El Gobierno, UGT y CCOO han llegado a un acuerdo para la reforma del subsidio de desempleo, un hito prometido en el Plan de Recuperación y del que pendían fondos europeos. El nuevo texto, que CEOE ha rechazado siquiera valorar, incluirá el requisito exigido por Podemos y por el que la reforma fue rechazada en enero en el Congreso de los Diputados, según han informado fuentes de la negociación.

Para las organizaciones de empresarios de CEOE y Cepyme, no tenía sentido valorar el nuevo texto en tanto que el Gobierno no había planteado la reforma como un proceso de diálogo social, sino como uno de consultas. Como consecuencia, quedan fuera del acuerdo pese a que los cambios legislativos que introduce la reforma afectan sobre todo al Estado.

Entre los principales puntos que incluirá la nueva ley, se incluyen la posibilidad de compatibilizar el cobro del subsidio con un empleo durante 180 días, sin reducción de cuantía; la simplificación de los trámites para acceder al mismo, la eliminación del mes de espera y se mantendrá la sobrecotización de los mayores de 52 años en el 125%, al contrario de lo que incluía la primera reforma, dado que era el requisito exigido por Podemos -y que rechazaba la ahora exministra de Economía Nadia Calviño-.

Además, la reforma incluirá la posibilidad de compatibilizar la prestación contributiva por desempleo con un salario a partir del año de prestación del paro, algo que no se incluyó durante la negociación de principios de año, pero cuyos detalles aún no se han hecho públicos.

Descenderá conforme pasen los meses

Respecto a las cuantías, la mejora que recogía la reforma no convalidada se mantiene en el nuevo texto que Trabajo ha propuesto a los agentes sociales, de manera que durante los 12 primeros meses de percepción se establecerán en tres tramos: el subsidio será del 95% del Iprem durante los primeros seis meses de cobro (570 euros mensuales con el Iprem actual); del 90% durante los siguientes seis meses (540 euros) y del actual 80% durante el resto de la duración de la prestación (480 euros).

Al subsidio podrán acceder ahora personas víctimas de violencia de género o sexual, así como emigrantes retornados, menores de 45 años sin cargas familiares y trabajadores eventuales agrarios de todo el Estado (unos 200.000, según cálculos sindicales). Además, los trabajadores residentes en Marruecos que hayan desempeñado su última relación laboral en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, amparados por autorización de trabajo para trabajadores transfronterizos, podrán acceder a la protección por desempleo de nivel contributivo sin necesidad de acreditar residencia en España, siempre que reúnan todos los requisitos establecidos en la legislación aplicable y en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

La reforma elimina los subsidios parciales para quienes hubieran trabajado a tiempo parcial, pudiendo cobrarlos íntegros, al tiempo que permitirá que las personas con menos de 12 meses cotizados (que son los necesarios para acceder a una prestación contributiva) puedan acceder al subsidio, medida que beneficiará fundamentalmente a los jóvenes.

Se facilitará además el cumplimiento del requisito de insuficiencia de rentas para las personas que acceden al subsidio, al permitir el acceso tanto por insuficiencia de rentas personales como de la unidad familiar, alternativamente, y se ampliará la cobertura al permitir el acceso de las parejas de hecho a la unidad familiar.

Al mismo tiempo, se establece un régimen de compatibilidad entre los subsidios agrarios de Andalucía y Extremadura con los del Régimen General y, adicionalmente, se compromete una reducción de las jornadas reales requeridas para acceder a los primeros como consecuencia de la sequía.

La reforma permitirá también que aquellos que están cobrando subsidios puedan agotar sus prestaciones actuales y, posteriormente, pasar a incorporarse en el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una pasarela de la que quedarán excluidas las víctimas de violencia de género y los emigrantes retornados, que se mantendrán en el subsidio.

Asimismo, se introduce como causa de suspensión del subsidio que los trabajadores fijos-discontinuos sean llamados a reiniciar su actividad y no se reincorporen a su puesto de trabajo, salvo causa justificada. La reforma establecerá también un mecanismo de reserva de políticas activas de empleo para mayores de 52 años para destinar una parte de los fondos de empleo a estas personas (este año serán unos 630 millones de euros).