Un Expediente de Regulación de Empleo, es decir, un ERE, es un mecanismo legal al que recurren las empresas en momentos de crisis. Este procedimiento les permite tomar medidas que afectan directamente a sus empleados, como la suspensión temporal de contratos o la reducción de la jornada laboral. Cuando estas medidas son temporales y reversibles, se habla de un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo).

Causas para solicitar un ERE

Las empresas deben justificar la solicitud de un ERE alegando alguna de las causas estipuladas en el Estatuto de los Trabajadores. Estas causas se dividen en varias categorías:

  • Económicas: Incluyen pérdidas reales o previstas, o una disminución continua del nivel de ingresos durante tres trimestres consecutivos en comparación con el mismo período del año anterior.
  • Técnicas: Implican cambios significativos en los medios de producción, como la introducción de nuevas máquinas que reducen la necesidad de trabajadores.
  • Organizativas: Se refieren a transformaciones en los métodos de trabajo.
  • Productivas: Relacionadas con cambios en la demanda de los productos o servicios que ofrece la empresa.
  • Fuerza mayor: Incluyen eventos externos e inevitables, como desastres naturales o crisis sanitarias.

Exceptuando las causas de fuerza mayor, las demás se agrupan bajo el término ERE por causas ETOP (Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción).

Tipos de ERE existentes

Existen tres tipos principales de ERE, clasificados según su impacto en los empleados:

  • ERE de reducción de jornada: En este caso, los trabajadores ven reducida su jornada laboral durante un período determinado. No se suspende su contrato, pero sí se disminuye el número de horas semanales trabajadas. Los empleados reciben una prestación por desempleo proporcional a las horas no trabajadas, financiada por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).
  • ERE de suspensión de contrato: Aquí, los contratos se suspenden temporalmente. Los empleados dejan de trabajar por un tiempo, pero sin perder su empleo. Durante este período, reciben la prestación por desempleo del SEPE.
  • ERE de extinción: A diferencia del anterior, este tipo de ERE implica la terminación definitiva del contrato. Los empleados son despedidos, recibiendo la indemnización correspondiente y, si procede, la prestación por desempleo. Este tipo también se conoce como despido colectivo.

Cómo se tramita un ERE

La tramitación de un ERE está supervisada por la autoridad laboral, que asegura el cumplimiento de la normativa vigente. Este proceso incluye varias fases:

Fase de consultas: En esta etapa, la empresa y los representantes de los trabajadores negocian para minimizar el impacto del ERE y reducir el número de despidos. La duración de esta fase es de 15 días para empresas con menos de 50 empleados y 30 días para aquellas con más trabajadores. La autoridad laboral actúa como asistente y moderadora, requiriendo la entrega de una copia del documento que inicia la fase de consultas y una memoria explicativa de las causas del ERE.

Fase de autorización: Una vez concluidas las negociaciones, la autoridad laboral emite su veredicto. La empresa necesita esta autorización para proceder con el ERE, que dependerá del resultado de las consultas y de si se han cumplido todos los requisitos legales.

Fase de resolución: Si el ERE es aprobado, la empresa comunica la decisión a los trabajadores, quienes tienen la opción de impugnarla. Además, pueden surgir obligaciones adicionales para la empresa, tales como:

  • Mantener a empleados más vulnerables, como aquellos con cargas familiares importantes o alguna discapacidad.
  • Contribuir al Tesoro Público si el ERE afecta a más de 50 trabajadores.
  • Pagar cuotas adicionales a la Seguridad Social por empleados mayores de 55 años.
  • Ofrecer un plan de recolocación si el ERE afecta a más de 50 empleados.

Por tanto, el ERE es una herramienta crucial para las empresas en crisis, permitiéndoles ajustar su plantilla de manera temporal o permanente. Su correcta tramitación, bajo la supervisión de la autoridad laboral, busca equilibrar los intereses de la empresa y los derechos de los trabajadores, asegurando que se cumplan todas las normativas vigentes y que se minimicen los impactos negativos sobre el empleo.