aún existe un cierto margen para seguir extendiendo en el tiempo la vida laboral de los trabajadores españoles, este proceso se enfrenta a algunas limitaciones, como las relacionadas con el estado de salud de los trabajadores de mayor edad (...). Por tanto, los trabajadores de mayor edad, aun permaneciendo más tiempo en el mercado de trabajo, no podrán cubrir completamente el tipo de ocupaciones para las que se demandan trabajadores de menor edad".