El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta el proyecto de ley que traspone la directiva europea que obliga a las empresas grandes a pagar un tipo mínimo del 15% en impuestos. La norma, sobre el papel, solo afectará a aquellas compañías cuya cifra de negocio supere los 750 millones de euros, pero en la práctica apenas tendrá efecto puesto que España ya cuenta con un tipo mínimo efectivo. Aun así, España debía trasponer la directiva, que además era un acuerdo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico​ (OCDE).

“Se trata de avanzar hacia un orden fiscal internacional más justo, a ser posible armonizado, basado en la idea de que quien más gana, más debe contribuir al conjunto de la sociedad”, ha afirmado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros. El proyecto de ley inicia así su trámite parlamentario, que busca “poner en valor la cooperación internacional contra la lucha contra la planificación fiscal agresiva que llevan a cabo grandes grupos internacionales”.

Para la ministra, la iniciativa refuerza la línea ideológica del Gobierno: "Recaudamos más por una parte y dejamos de recaudar por otro", ha apuntado, en referencia a las rebajas de impuestos que el Ejecutivo ha llevado a cabo durante los últimos meses. Por el momento, mantiene la rebaja del IVA de los alimentos hasta final de mes, además de la rebaja en los tramos más bajos del IRPF que se aprobó el año pasado.

Sobre el efecto que tendrá la nueva norma, la directiva prevé un impuesto complementario nacional para que el 15% sea el tipo mínimo efectivo, pero el hecho de que España ya cuente con un tipo mínimo efectivo coincidente con este hace más improbable que se aplique la directiva. "Solo se haría en el caso de que ese porcentaje del resultado contable ajustado supere o plantee una diferencia con el que plantea la legislación española", ha puntualizado Montero.