El acuerdo del diálogo social sobre pensiones de jubilación alcanzado la semana pasada también revisa el papel de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Según el texto del acuerdo entre Gobierno, patronales y sindicatos, los médicos de la sanidad pública podrán derivar a las mutuas casos de Incapacidad Temporal (IT) en enfermedades comunes de origen traumatológico en aquellos procesos que tengan una duración superior a lo recomendado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

El acuerdo se aplicará a aquellos procesos que afecten a trabajadores en situación de incapacidad temporal en los que la cobertura de la prestación económica corresponda a una Mutua colaboradora con la Seguridad Social. Eso sí, el paso a la mutua desde los servicios públicos de salud de las Comunidades Autónomas siempre estará sujeto a la voluntariedad y consentimiento de los pacientes. Y dicha autorización podrá ser revocada en cualquier momento.

Ademas, según la letra pequeña del acuerdo al que ha tenido acceso El Independiente, serán los médicos públicos los que retengan la capacidad de tramitar las altas. "Las bajas, confirmaciones de baja y altas médicas continuarán siendo emitidas por los facultativos de los servicios públicos de salud", recoge expresamente el texto. La pretensión de las mutuas era poder gestionarlas ellas mismas o al menos que tuvieran que ser escuchadas y tenidas en cuenta en un corto espacio de tiempo cuando lo propusieran.

Aunque inicialmente parecía que el acuerdo se ceñía a la realización de pruebas diagnósticas, el texto recoge también que las mutuas serán requeridas para "la
realización de las actuaciones sanitarias que estime necesarias el Servicio Público de Salud en los procesos de Incapacidad Temporal, para la realización en su caso de pruebas diagnósticas, tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, incluidas intervenciones quirúrgicas".

La negociación entre Seguridad Social y las mutuas lleva meses sobre la mesa. Redefinir su papel en este tipo de patologías era uno de los puntos pactados por la patronal y los sindicatos en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) mayo de 2023. "Estamos poniendo al servicio de los sistemas sanitarios autonómicos la capacidad excedentaria que tienen las mutuas para provocar la más rápida recuperación de los trabajadores", dicen fuentes del departamento que dirige la ministra Elma Saiz.

Lo que se persigue con el cambio es acelerar los diagnósticos y los tratamientos. Esto supone reducir el tiempo de espera de los pacientes ante unos servicios públicos saturados, especialmente en la especialidad de traumatología. La derivación a las mutuas redundaría en un beneficio para el paciente, para la empresa y para las arcas públicas.

"Es beneficioso y positivo no solo para las empresas sino también para el propio sistema. Va a permitir que el tiempo en el que se paga la prestación por incapacidad temporal sea el necesario y no excesivo, como está sucediendo", añaden las citadas fuentes.

Convenios con las Comunidades Autónomas

A partir de ahora, se establecerán convenios de colaboración a suscribir entre las consejerías de sanidad de las Comunidades, las Mutuas Colaboradoras, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, por los que las mutuas pondrán a disposición sus recursos humanos y materiales.

Las bajas laborales registran niveles crecientes en España. Cerca de un 2% de los trabajadores faltaron a su puesto por motivos de salud entre 2007 y 2012. Pero, en 2023, esa cifra alcanzaba el 4,1%. De esta forma, España es junto a Francia y Portugal, una de las primeras en el ranking de absentismo laboral por incapacidad temporal entre los países de la UE, donde la media es del 2,5%.

Precisamente, en el mes de septiembre se convocará una mesa específica del diálogo social sobre incapacidad temporal. Desde el departamento de Saiz señalan la "necesidad de hacer un seguimiento exhaustivo de lo que está sucediendo con la incapacidad temporal en todo el territorio y en todos los sectores". "En estos últimos años y, en especial desde la pandemia, estamos viendo cambios estructurales que exigen un buen conocimiento para hacer un buen diagnóstico y plantear las reformas que sean necesarias", concluyen.