El fondo internacional Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) defendió este jueves la legalidad de su macroproyecto eólico Clúster Maestrazgo en la provincia de Teruel de las duras críticas ambientales lanzadas por organizaciones ecologistas, al resaltar que cuenta con la declaración de impacto ambiental favorable del Ministerio para la Transición Ecológica y al ensalzar que cumple “los estándares medioambientales, sociales y técnicos más exigentes”.

El CIP difundió un comunicado con el propósito de salir al paso de las informaciones publicadas en las últimas semanas en los medios de comunicación a raíz de declaraciones de terceros y recalcó que “más de 50 ingenieros y titulados superiores especialistas en las diferentes disciplinas medioambientales han participado en el estudio de impacto medioambiental del Proyecto Teruel, Clúster Maestrazgo”. 

Indicó que “todo el diseño del proyecto gira en torno al principio de prevención marcado por las directivas europeas y cuenta con los más altos estándares de sostenibilidad, por encima de los habituales que exige la legislación aplicable”, con lo que trató de poner de manifiesto el “compromiso” de CIP con la responsabilidad medioambiental.

En este sentido, puntualizó que el proyecto ocupa una superficie de 140 hectáreas de coníferas y bosques caducifolios y el total de árboles que se verán afectados “ronda los 98.000” en vez de los 2 millones difundidos por terceros. No obstante, el plan de compensación para la reforestación de las áreas ocupadas obligará a plantar “la misma cifra de árboles retirados y de la misma especie”.

Además, ningún aerogenerador se ubicará sobre la Red Natura 2000 en Zonas de Especial Protección para la Avifauna (ZEPA), como tampoco lo hacen sus plataformas y líneas internas. Pero un tramo de la línea a través de la que se evacuará la energía generada sí afectará a un área ZEPA de Red Natura 2000, aunque será “en sustitución de la línea de transmisión ya existente propiedad de otra empresa tercera, la cual evacúa a través de esa línea la energía de varios sus parques eólicos en la subestación Morella”.

La empresa aclaró que el Proyecto no implica ningún incremento de líneas de transmisión en la ZEPA, sino el reemplazo de una línea existente por una nueva que contará con las más avanzadas medidas de protección para la avifauna, que disminuirá el riesgo de colisión y que incluirá, entre otros, la instalación de catadióptricos cada 5 metros a lo largo de toda la sección aérea, y el soterramiento de 950 metros. Además, la nueva línea tendrá capacidad adicional para la evacuación de energía de futuros proyectos, evitando así la construcción de más líneas de transmisión en la zona.

Protección de la avifauna

La protección de la avifauna ha sido una “pieza central” en el desarrollo del Proyecto y en este sentido las turbinas eólicas incorporan los sistemas de detección de aves más modernos basados en tecnologías de radar 3D, visión artificial de alta resolución e Inteligencia Artificial que permitirán la parada de las turbinas eólicas en caso de riesgo de colisión.

Los trabajos de campo para el seguimiento y protección de la fauna tendrán carácter anual durante los 5 primeros años de explotación y se prolongarán durante la vida útil del Proyecto Esto permitirá el seguimiento y protección de las poblaciones de la zona, con especial atención a las especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) y Catálogo Regional de Especies Amenazadas.

La evaluación del impacto del proyecto en los valores geológicos del entorno del Geoparque de El Maestrazgo concluyó que la afección final supondría “un 0,19% de la superficie total, por lo que no se producirá ninguna alteración significativa de la integridad de éste, ni sus componentes geomorfológicos, relieve, suelo, vegetación e hidrología superficial, y menos aún una vez se lleven a cabo las labores de restauración a las que el Proyecto está obligado bajo la DIA. 

CIP señaló que el Proyecto Teruel, Clúster Maestrazgo, de 763MW, producirá alrededor de 1.986 GWh de electricidad renovable al año, lo que permitirá abastecer un consumo de energía a equivalente a 570.000 hogares y compensará 320.000 toneladas de emisiones de CO2 anuales, contribuyendo así a los objetivos nacionales de generación de energía renovable fijados en el PNIEC-23 y a la aceleración de la transición energética y la descarbonización del sistema eléctrico nacional.

A su juicio, se trata de “una piedra angular importante de la industria eólica española”, ya que “una gran parte de los componentes y servicios para el despliegue de las turbinas eólicas serán suministrados por proveedores con fuerte presencia local, contribuyendo así a mantener 3,547 empleos directos e indirectos”. 

Finalmente, destacó que el proyecto cuenta el respaldo de todos los municipios afectados (Cañada de Benatanduz, Cantavieja, Fortanete, La Iglesuela del Cid, Mirambel, Mosqueruela, Puertomingalvo, Tronchón, Villarluengo, Valdelinares y Linares de Mora), pues llevaban años reclamando una iniciativa empresarial que “impulse el crecimiento económico de la región y el gradual declive poblacional que viene sufriendo”. De hecho, la estimación es que el clúster eólico inyectará recursos económicos vía impuestos y tasas municipales estimados en unos 400 millones de euros.