El Estado no quiere quedarse con los brazos cruzados en Telefónica tras tener en su posesión el 10% de la operadora. Fuentes del sector de las telecomunicaciones y financieras indican a este periódico que “la operación se ejecutará en los próximos meses” y no se descarta “que se pueda efectuar antes de que acabe el verano”.

El Ministerio de Asuntos Económicos, al ser preguntado por este periódico sobre las posibilidades de aumentar la participación en el capital social de Telefónica, ha preferido declinar la contestación debido a que la compañía es una empresa cotizada en bolsa.

Fue el pasado 20 de mayo cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) firmó las últimas adquisiciones de acciones de Telefónica para escalar hasta el 10%. El brazo inversor compró un total de quinientos millones de acciones (567.016.155) a poco más de 4 euros (4,0295) por unidad, por lo que la operación ascendió a los casi 2.285 millones de euros (2.284.791.596 €).

El interés del Estado en la compañía dirigida por José María Álvarez-Pallete se produjo cuando STC, empresa saudí de telecomunicaciones, comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que pretendía llegar al 9,9%. El Ejecutivo, en unanimidad, cerró filas y consideró que debía acometer una inversión para salvaguardar los intereses de España puesto que veía al grupo árabe como un potencial accionista de riesgo.

La SEPI remarcó que las compras “se ha llevado a cabo minimizando el impacto en la cotización y cumpliendo con las comunicaciones de participaciones significativas establecidas en la normativa de los mercados donde opera”

“Telefónica es una de las principales compañías del país, líder en el sector de las telecomunicaciones y clave en otros ámbitos estratégicos. La empresa es determinante por sus capacidades industriales y áreas de conocimiento, ya que desarrolla actividades relevantes para la economía y el tejido productivo, incluyendo las relacionadas con la seguridad y la defensa", sostuvo la SEPI en el último hecho relevante en el que comunicó su última compra.

Las fuentes consultadas por este periódico arguyen que la nueva configuración del consejo de administración de Telefónica “es una de las razones de peso” por las que el Estado piensa en aumentar su posición en el accionariado de la compañía. Y es que Criteria Caixa, tal y como adelantó El Independiente, está diseñando una nueva estrategia compradora para comprar más títulos. El fondo de inversor español contempla una cartera del 10% en la operadora para controlar los movimientos tanto de STC como del propio Gobierno de Pedro Sánchez.

STC también está a la espera de recibir el beneplácito del propio Gobierno para escalar al 9,9%. Casi la mitad de ese porcentaje ya lo tiene en acciones mientras que el resto fue adquirido a través de instrumentos financieros, que podrán convertirse en títulos. Los movimientos del grupo saudí y de Criteria Caixa para garantizarse sus huecos en el consejo de administración de la operadora, si bien el brazo inversor de La Caixa ya ostenta un sillón, han provocado que el Estado abra la vía de aumentar sus inversiones dentro del Ejecutivo.

Solicitar otro sillón

Los planes del Gobierno dentro de Telefónica, por tanto, no han acabado. La SEPI ya acude al consejo de administración ya que solicitó la entrada de un consejero para representar sus intereses cuando llegó al 6,4%. Carlos Ocaña fue el elegido por parte del Gobierno y provocó la marcha de Carmen García de Andrés para que la empresa pública consiguiera sus deseos.

Carlos Cuerpo, ministro del Ministerio de Asuntos Económicos, dijo abiertamente que el Gobierno valora pedir un segundo consejero. “Lo veremos en su momento", dijo al ser cuestionado al respecto. No obstante, aspirar a tener un segundo sillón no parece fácil debido a la configuración del consejo de administración de Telefónica.

En la actualidad, el máximo órgano ejecutivo de la operadora consta de 15 consejeros y la SEPI, a pesar de tener interés en ocupar una nueva butaca, tiene complicado aumentar su poder. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recomienda que el número de consejeros dominicales e independientes ha de tener relación entre el porcentaje de capital representado en el consejo por los miembros dominicales y el resto de accionistas.

Es decir, que en caso de que la SEPI lograra con tan solo un 10% un segundo consejero, se superaría el porcentaje de consejeros de no independientes, algo que choca de lleno con los criterios impuestos por la CNMV. Este argumento también se conoce en Moncloa por lo que es otra de las razones de peso por las que se pretende aumentar el capital social en la operadora.