Naturgy, a través de su distribuidora eléctrica UFD, aumentó en 2023 la cantidad de energía recuperada mediante la persecución de fraudes eléctricos en su red. Su objetivo es prevenir el riesgo que suponen las conexiones ilegales para la seguridad de las personas y reducir el coste asociado que soportan el resto de consumidores, que rondaría los 2.000 millones de euros anuales (unos 70 euros de media por cliente).
A través de un total de 44.000 actuaciones repartidas entre Galicia, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, UFD logró recuperar energía consumida de forma fraudulenta por un volumen de 152 GWh, lo equivalente al consumo de 47.000 hogares y un 44% más que en 2022. Madrid registró el mayor número de casos con un total de 6.450 expedientes, seguida de Galicia con 3.000, Castilla La-Mancha con 2.750 y Castilla y León con tan sólo 250.
Estas actuaciones permitieron a Naturgy interceptar y recuperar la electricidad consumida de forma fraudulenta por 168 dispositivos indoor. La gran mayoría de estos fraudes estaban vinculados con instalaciones irregulares (en su mayoría, plantaciones de marihuana) que consumían de forma ilegal una cantidad anual de 5 GWh, equivalente a la demanda energética de unas 1.600 viviendas.
La compañía se encuentra inmersa en un plan para detectar y desconectar conexiones fraudulentas y manipulaciones de contadores en todos los territorios en los que opera, a través de nuevos contadores inteligentes que agilizan la detección e intervención del fraude.
Un quebranto en la factura del consumidor
El fraude eléctrico no sólo puede provocar incendios u otro tipo de accidentes, también representa un quebranto económico para el sistema eléctrico, recayendo el coste de la energía defraudada en el conjunto de usuarios conectados legalmente a la red.
Mónica Puente, directora de UFD, explica que la distribuidora energética está comprometida con la detección y erradicación de estas prácticas que, "además de entrañar un grave riesgo para las personas que lo practican y de sus vecinos, debilitan la calidad del suministro eléctrico para todos los consumidores y acaban suponiendo un coste para el conjunto del sistema eléctrico".
El artículo 255 del Código Penal constituye como delito la manipulación irregular de las instalaciones eléctricas, y establece que las empresas distribuidoras tienen la función de detectar y poner en conocimiento las situaciones de fraude en la red y en los equipos de medida, pudiendo interrumpir el suministro al detectar situaciones anómalas.
UFD pone a disposición de los consumidores un canal de denuncia anónimo en su página web https://www.ufd.es/denuncia-de-irregularidades/ para recibir información ante cualquier sospecha de que se esté produciendo una conexión ilegal en la red eléctrica o una manipulación del contador.
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