La Comisión Europea considera que es demasiado pronto para revisar la normativa sobre emisiones para el transporte marítimo, como reclama España junto a otros países. En el consejo de Transporte que se celebra este martes en Luxemburgo, la directora general de Transportes de la Comisión Europea, Magda Kopczynska, señaló que el reglamento solo lleva aplicándose "cinco meses", por lo que puede ser "pronto para llegar a conclusiones", según recoge EFE.

En esta reunión, España ha presentado una declaración, con el apoyo de otros países en la que advertía de las consecuencias que tiene el Emissions Trading System (ETS) para el transporte marítimo. Entre ellas, que algunos buques están haciendo descargas en terceros países para evitar pagar las tasas en puertos europeos. Esto perjudica a puertos del Mediterráneo, pero también a otros del norte del Viejo Continente, como el puerto de Amberes.

Con el apoyo de Italia, Grecia, Malta, Croacia, Chipre, Bulgaria, Portugal, Rumanía y, con más reservas, Países Bajos, España pide a la Comisión un control exhaustivo de la situación, presión para encontrar una solución global a través de la Organización Marítima Internacional (OMI) y una revisión urgente de la normativa comunitaria, gravando por ejemplo los contenedores en lugar de las embarcaciones.

Como publicó este periódico, la normativa entró en vigor a principios de este año y no está prevista su revisión hasta 2026, pero entonces, España considera que ya será tarde, pues se habrán desarrollado centros logísticos en la costa de Marruecos, que competirán en infraestructura y en mano de obra, con los puertos españoles.

Bruselas se ha comprometido a presentar un informe a finales de este año, en el que se podrán evaluar los primeros cambios en el transporte marítimo. Por el momento, ni el sector ni los países afectados han evaluado económicamente las consecuencias. La crisis en el mar Rojo es un impedimento para conocer qué parte de la desviación se debe a la normativa y cuál a los ataques de los hutíes.

Sin embargo, un informe de 2021, elaborado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras señalaba que alrededor del 60% de las operaciones del puerto podían tener como destino el puerto de Tánger-Med si no se regulaba el transbordo. Los daños económicos hubieran ascendido a los 300 millones de euros anuales, según el mismo documento.

según fuentes diplomáticas, algunas empresas trasladan su carga de Asia a Marruecos en grandes barcos que después descargan para repartir la mercancía en buques más pequeños. Al producirse este traslado de la carga, solo pagan derechos de emisión por el trayecto entre Tánger y Algeciras.

Pero a España no solo le preocupa el perjuicio económico que pueden sufrir los puertos nacionales y europeos, sino que con el desvío del transporte marítimo también se produce una "fuga de emisiones" que no se está contabilizando, por lo que se consigue el efecto contrario al deseado.