Nuevo choque a la vista: el Gobierno negociará con las CCAA baremos de alquiler asequible para las viviendas que promete Sánchez

El Gobierno negociará con las Comunidades Autónomas baremos para definir qué significa concretamente el concepto "asequible" para el alquiler de parte de la las 43.000 nuevas viviendas que el Ejecutivo prevé que construyan promotores públicos y privados gracias a los 6.000 millones de euros de financiación pública que el Ejecutivo a puesto a su disposición.

Las competencias en materia de vivienda están compartidas entre el Estado y los gobiernos regionales, como se encargó de recordar el propio Pedro Sánchez este lunes durante la presentación del convenio entre el ministerio de Vivienda y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que se encargará de gestionar los préstamos y avales para promotores públicos y privados.

Hasta ahora, el choque ha sido frontal en materia de vivienda. Los Ejecutivos gobernados por el PP han optado por no aplicar las herramientas que prevé la ley de Vivienda aprobada la pasada legislatura por el Gobierno central para limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas. Ahora, el Ejecutivo tendrá que sentarse a dialogar con esos Gobiernos para establecer baremos de precios a los que los promotores que levanten esas viviendas tendrán que ofertar sus alquileres si quieren acceder a las líneas la financiación pública.

Se trataría, en definitiva, de fijar umbrales de precios por debajo del precio de mercado. Y eso requiere una adaptación territorial. Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana razonan que lo que se pueden entender por 'asequible' en Extremadura puede no serlo en regiones como Madrid. Por eso, los precios de alquiler irán en función de la asequibilidad que establezcan los diferentes territorios.

"Los diferentes parámetros de asequibilidad se acuerdan con las Comunidades para saber qué se entiende exactamente por asequible en cada territorio", explican las fuentes del departamento que dirige Isabel Rodríguez. "Normalmente, se entiende por asequibilidad estar un 20-25% por debajo del precio del mercado", añaden. No concretan, eso sí, qué precios de referencia se tomarán para negociar los citados baremos.

En todo caso, remarcan que las solicitudes de los préstamos y avales podrán llegar tanto de entidades privadas como de entidades públicas. No en vano, las empresas públicas de vivienda tanto de ayuntamientos como de las propias Comunidades Autónomas podrán también acceder a las líneas del ICO. Este organismo público tiene en estudio cerca de 50 promociones que supondrían unas 16.500 viviendas y que podrían beneficiarse de las líneas aprobadas este lunes.

Pero desde el PP critican el anuncio realizado por el propio Sánchez en la sede del propio ministerio de Vivienda. "El alquiler asequible es el modelo del PP para fomentar la construcción de vivienda a precios de alquiler inferiores a los de mercado", dicen fuentes del partido que preside Alberto Núñez Feijóo. "Comunidades autónomas como Madrid, Andalucía o Valencia promueven desde hace años el alquiler asequible. Esta es política real y la de Sánchez es política ficción o copia de la del PP", prosiguen.

Afean también el momento elegido por Sánchez para anunciar una medida de la que se lleva hablando desde el año pasado. "Sánchez solía utilizar la vivienda como comodín electoral y ahora lo hace para tratar de tapar la imputación de su mujer", señalan desde Génova. El juez Juan Carlos Peinado se desplazará este martes al palacio de La Moncloa para tomar declaración a Sánchez en calidad de testigo dentro de la investigación judicial por presuntos delitos de corrupción que lleva a cabo sobre Begoña Gómez.

Además, los 'populares' critican que la política del líder socialista en materia de vivienda hasta ahora solo "ha conseguido estrangular el mercado del alquiler, con el precio más caro visto hasta ahora y entre 15.000 y 17.000 delitos y faltas al año relacionados con la ocupación ilegal". También recuerdan que el Gobierno tuvo que retirar in extremis en mayo la ley del suelo para evitar una derrota parlamentaria ante la previsible falta de apoyos para conseguir su aprobación en el Congreso.

"Seguridad jurídica"

Desde el sector de la construcción avisan de que más allá de las buenas condiciones a las que pueda ofrecerse la financiación pública que promete Sánchez a través del ICO, las empresas necesitan seguridad jurídica. Y para ello ven necesario retomar la negociación política para poder sacar adelante esa ley del Suelo que agilizaría los trámites para la promoción de vivienda.

Con las líneas de financiación anunciadas este lunes, el Gobierno busca incentivar la colaboración público-privada. De esta forma, dará impulso a un negocio en el que, por otro lado, las promotoras necesitan tener clara la rentabilidad de los proyectos denominados built to rent (construir para alquilar). "Si el precio del alquiler asequible que finalmente se fija es muy bajo, no tendrán incentivos para levantar los inmuebles", dicen las citadas fuentes del sector.

Los 6.000 millones que se movilizarán a través del ICO se dividen en dos líneas de inversiones. Por un lado, hay 4.000 millones en préstamos para promotores públicos y privados, que proceden de la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En segundo lugar, hay una línea dotada con 2.000 millones que avalará hasta el 50% de estos préstamos. Estos provendrán de los Presupuestos Generales del Estado.

Los fondos son para proyectos dirigidos a incrementar el parque de vivienda en alquiler social o precio asequible energéticamente eficiente vía obra nueva o rehabilitación, y que también incluye la financiación para la compra de suelo o del edificio.

Los plazos

Irán destinados a financiar operaciones desde el 1 de enero de 2022 que cumplan con las condiciones establecidas en el acceso al préstamo. Además, dichos préstamos se tendrán que solicitar antes del 1 de junio de 2026 y formalizar antes del 31 de agosto de 2026. Para acceder a la financiación, las empresas podrán acudir directamente al ICO o las entidades financieras adheridas a la línea de préstamos.

Según el Gobierno, aquellas viviendas construidas a través de estos préstamos deberán ser destinadas al alquiler social o asequible, o cedidas para dicho uso, durante período mínimo de 50 años. Además, hay plazos específicos para ejecutar las construcción de los activos inmobiliarios.

La construcción de edificios en suelo urbanizado deberá estar terminada antes de que transcurran 4 años desde la formalización del préstamo, con posibilidad de prorrogarlo 2 años más. En el caso de suelos no urbanizados el plazo será de 8 años, con posibilidad de solicitar una prórroga que alargue 4 años más dicho plazo. Y un plazo de 4 años, con posibilidad de solicitar una prórroga de 2 años más, en el caso de la rehabilitación.

Además, el Gobierno fija que los proyectos financiados con este dinero deberán cumplir con unos requisitos climáticos mediante los que los edificios construidos deben alcanzar un consumo de menos del 20% de energía primaria que el establecido para edificios de consumo de energía casi nulo según directrices las nacionales; y, los rehabilitados, deben reducir al menos un 30% de la energía primaria no renovable.