La reforma fiscal es una de las asignaturas pendientes de España, según la Comisión Europea. En su paquete de primavera, el ejecutivo comunitario le recuerda a nuestro país que para devolver las finanzas públicas a una senda sostenible -con un déficit inferior al 3% de forma estructural- una de las patas a tener en cuenta es la recaudación de impuestos. En concreto, Bruselas pone la lupa sobre los impuestos medioambientales, aquellos que buscan gravar a empresas o prácticas contaminantes.

La Comisión explica en su informe de recomendaciones a España que nuestro país “tiene margen” para aumentar los impuestos verdes bajo el principio de que “quien contamina, paga” y que, de hacerlo, los ingresos fiscales podrían aumentar en casi 7.000 millones de euros. Bruselas calcula que la media de la Unión Europea en la recaudación de estas tasas está en el 2% del producto interior bruto (PIB), con datos de 2022. En España, la cifra es más baja, del 1,5% del PIB. Si estos ingresos se acercasen a la media, las arcas públicas contarían con ese incremento de recursos.

“España todavía no ha implementado dos de los seis tipos principales de impuestos sobre la contaminación”, asegura el ejecutivo comunitario que nombra los impuestos sobre fertilizantes y pesticidas como opciones viables para subir la presión fiscal sobre las prácticas que perjudican al medio ambiente.

No obstante, esta no es la única receta fiscal que la Comisión tiene para España. También recuerda que la presión fiscal sigue estando por debajo de la media de la Unión Europea, en términos generales y señala que aunque ha incrementado en los últimos años, se ha debido al aumento de la tributación sobre las rentas del trabajo y del capital en un momento en el que el mercado laboral ha experimentado un crecimiento muy intenso después de la pandemia y donde también han aumentado las cuantías de las pensiones públicas, tras indexarlas al índice de precios al consumo (IPC).

En esta línea, Bruselas le vuelve a recordar al Gobierno que los impuestos sobre el consumo son más bajos que en otras economías vecinas y esto se explica por la aplicación de tipos reducidos, una práctica que se amplió para hacer frente a la inflación. Además de las reducciones de impuestos a productos energéticos, el Ejecutivo aprobó rebajas del impuesto sobre el valor añadido (IVA) para algunos alimentos básicos, que continúan en vigor.

Por estos motivos, la Comisión considera urgente que España acometa una reforma fiscal que no solo corrija estas diferencias con la Unión Europea, sino que también simplifique el sistema de impuestos. Cabe recordar que esta reforma está incluida en el Plan de Recuperación y es uno de los hitos que nuestro país deberá cumplir para recibir el quinto pago del Plan. Bruselas toma en consideración el informe que Hacienda encargó al comité de expertos, así como la tarea de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en la revisión de los beneficios fiscales que lastran los ingresos públicos. No obstante, considera que todavía son necesarias “más medidas para fortalecer la fiscalidad sobre las empresas, la riqueza y el medio ambiente”, además de “reducir los beneficios fiscales y modernizar el sistema fiscal”.

Estas medidas deberían incluirse en el plan fiscal a medio plazo que el Gobierno tiene que enviar a Bruselas en otoño. Este es un plan que debe explicar cuál va a ser la estrategia del Ejecutivo para los próximos cuatro o siete años para mantener el déficit público por debajo del 3% y “mejorar la calidad, la eficiencia y la equidad del gasto público”. España se ha comprometido a “revisar y simplificar el sistema fiscal para apoyar el crecimiento económico y el empleo, la cohesión y la transición verde”.

Plan de Recuperación y gestión del agua

Más allá del ámbito fiscal, la Comisión ha hecho dos recomendaciones más a España en su paquete de primavera. Por un lado, ha instado a “reforzar la capacidad administrativa” para gestionar los fondos europeos y acelerar las inversiones y las reformas y le ha recordado al Ejecutivo que el plazo para acometerlas es agosto de 2026. 

Además, la Comisión ha destacado que España es uno de los países que más está sufriendo la crisis climática y que las sequías y otros efectos del calentamiento global serán cada vez más habituales. Por ello, ha recomendado “mejorar la gestión del agua” para adaptarse a las consecuencias del cambio climático y mejorar “la coordinación en todos los niveles de gobierno y de la administración”. En su informe, Bruselas pide que se desarrollen soluciones para la gestión del agua en la agricultura, así como inversiones en infraestructuras para conseguir la eficiencia del uso del agua.