El Gobierno espera que la reforma del subsidio de desempleo, que también incluye cambios en el paro al uso, apenas aumente el gasto público pese a las mejoras que incorpora. El Ministerio de Trabajo acordó este miércoles los puntos principales de la reforma con los sindicatos UGT y CCOO -las organizaciones de empresarios rechazaron sumarse-, y entre estos se incluye mantener la sobrecotización de los mayores de 52 años en el 125%, como pedía Podemos, y la posibilidad de compatibilizar la prestación contributiva de desempleo y también el subsidio con un puesto de trabajo.

El Ministerio de Trabajo detallará las cuentas en la memoria económica de la reforma, que por el momento no está disponible, pero este miércoles fuentes de dicho departamento aseguraban que el incremento del gasto que está previsto prácticamente se compensará con el ahorro que se producirá gracias a que las medidas incentivarán el regreso de los parados al empleo.

Un pequeño recopilatorio: el subsidio de desempleo es esa prestación que pueden cobrar los parados que no tienen derecho a paro o que lo han agotado, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos. Y el Ejecutivo había prometido a Bruselas mejorarlo a cambio de fondos Next Generation, e incluyó esta reforma en el cuarto desembolso de los fondos. Pero en enero el Congreso de los Diputados rechazó el decreto de Yolanda Díaz, con los votos en contra de Podemos, PP y Vox, lo que obligó a volver a empezar todo el trámite.

Entonces una de las principales preocupaciones de los expertos de cara a la reforma del subsidio -que también se conoce como prestación por desempleo de nivel asistencial- tenía que ver con que el principal objetivo debía ser conseguir incentivar el regreso al empleo, y sobre este punto los ministerios de Economía y Trabajo presentaban diferencias de opiniones. Sin embargo, tras la salida de Nadia Calviño los ánimos parecen haberse relajado, y es ahora cuando el equipo de Yolanda Díaz ha introducido la posibilidad de que el cobro del paro también pueda compatibilizarse con tener un empleo.

Mayor cuantía, más beneficiarios y compatibilidad con un trabajo

La reforma incluye una serie de medidas que aumentan el gasto. Se mejora la cuantía del subsidio de los 480 euros mensuales actuales al 95% del IPREM durante los primeros seis meses de cobro (570 euros mensuales con el IPREM actual, que puede variar en los próximos años); del 90% durante los siguientes seis meses (540 euros) y del actual 80% durante el resto de la duración de la prestación (480 euros), tal y como figura en el texto del acuerdo. Podrán cobrarlo colectivos que hasta ahora quedaban fuera, como las víctimas de violencia de género, emigrantes retornados, menores de 45 años y trabajadores eventuales agrarios. Y podrá seguir pudiéndose cobrar durante 30 meses como máximo, pero solo 180 días mientras se tiene un empleo -ya sea a tiempo completo o parcial-.

En el caso de la prestación contributiva, también se podrá compatibilizar con un salario durante 180 días a partir de llevar un año en desempleo, aunque con ciertos límites. Fuentes del Ministerio de Trabajo han recalcado que la misión es conseguir que no se produzca un salto tan brusco entre percibir el subsidio y volver al empleo, puesto que entonces el parado podría dudar entre si le compensa aceptar la oferta de empleo o no, especialmente si le queda poco para la jubilación. Por tanto, la idea es evitar que el paro "se enquiste", una vez Trabajo ha detectado que a partir del año de cobro del subsidio es cuando empiezan a existir "grandes problemas de inserción".

De hecho, el propio secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha recalcado que la compatibilidad de la prestación contributiva con un empleo se configura como "una fórmula especial de protección a los parados de larga duración". Si se consigue el objetivo propuesto, y por tanto baja el paro, el gasto total en prestaciones de desempleo descenderá y si lo hace lo suficiente la compatibilidad con el empleo provocará un ahorro de dinero público, en el mejor de los casos.

¿Tendrá éxito la reforma?

¿Se conseguirá lo que promete el Ministerio? Lo que diferentes expertos trasladaron a este medio en diciembre, cuando la negociación alcanzó su punto álgido, era que había que aumentar la compatibilidad con el empleo -Trabajo en un primer lugar proponía que fuese solo durante 45 días-, y proponían llevarlo a alrededor de un año -ahora ha quedado en los seis meses-. Por otro lado, opinaban que aumentar la prestación equivalía a incentivar la permanencia en el desempleo, y ahora se ha incrementado la cuantía, pero al mismo tiempo cae a lo largo del periodo de percepción.

Varios estudios sostienen que a menor prestación, mayor probabilidad de encontrar un empleo, y que eso sobre todo ocurre cuando la economía crece -entre otros motivos, los salarios son mayores-. También apuntan a que cuando los beneficiarios están cerca de dejar de recibir la prestación es más habitual que encuentren un empleo. Pero lo que otros economistas lamentan es lo poco que se ha medido las consecuencias que bajar estas prestaciones tiene en las vidas de aquellos que no consiguen volver a emplearse, como por ejemplo en su salud mental.

¿Dónde está el punto de equilibrio? Algunos expertos insistían en que el debate no debería centrarse tanto en cómo modificar estos subsidios para fomentar el empleo de los parados de larga duración, sino en qué otras herramientas están fallando en este proceso, y animaban a no dar por perdida la batalla de las políticas activas de empleo. Pero si algo tienen claro los economistas y los sindicatos es que es clave analizar, con datos en la mano, si los beneficiarios del subsidio no buscan empleo, o si lo hacen, pero no lo consiguen. Y qué efectos tienen las medidas que se toman para evaluar cómo diseñar otras nuevas.