El Gobierno ha subido el techo de gasto un 3,2% hasta los 195.353 millones de euros. Una cifra que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explica que es “prudente”, pero “coherente” con la responsabilidad fiscal. Si se tienen en cuenta los fondos Next Generation, ese límite de gasto no financiero alcanzará los 199.171 millones de euros, una cifra bastante similar a la del año anterior. Y es aquí donde entraría el esfuerzo del Ejecutivo para ajustar su política fiscal. 

Montero señaló durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el “gran esfuerzo” del presupuesto es ser capaces de compensar la falta de fondos Next Generation los próximos años. En este punto es donde la ministra se encomienda al crecimiento del presupuestos nacional, a través de un mayor recaudación de los impuestos para ajustar su política fiscal en los próximos años. De hecho, el gasto no financiero del Estado crecerá a un ritmo inferior al de los ingresos públicos. Hacienda prevé que la recaudación tributaria crezca un 6,5% a lo largo del año 2025, el doble que el aumento del gasto.

En 2026, el dinero de los fondos europeos se habrá tenido que gastar, por lo que el movimiento tractor que espera el Gobierno en las inversiones impulsadas por los Next Generation ya no contribuirán a la mejora de economía. Por lo que si el Ejecutivo quiere que la economía española siga creciendo un 2% en 2026 y otro 2% en 2027 (según el nuevo cuadro macro que presentó este martes) debe recaudar más dinero para realizar esas inversiones que hagan que aumente la productividad.

Esta mayor recaudación de impuestos puede llegar porque los suban; porque haya más consumo o porque haya más gente trabajando. Y esto es en lo que confía el Gobierno, ya que apunta a que la tasa de paro va a seguir bajando en los próximos años. De hecho, uno de los objetivos de la legislatura es llegar al pleno empleo. Según las previsiones que maneja el Gobierno, esa tasa estaría cerca del pleno empleo en 2027, cuando se situaría en el 8,9%, se considera pleno empleo una tasa por debajo del 8%. Una tasa que, según ha explicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, solo ocurría en situaciones de crecimiento desequilibrado, “ y ahora lo vamos a ver con un crecimiento equilibrado. y somos capaces de mantener esa tasa”. 

Pero ¿por qué tienen que aumentar esos ingresos? Bruselas ha puesto en marcha unas nuevas reglas fiscales, que entrarán en vigor para el próximo año, que se centran en la evolución del gasto primario neto de medidas de impuestos, que hace que los gobiernos tengan que ser prudentes en su gasto. Por ello, si recaudan más, es decir, si ingresan más, podrán gastar lo mismo “manteniendo el estado de bienestar”, como dice Montero y así el déficit será menor.

El Ministerio de Hacienda ha rebajado el objetivo de déficit para este año al 2,5%, dos décimas menos que la senda actual, fijada por el programa de estabilidad de la primavera de 2023. De esta forma, las Administraciones Públicas tendrán que reducir en 5 décimas del PIB su déficit respecto del previsto para 2024

Las proyecciones del Gobierno para el déficit público de España convencieron a la Comisión Europea. En junio, el ejecutivo comunitario publicó su paquete de primavera, en el que se incluía un análisis de los países miembros de la Unión Europea que tuvieron un déficit público superior al 3% en 2023. España está en el informe, junto a otros 11 países, pero no se abrirá un procedimiento de déficit excesivo para corregirlo.

En ese mismo paquete, la Comisión Europea aseguraba que España tiene margen para aumentar los impuestos, es una afirmación de la Comisión Europea. En su paquete de primavera, el ejecutivo comunitario le recordaba a nuestro país que para devolver las finanzas públicas a una senda sostenible -con un déficit inferior al 3% de forma estructural- una de las patas a tener en cuenta es la recaudación de impuestos. En concreto, Bruselas pone la lupa sobre los impuestos medioambientales, aquellos que buscan gravar a empresas o prácticas contaminantes.

La Comisión explica en su informe de recomendaciones a España que nuestro país “tiene margen para aumentar los impuestos verdes bajo el principio de que “quien contamina, paga” y que, de hacerlo, los ingresos fiscales podrían aumentar en casi 7.000 millones de euros. Bruselas calcula que la media de la Unión Europea en la recaudación de estas tasas está en el 2% del producto interior bruto (PIB), con datos de 2022. En España, la cifra es más baja, del 1,5% del PIB. Si estos ingresos se acercasen a la media, las arcas públicas contarían con ese incremento de recursos.