Transportar una mercancía entre el puerto de Shanghái y el de Algeciras es más barato para la empresa si esta decide hacer una parada en el puerto de Nador, en Marruecos. El motivo son los derechos de emisión, el pago que tienen que hacer las navieras por las emisiones de dióxido de carbono durante el transporte de mercancías con salida o destino en un puerto de la Unión Europea. Estos pagos se efectúan teniendo en cuenta las toneladas emitidas, por lo que, si no se modifica el peso ni el barco, a más distancia recorrida, más coste.

Este sistema, Emissions Trading System (ETS) está provocando que grandes compañías estén haciendo escala en puertos fuera de la Unión Europea para ahorrar costes. Los más afectados están en el Mediterráneo, pero también pasa en las costas europeas del norte, que compiten ahora con las de Reino Unido o la de Noruega, según fuentes diplomáticas.

La normativa entró en vigor a principios de este año y no está prevista su revisión hasta 2026, pero entonces, España considera que ya será tarde, pues se habrán desarrollado centros logísticos en la costa de Marruecos, que competirán en infraestructura y en mano de obra, con los puertos españoles. Por ello, el Ministerio de Transportes va a liderar una petición a la Comisión Europea para tratar de acelerar esta revisión.

El ETS va a ser uno de los puntos de debate durante el consejo de Transportes que se celebra esta semana en Bruselas y al que acudirá el ministro español Óscar Puente. No será la primera vez que Puente haga hincapié en este asunto. En abril de este año ya advirtió a sus homólogos de que existían riesgos "de fuga de carbono, pérdida de competitividad portuaria y de control sobre la soberanía comercial de la UE, debido al desvío del tráfico marítimo a puertos vecinos no europeos para evitar los costes de los ETS".

Todavía no hay una propuesta clara sobre cómo revisar la normativa, apuntan fuentes conocedoras de las conversaciones, pero algunas voces en el sector señalan que es una situación que "preocupa" al Ministerio y que llevan meses monitorizándola. La intención del departamento que dirige Puente es la de solicitar a la Comisión que elabore un informe sobre las consecuencias que ya está teniendo esta normativa y que no espere a dentro de dos años.

Las mismas fuentes descartan que se haya calculado el impacto económico de estas desviaciones del tráfico que perjudican también a los ingresos de la Unión Europea por los derechos de emisiones. La crisis en el mar Rojo es un impedimento para conocer qué parte de la desviación se debe a la normativa y cuál a los ataques de los hutíes. Sin embargo, un informe de 2021, elaborado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras señalaba que alrededor del 60% de las operaciones del puerto podían tener como destino el puerto de Tánger-Med si no se regulaba el transbordo. Los daños económicos hubieran ascendido a los 300 millones de euros anuales, según el mismo documento.

No obstante, según publicó EuropaSur, durante la negociación se aceptó que dos puertos del norte de África se declarasen "puertos transparentes", lo que significa que las paradas en Tánger-Med y en Port Said West (Egipto) sí se tienen en cuenta para el pago de los derechos desde el origen real del transporte. Estos dos puertos han limitado las consecuencias para Algeciras, pero no son los únicos a los que se desvían las navieras. Otros puertos en el Líbano y en Turquía también están recibiendo a buques que antes llegaban directamente a puertos europeos. El listado de puertos transparentes también se revisará en dos años.

Además, según fuentes diplomáticas, algunas empresas trasladan su carga de Asia a Marruecos en grandes barcos que después descargan para repartir la mercancía en buques más pequeños. Al producirse este traslado de la carga, solo pagan derechos de emisión por el trayecto entre Tánger y Algeciras.

Pero a España no solo le preocupa el perjuicio económico que pueden sufrir los puertos nacionales y europeos, sino que con el desvío del transporte marítimo también se produce una "fuga de emisiones" que no se está contabilizando, por lo que se consigue el efecto contrario al deseado.

Inversiones para el sector

El ahorro en los derechos de emisión de las navieras acaba teniendo consecuencias para el sector. Un artículo publicado por la Asociación de Navieros Españoles (Anave) recoge que "la Comisión ha anunciado que destinará un mínimo de 20 millones de derechos de emisión (unos 1.700 millones de euros utilizando un precio de 84 euros por tonelada, media del año 2023) a convocatorias dedicadas para el sector del transporte marítimo". Es decir, que los ingresos acaban repercutiendo en oportunidades para el transporte marítimo.

"En todo caso, lo recaudado deberá destinarse a la descarbonización de los
sectores incluidos en el ETS sin establecer cuotas diferentes de la mencionada
en función de su aportación. En las convocatorias del Fondo de Innovación, ya
desde 2024, se incentivarán los proyectos para la descarbonización del transporte marítimo", añaden.