El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha elevado el tono contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su intervención ante la asamblea anual de la organización empresarial. En plena disputa por la reducción de la jornada laboral que quieren sacar adelante Gobierno y sindicatos, el presidente de CEOE ha asegurado estar dispuesto a seguir sentándose a la mesa de negociación aunque no a aceptar ningún ultimátum.

La voluntad recogida en el acuerdo de Gobierno firmado en octubre entre PSOE y Sumar es pasar de las 40 horas semanales —la jornada que se fijó en 1983— a las 38,5 horas en 2024 y a las 37,5 horas en 2025. La medida afectaría a 12 millones de trabajadores. Pero las empresas no están por la labor de un cambio que, según ha expresado el presidente del patronal, "equivale a regalar casi por decreto 12 días de vacaciones pagadas por la empresa".

Garamendi ha reconocido, eso sí, que pese a la amenaza inicial del departamento de Díaz de llevar adelante el cambio con o sin consenso, "parece que estamos entrando de nuevo ahora en la negociación". Trabajo presentó este lunes en la mesa con sindicatos y patronales empresariales una nueva propuesta sobre la reducción de la jornada, que incluye algunas medidas de flexibilización en línea con las demandas de CEOE. Eso sí, ha afeado que "por cumplir pactos políticos", se gobierna "contra las empresas, contra el país y contra el interés de sus votantes". "Nos merecemos un respeto y no sabemos cuánto tiempo vamos a poder aguantar", ha añadido.

El cambio de postura del departamento de Díaz llega después de haber dado casi por descartado el acuerdo con la parte empresarial, ante la falta de propuestas por escrito en la mesa de negociación. Sin embargo, desde Moncloa y desde el ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo se sucedieron las presiones para que la modificación que no ven con buenos ojos los empresarios se haga con el consenso de los mismos, en aras de facilitar su posterior aprobación parlamentaria.

"Seguimos dispuestos a dialogar, pero no a decir siempre que sí", ha enfatizado Garamendi ante los representantes de los empresarios congregados en el auditorio de Mutua Madrileña. "Seguimos en contra de que se nos diga a las empresas y sindicatos cuál tiene que ser el resultado final de la negociación colectiva. Y seguimos dispuestos a sentarnos en todas las mesas del diálogo social, pero no a aceptar ultimátum", ha remarcado.

La nueva propuesta que será analizada ahora por patronal y sindicatos incluye una flexibilización de la distribución irregular de la jornada. Mientras se aplica la reducción de jornada durante 2025, las empresas podrán distribuir irregularmente su jornada como hasta ahora, pero con las horas previas a la reducción de jornada. Es decir, el 10% del que habla ahora la ley para la distribución irregular, quedaría referido a las horas previas a la entrada de la entrada en vigor de la norma. Algo que podrá beneficiar a algunos sectores como la agricultura o la hostelería para que puedan ajustar la jornada en los picos de trabajo del año.

En todo caso, Díaz ya avisó de que no aceptaría 'destopar' las horas extra. "Si la propuesta que hace el señor Garamendi en los medios de comunicación es que aceptan reducir 37 horas y media a cambio de ampliar las horas extraordinarias a 150 horas [desde las 80 al año actuales], ya les digo yo que eso es una jornada reducida fake. Y no va a ser", sentenció tras la última reunión del Consejo de Ministros.

"No estaremos en la política de amiguetes"

Una semana después, Garamendi ha remarcado que la confianza con Trabajo "se ha deteriorado" después "cambiar las reglas de juego en mitad del partido", en referencia a los cambios introducidos para la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales y provinciales sin pasar por el diálogo social.

También por las maniobras para intentar sumar a esa mesa del diálogo social a la organización Conpymes, una asociación que nació en 2021 amadrinada tanto por Díaz como por Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y que sí apoya la reducción de la jornada laboral. "Nosotros no tenemos que pedir un asiento en el diálogo social porque nosotros lo hemos construido junto a los sindicatos Comisiones Obreras y UGT", ha manifestado Garamendi.

En su nueva propuesta trasladada este lunes, Trabajo también planteó en su nuevo borrador un incremento de las multas para las empresas que incurran en prácticas relacionadas con el tiempo de trabajo que pueden provocar daños a la salud de los trabajadores. En concreto, plantea elevar la clasificación de infracciones para que pasen de graves a muy graves, elevando así las cuantías a las que se enfrentarían aquellas compañías que incumplan la normativa. Las más altas llegan hasta los 225.018 euros.