El Gobierno limitará el uso de los alquileres de temporada. "Se trata de garantizar y proteger el alquiler temporal para lo que prevé; para unas causas temporales", ha dicho la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

En este sentido, ha revelado que "la temporalidad dependerá de la causa". Por ejemplo, "si es un curso escolar, serán 9 meses; si es festival cultural o un evento deportivo, será un mes o dos; si es una investigación puede ser un año o un año y tres meses", ha explicado.

El Gobierno desarrollará mediante un real decreto urgente el artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Rodríguez ha asegurado que "será necesario acreditar esa causalidad a la hora de formalizar el contrato" y que habrá que "documentarlo". "Al igual que para un contrato de alquiler ordinario se puede requerir la nómina o la historia laboral, la idea es que se requiera de esta causalidad para poder justificar que el contrato se debe al interés de la temporalidad y no está abusando de él", ha justificado.

Según Rodríguez, el uso de este tipo de modalidad de alquiler se ha disparado para burlar algunos de los puntos de la nueva ley de vivienda aprobada la pasada legislatura. "Este fenómeno está tensionando el mercado del alquiler residencial, al tiempo que esa tensión genera un incremento de precios. Del mismo modo que los alojamientos turísticos tensionan el alquiler residencial y contribuyen al incremento de precios", ha insistido.

Los contratos de temporada, según la ministra, también tendrán que registrarse en la plataforma que el Gobierno espera tener lista antes de 2025 para centralizar las distintas modalidades de alquiler a través de plataformas, entre ellos los de corta duración, turísticos, de habitaciones o flotantes.

Respecto a los pisos turísticos, la ministra también ha anunciado un cambio de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos tengan capacidad de vetarlos en sus comunidades. El Gobierno sigue así la doctrina del Tribunal Supremo que reconoce estos servicios como una actividad económica y que indicaba la necesidad de su autorización por parte de las comunidades de vecinos.

Los ministerios de Justicia y de Vivienda harán una nueva redacción de la Ley de Propiedad Horizontal que ajuste y clarifique los términos en que han de participar las juntas de vecinos "Se trata de empoderar a los vecinos, garantizar la convivencia y que sea determinante la opinión de los propietarios de las viviendas a la hora de aceptar o no la implantación de una actividad económica en sus fincas", ha explicado. Es decir, que podrán autorizarlos o vetarlos.

La intención del Ejecutivo es realizar un "ajuste quirúrgico" en la ley, por lo que el departamento que dirige Rodríguez iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios, los sectores afectados, plataformas en línea y agentes sociales.