El Gobierno vasco en funciones ha aprobado hoy el decreto que desarrolla la Ley de la Cadena Alimentaria que será de aplicación en el País Vasco. En la norma se establece que habrá que respetar el precio de producción y que pagar por debajo de él estará gravemente sancionado.

Además, se obligará a registrar oficialmente los contratos que se cierren en cada uno de los niveles o eslabones del proceso entre el productor y el consumidor final.

El régimen sancionador contempla multas de hasta un millón de euros en los casos más graves. Con este procedimiento se confía no sólo en blindar al productor sino en arrojar transparencia a todo el proceso e incluso en poder concienciar a los consumidores sobre el coste y razón final del precio a los que adquiere los productos.

El Ejecutivo vasco ha reconocido hoy que se ha detectado una "debilidad estructural" en las relaciones comerciales, fundamentalmente entre el sector agrícola y ganadero y las distribuidoras comerciales.

Se han detectado muchos casos de contratos que no respetan los costes de producción o incluso ausencia de contratos: "Observamos una tendencia persistente de aumento de los costes de producción".

Con este decreto se quiere asegurar que no se pueda pagar a un productor por debajo del coste de producción, así como que a lo largo de toda la cadena no se registren incrementos justificados de costes y precios. Se fijan criterios objetivos de valoración y fijación de precios. Además, se llevaran a cabo planes de inspección anualizados, así como procedimientos de actuación tras la presentación de denuncias o inspecciones aleatorias.

El régimen sancionador que se ha establecido fija sanciones leves, con sanciones de entre 250 y 3.000 euros, graves, entre 3001 y 100.000 euros y las sanciones muy graves con sanciones de entre 100.001 y 1.000.000 de euros.

El sector primario se encuentra, según el Gobierno, en una situación de "especial vulnerabilidad, dependiendo de coyunturas económicas y de los ajustes en la cadena de suministro".

Euskadi se dota de un "Código de Buenas prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria" y de un "Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi", sobre los que pivotará la vigilancia en todo el proceso.

El objetivo pasa por favorecer la sostenibilidad social, económica y medioambiental de la cadena alimentaria. También velara por poner en valor los productos agroalimentarios de calidad, favorecer una mejora de la información y percepción de los consumidores sobre estos productos.