"Esta es una medida racional que las empresas de este país pueden perfectamente asumir porque tienen los márgenes de beneficio, la competitividad y la productividad suficiente como para poder incorporar esta reducción de jornada; no veo que haya una dificultad económica". Eso aseguró este miércoles el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras concluir la última reunión con patronales y sindicatos de la mesa de diálogo social abierta para estudiar la rebaja de la jornada laboral desde las 40 horas actuales a las 38,5 en 2024 y a las 37,5, en 2025.

Apenas unas horas antes de ese encuentro, la patronal Anged -que agrupa a las grandes compañías de la distribución como El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Ikea o Leroy Merlin- emitía un comunicado en el que advertía de que si se aprueba la reducción de jornada sin tener en cuenta la vigencia del convenio colectivo del sector, supondrá un coste económico de 461 millones de euros para sus empresas asociadas.

Entre las reclamaciones que las empresas pretendían llevar a la reunión de este lunes, según publicó Colpisa, estaba la posibilidad de que recibieran bonificaciones para los nuevos contratos que tengan que realizar para cubrir las horas que se pierdan por la aplicación de la reducción de jornada.

Aunque Pérez Rey dijo que CEOE y Cepyme no citaron "expresamente" esta posibilidad durante el encuentro, sí cuestionó la pertinencia de aplicar bonificaciones para una medida como esta. "Es una cosa que siempre se puede valorar, pero creo que una reducción de jornada no necesariamente tiene que hacerse a través de las bonificaciones, que son instrumentos que persiguen otros objetivos más ligados a la política de empleo que a las condiciones de trabajo", zanjó.

Asimismo, sacó a relucir las cifras de un mercado de trabajo con 21,4 millones de afiliados, "más mujeres trabajando que nunca y la mayoría con contratos estables, indefinidos y de calidad gracias a la reforma laboral". "Tanto las perspectivas de futuro como la situación actual del mercado de trabajo dicen que hay los márgenes de productividad suficientes y necesarios para incorporar la reducción de jornada sin necesidad de compensación de carácter económico", insistió.

"Ninguna empresa va a perder dinero"

Además, sostuvo que "esta reducción no va a hacer a ninguna empresa perder dinero; al contrario, va a espolear la productividad y hacer de nuestro país un país mucho más dinámico".

Fuentes de la patronal que presidente Antonio Garamendi se limitan a decir que sus representantes en la mesa del diálogo social se negaron "absolutamente a la reducción legal de la jornada, porque es una cuestión que ya se trabaja en la negociación colectiva". Para intentar acercar posturas, Trabajo trasladó la posibilidad de incorporar paulatinamente la jornada laboral de 37,5 horas, dando plazos más flexibles a lo largo de 2025.  

Frente a la implementación de la reducción de la jornada por ley, desde la patronal Exceltur que agrupa a las grandes cadenas hoteleras españolas como Meliá, NH, Riu o Barceló y aerolíneas como Iberia, Binter o Air Nostrum, reclaman "canalizar el debate y el acuerdo sobre las condiciones laborales de los trabajadores turísticos al marco de la negociación colectiva de cada subsector". Eso, dicen, "ha demostrado su éxito como instrumento de concertación de las condiciones laborales en España, permitiendo la reducción efectiva de la jornada laboral.

Frente a las reticencias expresadas públicamente por Garamendi, la vicepresidenta Díaz ha mantenido en las últimas semanas diversos encuentros con los directivos de grandes compañías como Telefónica, Mapfre, Seat o el banco Santander para conocer cómo aplican sus reducciones de jornada. Y la intención es mantener esta ronda de contactos para atraer más apoyos del empresariado, por ejemplo, en el ámbito turístico.

Desde Exceltur hablan de un incremento medio del 4,9% de los costes laborales totales de las empresas turísticas y una reducción media del 8,1% de sus beneficios anuales. Especial impacto tendría, dice la patronal que preside Gabriel Escarrer, en los subsectores donde se da una mayor presencia de pymes, como la restauración (donde se reducirían un 19,1% los beneficios medios) y las empresas de transporte terrestre de pasajeros (donde la caída sería del 17,3%).

Por su parte, dentro de las empresas de la distribución comercial, fuentes al tanto de las conversaciones sitúan a la compañía de grandes almacenes que preside Marta Álvarez como una de las más reticentes a implantar la rebaja de jornada. Desde la compañía declinan hacer comentarios y se remiten a la posición trasladada por Anged.

"Nuestras empresas asociadas, que representan el 12,3% del empleo total del comercio, van a asumir el 16% del coste total de la reducción de la jornada, debido a que prácticamente toda su plantilla la conforman asalariados frente al conjunto del comercio, donde un 25% son autónomos y no se ven afectados por la medida", explicó Yolanda Fernández, economista jefe de la patronal.

Frente a lo señalado por Pérez Rey, desde la organización empresarial -que agrupa también a otras compañías como Tendam, Media Markt o Eroski- señalan que en términos de productividad, "son las pequeñas y medianas empresas las más perjudicadas".

Además, recuerdan que en el caso del convenio colectivo de grandes almacenes que se acordó en 2023 con el apoyo del 98% de las organizaciones sindicales (Fetico, Valorian, CCOO y UGT) la jornada laboral se mantiene en 1.770 horas/año a cambio de unos incrementos salariales muy importantes (17% en el periodo de vigencia) y medidas de conciliación.

Tras la reunión de este miércoles donde se incorporó al debate el derecho a la desconexión digital, Trabajo trasladará un nuevo documento a los agentes sociales para que sea objeto de discusión en la reunión convocada el próximo lunes 29 de julio. La próxima semana tanto Pérez Rey como la propia Yolanda Díaz acudirán a la celebración del G-20, por lo que no habrá encuentro con patronales y sindicatos.