Un total de 710.138 personas en España cobran una pensión de clases pasivas. Son 15.726 más que el año pasado, pese a que la intención del Gobierno es extinguir este régimen, a través del que cotizaban algunos funcionarios, militares y altos cargos del Estado. La razón que está detrás del aumento es la jubilación de la generación del baby boom, la más numerosa de la historia, que empezó a retirarse del mercado laboral hace unos años y ejercerá una importante presión en las cuentas públicas hasta el 2050.

En importe, el Estado gastó en abril 1.577,6 millones de euros en pensiones de clases pasivas, 108 millones más que hace un año (+7,4%). Quienes perciben estas prestaciones cobran de media 2.222 euros al mes, según cálculos de este medio basados en las cifras proporcionadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La inmensa mayoría son jubilados que fueron funcionarios civiles (62% del total), pero también perciben este tipo de prestaciones militares retirados, víctimas del terrorismo, afectados por el VIH y mutilados de guerra y familiares de los anteriores, entre otros.

"El régimen de Clases Pasivas del Estado es un sistema en extinción en el que no entran nuevos cotizantes desde 2011, lo que explica que estas pensiones pasen de representar el 1,4% del PIB en 2022 al 0,8% en 2050 y sólo un 0,4% del PIB en 2070. Los nuevos cotizantes de la Administración General del Estado, la Administración de Justicia y militares de carrera pasan a integrarse en el sistema de Seguridad Social a partir de 2011", explica Seguridad Social en su informe Proyecciones del gasto público en pensiones en España.

La paradoja ahora es que año a año los pensionistas de clases pasivas aumenten, y con ellos el gasto en estas prestaciones. Es algo que en principio el próximo año dejará de suceder, pese a que es probable que los nuevos jubilados del régimen tengan derecho a mejores pensiones porque cotizaron más que las generaciones anteriores. Con todo, las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) incluyen que el régimen de clases pasivas pasará de representar el 1,6% del PIB en 2026 al 1,2% en 2050 (cuatro décimas por encima de lo que espera el Gobierno) y un 0,3% del PIB en 2070 (una décima por debajo).

Como puede apreciarse en el gráfico, el gasto en pensiones del régimen de clases pasivas ha aumentado un 70% en los últimos diez años, de los 930 millones que costaron en abril de 2014 -los datos disponibles en el portal de Seguridad Social no van más allá- a los 1.578 millones de este pasado abril -datos más recientes-.

Un régimen en extinción

Desde el 1 de enero de 2011, los funcionarios públicos de nuevo ingreso están obligatoriamente incluidos y cotizan al Régimen General de la Seguridad Social, que es el régimen por el que generarán su derecho a la pensión de jubilación o retiro y a la de sus familiares. Hasta entonces, cotizaban al Régimen de Clases Pasivas del Estado, a través de las deducciones practicadas en la "Cuota de Derechos Pasivos", según explica Seguridad Social.

En ese grupo se encuadraban funcionarios de la Administración Civil del Estado (AGE), policías nacionales, militares de carrera permanentes y no permanentes, guardias civiles, Administración de Justicia, Cuerpos Docentes Universitarios, profesores de enseñanza primaria y Secundaria, Cortes Generales, de Órganos constitucionales o estatales y Registradores de la Propiedad anteriores a 2015. Además de a los militares de carrera, también incluye a los de las Escalas de complemento, de tropa y marinería profesional y los Caballeros Cadetes, Alumnos y Aspirantes de las Escuelas y Academias Militares, así como a expresidentes, vicepresidentes y ministros del Gobierno de la Nación y otros cargos.

La supresión del régimen, que pone fin a casi 200 años de historia, responde a un intento de unificar la legislación y pluralidad de regímenes de cotización. Tenía su razón de ser: servir de cobertura a aquellos empleados públicos con relación especial (no laboral) con la Administración. Los intentos de homogeneización han sido muchos desde que a mediados del siglo pasado se generalizasen los derechos de todos los trabajadores asalariados, pero no fue hasta 2011 cuando todos los funcionarios de nuevo ingreso quedaron encuadrados en el régimen general, medida con la que el Gobierno pretende aumentar los cotizantes a la Seguridad Social y extinguir este sistema.