La subasta del edificio del Ministerio de Hacienda en María de Molina 50 terminó el pasado mes de septiembre con la adjudicación del inmueble al Grupo Lar -a través de la sociedad Barnaby Investments- por 205 millones de euros. Desde entonces, se ha abierto una batalla legal que se dirime en la Audiencia Nacional tras la impugnación presentada por el segundo clasificado, la socimi Whiteni. Ahora, suma un nuevo capítulo con las alegaciones de uno de los licitadores (Rainforest), que se alinean con las presentadas por la Abogacía del Estado en representación del ministerio que dirige María Jesús Montero.

Tras dos intentos fallidos por colocar el codiciado activo inmobiliario situado en pleno barrio de Salamanca de Madrid, el Consejo de Ministros autorizó por tercera vez su venta por un precio de salida de 156 millones de euros; una rebaja del 20% respecto al primer intento. La oferta del grupo Lar mejoraba en un 30% el último importe fijado.

Pero el segundo clasificado en el concurso, la socimi Whiteni, acabó impugnando el proceso como ya había amenazado tras presentar alegaciones antes de que se produjese la adjudicación. A su entender, había defectos de forma en la oferta del grupo Lar porque contemplaba once pagos en lugar de diez, como entienden que exigían los pliegos del concurso.

Esto último también lo indicaba un correo electrónico enviado por la secretaria de la mesa de contratación al asesor de uno de los licitadores. Para Whiteni, ese correo desvelado en mayo por El Confidencial es clave en el entuerto legal en el que se encuentra el proceso. Verbalmente ya se había comunicado por esa misma persona que el número total de pagos no podía exceder de diez. 

La oferta de Lar -que acudía de la mano del gigante BlackRock- contemplaba un plan de pagos con un primer abono del 25% y otros diez pagos anuales durante diez años del 75% restante. A mayor fraccionamiento de los pagos, entiende Whiteni, mayor capacidad para ofrecer una cifra más alta para hacerse con el inmueble.

La Abogacía del Estado presentó el pasado 18 de junio sus alegaciones contra la demanda de la socimi recurrente, asesorada por el despacho Next Abogados. Según recogió Activos en junio, la Abogacía quitó hierro al correo antes citado alegando que es una comunicación enviada por alguien que "carece de competencias respecto de la interpretación y calificación de las ofertas".

Ahora, el único licitador junto a Lar que también planteó en su oferta un esquema con once pagos -Rainforest Capital Partners- se ha personado en la demanda y ha presentado su propio escrito de alegaciones. Según el texto al que ha tenido acceso El Independiente, los representantes legales de la firma la plataforma de gestión de activos Dunas Capital se alinean con las alegaciones planteadas por la defensa de Hacienda.

El escrito rechaza la interpretación que hace Whiteni del artículo 134 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. "Se realiza, pues, por la parte actora una equiparación entre años y pagos que, para esta parte, al igual que lo señalado por el Abogado del Estado, no se ajusta a Derecho", señala. A su entender, la norma "no fija un límite en el número de pagos o plazos sino en el número de años en que debe hacerse el pago total".

Para Rainforest, además, "los términos de la oferta son de una claridad meridiana al señalarse que el fraccionamiento se efectuará: 'durante el plazo de 10 años'". Esa expresión, añade el texto, "no deja lugar a dudas sobre la voluntad de Barnaby de someterse a los límites temporales previstos y fijados en los artículos 134 de la LPAP y artículo 99 del RGLAP".

La demanda de Whiteni pide al alto tribunal inadmitir la proposición económica de Lar y realizar la adjudicación a la segunda mejor propuesta, es decir, la que planteó por 197,5 millones de euros. Rainforest pide a la sala que "desestime íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto" por la socimi recurrente.

En 2019, Hacienda ya intentó colocar el inmueble situado en el complejo Eurocis por 196 millones, del que el Estado posee un 51% mientras el resto está en manos de particulares. Pero ante la falta de ofertantes, en 2020 decidió rebajar el precio de salida un 5%, hasta 185 millones de euros. No fue hasta el tercer intento cuando logró suscitar el interés de varios interesados en este espacio que albergó distintas dependencias de Hacienda.

También pujaron por el activo otras firmas como Kronos, a través de Nescaleo (176,4 millones); Conren Tramway (165,7 millones); y Tomaleta Servicios y Gestiones SL (180,2 millones). La batalla legal que dilata el procedimiento promete más episodios ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.