La tasa de temporalidad española ha bajado tras la reforma laboral hasta alcanzar su mínimo histórico. Cuando el Instituto Nacional de Estadística pregunta a los trabajadores cuántos tienen un contrato temporal, estos suponen apenas el 12% del total. Considerando que en 2005 y 2006 los trabajadores temporales representaban el 35% del total de empleados españoles, y que desde entonces solo había conseguido bajar al 22% en 2013, es un logro importante.

El Gobierno ha conseguido aquí superarse en sus propias promesas, puesto que en el Programa de estabilidad que envió a Bruselas en abril del año pasado recogía que tardaría cuatro años en bajar el porcentaje de trabajadores temporales hasta el 14%. Es cierto que el problema estaba enquistado, ya que venía de lejos: desde mediados de los años 80 apenas había que justificar por qué se utilizaban contratos temporales. Fue entonces cuando las empresas empezaron a encontrar en ellos un buen modo de hacer frente a los malos momentos: su despido resultaba más barato. 

A partir de entonces la brecha con la Unión Europea fue enorme, con una temporalidad media comunitaria del 14%, y muy por debajo en países como Alemania, con un 12%, y en Bélgica, con un 9%. En Francia es del 16% y en Italia roza el 18%, por encima del 11% de Grecia. La reforma laboral ha prohibido los contratos temporales salvo que concurran dos motivos que las empresas deben especificar. El contrato de trabajo ordinario es el indefinido y solo pueden hacerse dos tipos de contratos temporales: uno formativo y uno estructural, por sustitución de otro trabajador o por circunstancias de la producción, es decir, solo por incrementos ocasionales imprevisibles de la producción u oscilaciones de la demanda.

Con todo, que la tasa de temporalidad haya caído con fuerza no implica que la mayoría de los contratos que se firmen todos los meses sean indefinidos. Según los datos que ha publicado este martes el Ministerio de Trabajo, es al revés. Este mayo se han firmado 1.339.653 contratos, un 5,1% menos que en el mismo mes de 2023 y un 7,8% menos que en abril, y un 43% de los mismos han sido indefinidos. Es decir, que la proporción de contratos temporales frente a los fijos fue del 57%.

La caída en la proporción en comparación con antes de la reforma laboral es flagrante: en 2021, cada mes los contratos temporales representaban el 90% de todos los firmados, por lo que las cifras actuales son de récord. Controlar la precariedad que provocan los trabajos de solo unos meses era crucial, pero ahora parece haber encontrado un suelo difícil de romper, puesto que cada mes siguen firmándose alrededor de 700.000 contratos temporales, lo que lleva a que las cifras de bajas cada viernes y cada último día del mes continúen siendo particularmente altas.

En el último día de este mes de mayo se despidió a 173.000 personas, según los mismos datos, cifras muy cercanas a las de antes de aprobar la reforma. La propia reforma laboral contemplaba sanciones para acabar con los contratos ultracortos, esto es, para las empresas que abusen de contratos temporales inferiores a 30 días. Seguridad Social siempre ha mantenido que no se puede valorar los efectos de una reforma en tan poco tiempo, que la tendencia estaba ahí y es difícil de revertir.

Temporalidad en lo público

Por otro lado, quienes más protestan por el aún acuciante exceso de temporalidad en su sector son los trabajadores públicos. "Desde CSIF exigimos al Gobierno negociar de inmediato la oferta de empleo público para este año, agilizar los procesos electivos y la concreción de medidas anunciadas por el ministro como la eliminación de la tasa de reposición (fundamental para acabar con la temporalidad en las administraciones)", ha expresado el sindicato en un comunicado enviado este martes.

Según datos del INE, la tasa de temporalidad en el sector público rozó el 30% a cierre de 2023, muy por encima de la del sector privado. La ley de estabilización del empleo, aprobada en 2021, pretende reducir al 8% la temporalidad en el sector público y conlleva un proceso que afectará a más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por personal temporal y que deben ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024.

De su lado, la patronal de empresarios CEOE ha celebrado que la temporalidad se mantenga "en niveles significativamente bajos, del 12,8%, con especial incidencia del descenso en las mujeres y claramente en los jóvenes". Sin embargo, hay que tener en cuenta que varios centros de estudios económicos ponen en cuarentena la tasa de temporalidad, puesto que entienden que ha caído en términos contractuales, pero no del todo reales. En ese sentido, Fedea ha advertido de que los fijos discontinuos están en una situación más precaria de lo que parece. Un estudio que ha elaborado recientemente concluye que a finales de 2022 había 518.000 trabajadores fijos discontinuos inactivos sin otro empleo, mientras que los activos ascendieron solo a 731.000.