La auditoría del 'caso Koldo' revela el descontrol de Correos en el reparto de mascarillas

La auditoría interna encargada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la compra irregular de mascarillas durante la pandemia en el seno de su departamento siembra dudas sobre el encargo que recibió la sociedad estatal Correos y Telégrafos para repartir el material sanitario de protección entre los profesionales del transporte terrestre. La empresa pública estaba presidida entonces por Juan Manuel Serrano, el exjefe de gabinete y amigo personal de Pedro Sánchez al que Puente recolocó hace unos meses como director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt), la empresa pública encargada de gestionar las autopistas radiales quebradas.

La investigación hecha pública este viernes -y que ha saldado con dos ceses de altos cargos del Ministerio y Adif- pone al descubierto las irregularidades del proceso de contratación de emergencia por el que se realizaron compras millonarias de mascarillas a la empresa ahora investigada en el 'caso Koldo', Soluciones de Gestión. La firma se habría hecho con los contratos gracias a la intermediación del asesor personal del exministro José Luis Ábalos, Koldo García.

El informe elaborado ahora por los funcionarios de los servicios de inspección de Transportes refleja que las entregas de miles de mascarillas no tenían soporte documental alguno que permita garantizar que llegaron a sus destinatarios. Una parte de las mascarillas adquiridas por el Ministerio a la empresa investigada debían repartirse en el sector del transporte terrestre para proteger a sus profesionales y garantizar los servicios.

Tanto en la orden ministerial firmada por Ábalos como en la declaración de emergencia que realizó Puertos del Estado (la empresa pública encargada de la compra) para adjudicar el contrato de distribución, se preveía que el material sanitario se repartiría entre "las asociaciones representativas y entidades públicas con competencia en el ámbito del transporte terrestre de viajeros y de mercancías, para su posterior distribución a los trabajadores que prestan estos servicios".

Pese a ello, se acabó derivando a Correos la capacidad de distribuirlas a través de sus oficinas repartidas por todo el territorio nacional. La auditoría refleja que ese cambio de criterio pudo ser irregular. "En la práctica se hizo a través de Correos y no como indicaba la Orden, sin modificación de la norma por una ulterior Orden ministerial. (...) Se considera que, redactada una Orden ministerial, la modificación del sistema de reparto debería haberse establecido por norma posterior de igual rango", advierte el texto.

Al margen de eso, la auditoría pone de manifiesto la falta de control documental tanto de la recepción como de la entrega por parte de Correos de las mascarillas que le fueron asignadas para repartir entre los profesionales del transporte terrestre. La empresa pública -con un agujero financiero millonario- está presidida desde el pasado noviembre por Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes y 'número dos' de Ábalos durante la etapa investigada.

De él dependía precisamente la Dirección General de Transporte Terrestre del ministerio, que estimó una necesidad de mascarillas para distribuir a los transportistas de 2,87 millones de unidades. Según la auditoría, "no hay acta de recepción por parte de Correos de las mascarillas cuya distribución asume".

Tampoco consta, prosigue el texto, "documentación acreditativa de la retirada individual de mascarillas por parte de los transportistas en las Oficinas de Correos, tal y como exige la Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se dictan instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre".

Los funcionarios encargados de la investigación interna sí reconocen que entre la documentación analizada había información de Correos mediante la que "trasladaba a través de correo electrónico al Ministerio el número de mascarillas que se iban retirando por los transportistas a lo largo de las semanas".

A tenor de esa información, los funcionarios estiman que "Correos entregó a los transportistas 1.836.124 mascarillas, si bien no constan los recibos individuales, ni tampoco, como ya se ha indicado, la entrega de un numero inicial de mascarillas concreto a Correos", detalla el texto.

Mascarillas defectuosas

Las mascarillas de protección frente al coronavirus dieron más de un dolor de cabeza a su por aquel entonces presidente del operador postal. Por un lado, tuvo que retirar un lote de mascarillas defectuosas y los trabajadores de la entidad se levantaron en armas por la falta de elementos de protección.

Por otro lado, un informe del Tribunal de Cuentas refleja que Correos pagó uno de los precios medios más elevados entre las empresas públicas para comprar mascarillas. Llegó a pagar hasta 5 euros por unidad en dos expedientes adjudicados el 16 y 19 de marzo de 2020. El precio medio de compra de fue 3,66 euros, un 46% por encima de lo que pagaron en aquellas fechas otras empresas como Adif y Puertos del Estado, sobre las que versa la auditoría encargada por Puente.

El órgano de fiscalización subraya además varias irregularidades en los procesos de compra de material sanitario por parte de la sociedad postal. Entre otras cosas, le reprocha que pagase por adelantado sin tener justificación para ello; que tres de las empresas adjudicatarias no incluyesen en su objeto social el suministro de material sanitario; que priorizase a una empresa por tener un plazo más corto de entrega cuando recibió el material en el mismo plazo que prometía la empresa con mejor oferta económica; o que no diese cuenta de los contratos al Consejo de Ministros.

"La ministra de Hacienda ha dado el 'ok'"

La compañía pública está controlada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que depende del ministerio de Hacienda que dirige desde aquel entonces María Jesús Montero. Precisamente, la investigación interna abierta en transportes recoge el papel de la ahora vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE a la hora de autorizar los gastos para la compra de material sanitario.

El 20 de marzo de 2020, Ábalos ordenó la compra de 8 millones de mascarillas a través de la empresa pública Puertos del Estado. Según la auditoría, el entonces Director General de Ordenación e Inspección del Ministerio la oferta de Soluciones de Gestión al entonces Secretario General de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares.

En el texto le comunicaba que las entidades a las que iban a ir destinadas las mascarillas pagarían a Puertos la parte que les correspondiese. Y, aquellas mascarillas que no fuesen destinadas al grupo de empresas públicas de Transportes, a Correos y aquellas que sobrasen, las pagaría el ministerio de Ábalos "con un crédito ampliable que se aprobará lo antes posible". "A nuestro Ministro ya le ha dado el 'ok' la Ministra de Hacienda", dice a este respecto el alto cargo a su interlocutor de Puertos. Este último fue apartado de su puesto por Puente en marzo.

Fuentes del departamento de Montero consultadas por El Independiente recuerdan que el material sanitario se compró en aquella época con créditos ampliables "en un contexto de prórroga presupuestaria". Por aquel entonces seguían rigiendo las cuentas elaboradas en el año 2018 por el ministro del PP, Cristóbal Montoro, ante la falta de apoyos parlamentarios para sacar adelante unos nuevos Presupuestos.