Ibercaja pagó 385,7 millones de euros en impuestos en 2023, lo que supone una cifra récord, y un 22,1% más que el año anterior. Si se tienen en cuenta otras partidas como el pago del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), el Fondo Único de Resolución (FUR), el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) o el gravamen extraordinario al sector bancario, con las que se eleva hasta los 450 millones.
Juan Linares, director de Asesoría Fiscal de Ibercaja, ha señalado que la entidad paga 114 millones de euros en impuestos que son específicos solo del sector bancario. En esta cifra se incluyen los casi 29 millones de euros que pagó en 2023 por el impuesto extraordinario a la banca. Un gravamen que Ibercaja lo tiene recurrido y que se prevé que se haga indefinido. No obstante, desde la entidad aragonesa no tienen ninguna novedad de cómo va a ser, pero sí que tienen calculado que este año tendrán que pagar 40 millones, porque han mejorado los ingresos de 2023.
Asimismo, han criticado que el sector ya tiene un impuesto de sociedades mayor al del resto, ya que el suyo es del 30% frente al 25% de otros sectores. Linares ha querido incidir en que ellos no se niegan a pagar este gravamen, si no que critican que está mal planteado hasta la fecha. "La carga impositiva ha sido mayor por el gravamen", ha apuntado. De hecho, la carga de Ibercaja es superior al 43% y el impuesto extraordinario supone un 11%.
"Si nosotros tuviéramos esos casi 30 millones de euros más podríamos destinarlos a otras cosas, es decir, se revertiría en la sociedad", ha asegurado Elena Vicente, jefa de Fiscalidad Corporativa de Ibercaja Banco. Además, ha explicado que es una desventaja competitiva para entidades como Ibercaja que compiten con las cajas rurales que no pagan ese impuesto y compiten en las zonas territoriales.
"Hay que tener en cuenta que el sector bancario es uno de los que más impacta con su contribución a las arcas públicas, importe que revierte en la economía y la sociedad", ha destacado Linares, durante la presentación del informe anual que elabora la entidad. El estudio engloba los tributos de todas las sociedades que integra el grupo y abarcan desde el impuesto de sociedades a los tributos locales como IBI o plusvalía municipal o la seguridad social de los trabajadores.
La suma de estas partidas unida al Impuesto sobre Depósitos de las Entidades de Crédito o el IVA soportado alcanzaron un total de 257 millones, el equivalente al 43,1% del beneficio consolidado antes de impuestos y un incremento del 32,6% en comparación con 2022. Los casi 128 millones restantes proceden de la recaudación derivada de la propia actividad con empleados, clientes y proveedores.
Linares ha explicado que la contribución tributaria total es mucho más amplía ya que "se basa en cuatro de los principios fundamentales de la estrategia fiscal del banco". En concreto, citan la contribución al sostenimiento de las cargas públicas, la colaboración con la administración, el compromiso con el cumplimiento de la legislación fiscal y de las obligaciones tributarias, así como la consecución del interés social.
En lo que respecta al reparto geográfico, el grueso de esos 385 millones (33,7%) los recibe la administración central. No obstante, atendiendo a las comunidades autónomas, Aragón es la región en la que mayor desembolso realiza, dado que alberga su sede social. Le sigue Comunidad de Madrid, una de las principales zonas de expansión consolidada para la entidad, Cataluña (5,7%), Comunidad Valenciana (4%), Castilla y León (3,5%), Extremadura (3,4%), Andalucía (3,2%), Castilla-La Mancha (2,7%) y La Rioja (2,3%).
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