El Gobierno ha decidido acelerar la negociación de las diferentes mesas que tiene abiertas con los sindicatos y organizaciones de empresarios más representativas. Con la vista puesta en las elecciones europeas, que tendrán lugar el próximo 9 de junio, los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social están reactivando las reuniones periódicas y, sobre todo, los anuncios, comunicaciones y expectativas en torno a las mismas.

Después de cerrar la reforma laboral, la de las pensiones y la del sistema de cotización de los autónomos, los agentes sociales sociales bajaron el ritmo de negociación con el Gobierno, pero sobre todo se han relajado con el sinfín de convocatorias electorales de este ejercicio. Muchas de las mesas no han dejado de celebrar reuniones, porque tratan temas que tienen que cerrarse, pero apenas se contaba en qué situación estaba cada una de ellas, qué avances se estaban consiguiendo y cuánto quedaba para cerrarlas, lo que durante las últimas semanas se ha reactivado.

A continuación, un repaso a todas las negociaciones que hay abiertas y a los cambios legislativos que el Gobierno espera conseguir con cada una de ellas.

"Compra" de cotización para los exbecarios

Seguridad Social convocó en enero una mesa de negociación para cerrar los flecos que quedaban pendientes de la reforma de las pensiones. Y es esa mesa la que el lunes de la semana pasada cambió de rumbo, enfocándose ahora a discutir la posibilidad de que los exbecarios "compren" sus propias cotizaciones sociales por todos esos periodos en los que trabajaron pero no cotizaron, y por tanto no cuentan para su pensión.

El Ministerio ya aprobó el pasado 30 de abril una orden ministerial que permitirá recuperar la cotización de aquellos alumnos que en el pasado realizaron períodos de prácticas formativas, de prácticas académicas externas o la participación de graduados universitarios, a través de estudios oficiales de doctorado en programas de formación de naturaleza investigadora, tanto en España como en el extranjero. Según la memoria económica de la orden, dichos exbecarios deben pagar 250 euros por mes que quieran incluir a su historial de cotizaciones sociales. La ministra calificó la medida de "absolutamente excepcional" y "muy positiva" antes de que se produjera la debacle.

Pero la decisión no gustó nada ni a sindicatos y empresarios, con los que no se había discutido, ni a la comunidad científica. El profundo rechazo de estos colectivos ha obligado al Ministerio a prometer una rectificación que anunció este lunes, tras haber recibido las aportaciones de las asociaciones y los sindicatos, y que según aseguró el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, en la tarde de este lunes, incluirá una rebaja en el coste ofrecido por mes que se busque incluir en el historial de cotización hasta los 100 euros al mes de media, entre otras mejoras y ampliaciones de plazos.

Reforma de la jubilación parcial y activa

Antes de que estallase el terremoto por la compra de cotización, la misma mesa que ahora debate sobre la pensión de los exbecarios se dedicaba a la reforma de la jubilación parcial y activa, así como a negociar coeficientes reductores para que determinados profesionales puedan acceder a la jubilación antes de lo actualmente previsto. Se trata de una de las reformas más amplias que hay ahora mismo encima de las mesas, y por tanto los agentes sociales no esperan poder llegar a un acuerdo antes del verano.

La intención del Gobierno es conseguir que los trabajadores se jubilen algo más tarde, y para ello busca reformar la jubilación parcial de manera que estos puedan salir de forma progresiva del mercado de trabajo, en lugar de pasar de trabajar a diario a no hacerlo, como ahora es lo habitual. Por otro lado, la regulación está muy ligada a los contratos de relevo, regulación que también se busca modificar. Y aparte existe la jubilación activa, que permite a jubilados compatibilizar el cobro de su pensión con una actividad laboral, pero solo después de haber llegado a la edad legal, lo que no produce ahorro alguno en gasto en pensiones.

Prevenir la discriminación LGTB en las empresas

Una vez cerrada -con acuerdo solo con los sindicatos- la reforma del subsidio de desempleo, que previsiblemente se aprobará la próxima semana en el Consejo de Ministros, Trabajo está centrado en la mesa para erradicar la discriminación de las personas LGTBI en las empresas. A la vicepresidenta segunda y ministra del ramo, Yolanda Díaz, previsiblemente le habría gustado cerrar esta mesa antes del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, que se celebró a nivel internacional el viernes pasado, pero la negociación no terminó a tiempo.

Según la ley trans (4/2023) desde marzo de este año las empresas de más de 50 personas trabajadoras deben contar con medidas planificadas y recursos para lograr la igualdad real y efectiva de las personas trans y para garantizar los derechos de las personas LGTBI, pero el Ministerio no ha creado el reglamento específico para conseguirlo, pese a que lleva organizando reuniones para ello desde febrero. Las empresas estarán obligadas a contar con planes de igualdad LGTBI y protocolos de prevención de acoso y de actuación ante situaciones de violencia.

"Esperamos que en los próximos días tengamos un texto definitivo que pueda convertir en realidad el desarrollo de dichas medidas", aseguró la semana pasada la secretaria confederal de UGT, Patricia Ruiz. La intención es llegar a un acuerdo tripartito. Sin embargo, en Trabajo preocupa que la patronal esté más centrada en sus propios intereses políticos -lo que habría llevado a no firmar el acuerdo para la reforma del subsidio de desempleo, pese a haber incluido mejoras sustanciales- que en sumarse a pactos con el Gobierno.

Actualización de la ley de prevención de riesgos laborales

Trabajo también lleva desde febrero organizando mesas de diálogo social para actualizar la ley de prevención de riesgos laborales, algo a lo que se comprometió la ministra en la presentación de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027. El Ministerio entiende que la actual normativa requiere una adecuación a las nuevas formas de trabajo, con especial atención la prevención de nuevos riesgos asociados al uso de las TIC, los riesgos psicosociales o la exposición a determinadas sustancias químicas perjudiciales para la salud, así como dotar de perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales.

Es en esta mesa, que celebrará su próxima reunión este martes, en la que el Ministerio de Trabajo ha propuesto que sean los particulares quienes evalúen los riesgos laborales de las empleadas del hogar que trabajen en sus casas, según un borrador al que tuvo acceso El País. Los sindicatos argumentaron que debía contemplarse alguna vía para que la Inspección pueda acceder a los domicilios, puesto que la inviolabilidad del domicilio condena a las trabajadoras a situaciones precarias. Por otro lado, las partes están estudiando cómo conseguir que los empleadores aporten la formación necesaria en riesgos laborales, reconocimientos médicos y otros derechos de los trabajadores asalariados.

Prohibición del despido automático por discapacidad sobrevenida

Aunque no ha pasado por el diálogo social, la ministra de Trabajo llevará este martes al Consejo de Ministros la prohibición de despido automático ante la discapacidad sobrevenida. Díaz anunció hace unos meses, cuando se aprobó la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir la palabra disminuidos por personas con discapacidad, que reformaría el Estatuto de los Trabajadores para que se prioricen adaptaciones del puesto de trabajo cuando se produzca una situación de discapacidad sobrevenida.

Se trataba de una vieja demanda del Comité Español de Personas con Discapacidad (Cermi) y en marzo directamente Trabajo sometió la propuesta a un proceso de audiencia pública, sin llevarla al diálogo social. Actualmente, según el Estatuto, el contrato de trabajo se extingue por la incapacidad permanente total o absoluta del trabajador. Los detalles del nuevo texto se conocerán este martes y será entonces cuando se lleve a la mesa entre sindicatos y empresarios, que tendrán seis meses para modificar la norma actual en materia de incapacidad permanente.

Reducción de la jornada laboral

Por último, sindicatos, empresarios y Trabajo están negociando cómo aterrizar la reducción de la jornada laboral prometida por PSOE y Sumar en su acuerdo de coalición. La próxima reunión tendrá lugar el 31 de mayo y la intención de la vicepresidenta es cerrar un acuerdo antes del verano, lo que se antoja difícil a los agentes sociales. La promesa es muy sencilla -reducir la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales a finales de este año y a 35 horas a finales de 2025-, pero la manera de encauzarla no está tan clara.