Nuevo capítulo en el proceso de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. Ahora también en tema judicial. La Fiscalía Anticorrupción ha decidido dejar al margen al presidente de la entidad, Carlos Torres, que fue a declarar a la Audiencia Nacional en octubre por el ‘caso Villarejo’. Sin embargo, en el escrito de Anticorrupción sí que pide mandar a juicio al banco y a una serie de dirigentes de segundo nivel. Pero la decisión de librar a Torres allana el camino a la fusión de BBVA con la entidad catalana. 

Fuentes financieras explican que si la Fiscalía hubiera propuesto mandar al banquillo al presidente del banco sí que se hubiera complicado el camino para la opa. Y es que BBVA necesita la autorización del Banco Central Europeo (BCE) y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este segundo organismo no tiene ninguna potestad para poder parar la operación por la imputación. Sin embargo, desde el BCE sí que podría haber puesto alguna objeción a la investigación de Carlos Torres, que fuentes financieras aseguran tendría que haber dimitido.

Sin embargo, la decisión de mandar al banquillo a BBVA y algunos dirigentes de segundo nivel no interfiere en nada al proceso, que comenzó el pasado 24 de mayo con el comunicado a la CNMV de la opa. “La Fiscalía tendría que acusar a alguien de algo concreto, pero eso no invalida las decisiones del consejo de administración. Son dos asuntos en paralelo”, asegura Carlos Balado, profesor de OBS Business School. 

Torres declaró como testigo en el marco del ‘caso Tándem’ el pasado mes de octubre. En sus declaraciones el presidente de BBVA se desligó por completo de la actuación del comisario José Manuel Villarejo. Según fuentes presentes en el interrogatorio, Torres explicó que no supo de la existencia del policía hasta junio o julio de 2018, a pesar de que ya había informaciones publicadas a partir de mayo sobre el banco. Pasó toda la responsabilidad de la investigación sobre la entidad financiera a los agentes externos y ha asegurado que haber dado orden de que se colabore con la Justicia.

Anticorrupción presentó el informe hace unos días ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia, Manuel García Castellón, y --como ha avanzado Bloomberg este fin de semana-- considera que el BBVA pudo formar parte de una organización criminal con participación del banco para espiar a adversarios empresariales. El magistrado debe ahora resolver sobre esta petición porque corresponde a él la decisión final de seguir dando pasos para definir quién se sienta en el banquillo de cara a juicio.

Fuentes solventes explican que la citación era un paso que estaba previsto y que se estaba esperando desde hacía un tiempo, ya que el proceso lleva ya mucho tiempo abierto. Pero estas fuentes consideran que esta decisión de la Fiscalía no debería afectar al proceso de la opa, que este lunes ha registrado otro paso. 

BBVA ya ha remitido la solicitud de autorización a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para lanzar la operación que ha planteado sobre Banco Sabadell. La entidad habría completado este paso el pasado viernes, una semana después de haber presentado la solicitud de autorización para realizar la opa ante la CNMV.

BBVA habría remitido un folleto distinto a cada supervisor, puesto que Competencia revisará el nivel de concentración bancaria que haya con la entidad resultante de la OPA y la fusión, mientras que la CNMV se encargará de revisar la información que BBVA ha proporcionado al mercado para realizar la OPA

Asimismo, la eficacia de la OPA estará sujeta a que acuda, al menos, el 50,01% de los accionistas de Sabadell, a la aprobación por parte de la junta de BBVA de la ampliación de capital para afrontar el canje de acciones -junta convocada ya para el 5 de julio-, a la autorización de la CNMC y de la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA, por sus siglas en inglés) de Reino Unido.

Tal y como se recoge en la Ley de Defensa de la Competencia, el análisis de control de concentraciones se compone de dos fases. En una primera fase, que dura "un máximo de un mes" --sin incluir posibles suspensiones para solicitar más información--, se analiza la operación y el consejo de la CNMC decide si la operación debe ser archivada, si es susceptible de ser autorizada (con o sin compromisos) o, si por el contrario, la concentración requiere ser analizada más detalladamente por los problemas de competencia que pueda generar.

Esto daría paso a la segunda fase del procedimiento, donde se contempla la participación de terceros interesados, y se puede extender un máximo de tres meses sin incluir posibles pausas. Tras el análisis en segunda fase, la CNMC puede resolver autorizar la operación, archivarla, autorizarla con compromisos, autorizarla con condiciones o prohibirla. En los tres últimos supuestos, Competencia debe trasladar su decisión al Ministerio de Economía, que puede elevarla, a su vez, por "razones de interés general", al Consejo de Ministros en un plazo de 15 días.

"El acuerdo final [del Consejo de Ministros], que podrá autorizar con o sin condiciones la concentración, deberá adoptarse en un plazo máximo de un mes y puede solicitar un informe", señala Competencia en su página web. Además, la Ley de Defensa de la Competencia indica que el acuerdo final debe estar "debidamente motivado".