La Comisión Europea apremia al Gobierno para que apruebe la ley sobre los grupos de interés que tiene en su contenido también los movimientos del sector público al sector privado de personalidades políticas, conocidos como puertas giratorias. Esta norma, comprometida en el Plan de Recuperación continúa sin completar su trámite legislativo y ahora Bruselas lo incluye como una de las recomendaciones para España en el informe sobre el estado de derecho.

Además de mencionar los avances en relación al CGPJ y de recordar el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía, la Comisión recomienda a España que "proceda a aprobar la ley sobre la actividad de los grupos de interés, que incluye el establecimiento de un registro público obligatorio de grupos de interés". Bruselas recuerda que esta ya era una tarea pendiente en el informe de 2023 y descarta que se hayan producido avances desde entonces. Se trata de una norma que se enmarca dentro de las actividades de lucha contra la corrupción y, por ello, la Comisión insta a avanzar en los trámites.

Este registro es importante porque fijaría los destinos profesionales a los que los políticos no podrían acceder después de abandonar un puesto público. No podrán trabajar para lobbies que formen parte del Registro de Grupos de Interés cuando finalicen su actividad pública", rezaba la referencia del Consejo de Ministros del 8 de diciembre de 2022. Además, apuntarse en el registro sería condición indispensable para celebrar reuniones con miembros de la Administración pública. Asimismo, sería una obligación de los altos cargos y trabajadores inmersos en la producción de leyes comprobar que aquellos con los que se reúnen forman parte de dicho registro.

Por otra parte, la ley prevé aumentar la “huella legislativa”, un informe que se incluirá en cualquier informe legislativo de evaluación de impacto, como ocurre actualmente con el impacto económico o de brecha de género, y que “incluirá la identidad de los empleados públicos que hayan estado en contacto con grupos de interés, las contribuciones o comentarios realizados, así como la fecha y la finalidad de los encuentros o comunicaciones”. Es decir, no solo debería crearse un listado de grupos de interés sino que cada una de las reuniones con los mismos se tendría que incluir en las memorias de impacto de todas las normas.

Como publicó este periódico, en caso de incumplimiento, se incorporaría un régimen sancionador para los lobbies que puede suponer la expulsión del registro de grupos de interés por un período de hasta tres años y, por tanto, se impediría la posibilidad de que concurran en la elaboración de normas o de poder influir en su desarrollo.

En definitiva se trata de dotar de más transparencia al proceso legislativo y de la influencia que los grupos de interés pueden ejercer en la elaboración de normas a través de reuniones. De la misma forma, se busca evitar que los altos cargos de la administración acaben trabajando para grupos de interés a su salida de sus responsabilidades públicas y tras haber legislado en favor de los mismos.

"La Ley subsana el vacío normativo existente en nuestro ordenamiento que ha sido puesto de relieve tanto por organismos internacionales como por la sociedad civil. De hecho, la regulación de esta materia ha sido objeto de una recomendación del Informe de Evaluación realizado con ocasión de la Quinta Ronda de Evaluación de GRECO [Grupo de Estados contra la Corrupción, dependiente del Consejo de Europa]", recoge el Componente 11 del Plan de Recuperación, el relativo a la Modernización de las Administraciones Públicas. 

En las respuestas del Ejecutivo a la Comisión, en relación al informe publicado este miércoles, el Gobierno se comprometía a retomar en el primer trimestre de 2024 el proceso para aprobar la norma, pero esta sigue varada en trámites.

Amnistía, CGPJ y ataques a los jueces

El informe sobre el estado de derecho no desvela la opinión del ejecutivo comunitario sobre la ley de amnistía. Pero sí insiste en que tras el acuerdo para renovar el CGPJ todavía hay trabajo por hacer. Entre las recomendaciones para España, la Comisión menciona la necesidad de "finalizar la renovación del Consejo e impulsar el proceso con vistas a adaptar el procedimiento de nombramiento de sus magistrados, teniendo en cuenta las normas europeas".

Los ataques a los jueces por parte de políticos también están presentes en el informe. "Ha habido declaraciones públicas de políticos, incluido el Gobierno, criticando al poder judicial", destaca el documento. Estos comentarios han provocado que el ámbito judicial haya "expresado su preocupación por el hecho de que estas declaraciones de los políticos socavan cada vez más la confianza de los ciudadanos en el poder judicial", subraya la Comisión Europea.