El Gobierno ha decidido declarar como información clasificada el estudio que ha hecho para justificar su veto a la oferta pública de adquisición (OPA) planteada por el grupo húngaro Magyar Vagon sobre el total de las acciones del fabricante vasco de material ferroviario.

Moncloa, reticente desde el inicio a dejar que la empresa presidida por Carlos del Palacio cayera en manos húngaras, ha acabado dando carpetazo a la operación limitándose a señalar que autorizar el cambio de control "conllevaría riesgos para garantizar la seguridad nacional y el orden público".

Las reacciones entre los afectados no se hicieron esperar este martes tras conocerse la negativa del Ejecutivo a autorizar la compra por 619 millones de euros (a cinco euros por acción) que planteó hace meses el conglomerado empresarial Ganz-Mavag Europe participado por el fondo estatal Corvinus, bajo el control del gobierno del ultraderechista Viktor Orban.

Fuentes del grupo empresarial trasladan su intención de emprender "todas las acciones legales a su alcance, tanto en España como la Unión Europea, para defender la legitimidad de su oferta". "La oferta cumple con todos los requisitos legales vigentes", trasladan las citadas fuentes. La cabeza visible del grupo húngaro, el empresario András Tombor, ya anunció en rueda de prensa en julio que cabía la posibilidad de recurrir si el Ejecutivo no daba su brazo a torcer.

Por su parte, el otro frente judicial que se le abre al Gobierno de Pedro Sánchez parte de los accionistas minoritarios. La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) estaría analizando la posibilidad de recurrir la herramienta legal que ha usado el Gobierno para vetar la OPA húngara y que permite al Gobierno suspender inversiones extranjeras en España previo análisis por parte de la Junta de Inversiones Exteriores.

El denominado escudo antiopas se aprobó durante la pandemia para evitar operaciones a derribo por parte de firmas foráneas para tomar el control de empresas españolas. Al tratarse de una oferta que supera el 10% del capital y ser una empresa cotizada estratégica, el Ejecutivo tiene capacidad de vetarla. "Esta normativa -que tenía sentido en la época de la pandemia y que ha perdido su razón de ser- supone un grave perjuicio a los accionistas de sociedades cotizadas al ver limitada su posibilidad de acudir a una oferta pública para vender sus acciones", dicen desde Aemec.

Entienden que el real decreto que regula el escudo antiopas permite la
suspensión del régimen de liberalización "cuando las inversiones afecten a la salud, seguridad y orden público". Pero añaden que "el objeto social de Talgo nada tiene que ver con las anteriores materias por lo que el procedimiento de autorización iniciado por el gobierno no se ajusta a la Ley, pues no se dan los supuestos legalmente establecidos para la suspensión de la OPA".

En este sentido, la organización muestra su voluntad de defender los derechos de más de 8.000 accionistas del fabricante vasco de material ferroviario y está dispuesta a iniciar acciones tanto "en vía administrativa, contencioso-administrativa, civil y la penal, para resarcir los daños que se produzcan a los accionistas".

En el seno de la empresa, los accionistas mayoritarios veían con buenos ojos la compra por parte de los húngaros. El accionista mayoritario con un 40,03% es el fondo Trilantic, fundado por exdirectivos del negocio de banca comercial de Lehman Brothers y que busca desde hace tiempo salir de la compañía. Trilantic controla su participación a través de la sociedad Pegaso Transportation International, una sociedad domiciliada en Luxemburgo en la que también participan Torreal -el brazo inversor de Juan Abelló- y distintos miembros de la familia fundadora Oriol.

El Gobierno deslizó desde un primer momento sus reticencias y sacó a relucir posibles vínculos con el Gobierno ruso de Vladimir Putin, debido al papel del Gobierno de Orban en el accionariado del grupo empresarial. Además, también ha remarcado el hecho de que Talgo se distinga de otros fabricantes por su tecnología propia de rodadura desplazable, que permite a los trenes circular por anchos de vía diferentes.

Y eso tiene especial relevancia en países bálticos como como Letonia, Estonia y Lituania, a donde viajó hace unos meses el ministro Puente. "Me hablaron mucho de movilidad militar y, ojo, porque el contexto no es fácil y Talgo tiene un material muy sensible en una situación como esta", manifestó el titular de Transportes. "Es una tecnología crítica", subrayó.

"Para el Gobierno, Talgo es una empresa estratégica dentro de un sector clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial de España", se limitó a decir el Ejecutivo en un comunicado. En el mismo defiende que la decisión se ha tomado "con pleno respeto al Derecho comunitario y las competencias de la Unión Europea sobre inversiones extranjeras directas, protección del mercado interior y la libre circulación de capitales".

Caída del 9% en bolsa

El anuncio del veto a la OPA húngara llevó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a suspender temporalmente la cotización de la compañía hasta aclarar la situación. El regulador que preside que preside Rodrigo Buenaventura levantó la medida cautelar a las 14.45 horas de este martes y la compañía cerró la sesión con caídas cercanas al 9%. La empresa está en bolsa desde 2015.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (i), y el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban (d), en el patio del Congreso. Eduardo Parra / Europa Press

El plan industrial del consorcio húngaro buscaba ampliar la capacidad industrial de la compañía vasca y hacer que pudiese disparar su facturación por encima de los 1.000 millones de euros frente a los 400 millones de 2023. Eso sí, Magyar Vagon prometía mantener la 'españolidad' de la empresa, así como sus fábricas y empleados en España.

"Nuestra oferta tiene sentido para ambas partes, encaja muchísimo con Talgo y es la única oportunidad que tiene para dar un paso adelante y seguir avanzando", dijo Tombor en una rueda de prensa convocada en Madrid en la que denunció que no habían podido siquiera sentarse con el ministro de Transportes para explicarle sus planes.

El Ejecutivo llevaba tiempo tratando de armar una posible contraoferta con el apoyo de CriteriaCaixa. Pero el brazo inversor de La Caixa imponía que detrás hubiese un socio industrial para acudir a una eventual compra de Talgo. Descartados otros fabricantes como Alstom, Stadler o el también vasco CAF, lo único concreto que ha habido hasta el momento es una propuesta del grupo checo Skoda Transportation para fusionar su negocio con el de Talgo.

Aunque el pasado 30 de julio, el Consejo de Administración de Talgo cerraba la puerta a la propuesta del grupo checo. La propuesta llegó sin oferta económica y se limitaba a señalar la intención de impulsar una "combinación de negocios y de integración industrial" con Talgo y facturar en conjunto cerca de 2.000 millones de euros y tener una cartera de pedidos superior a los 7.500 millones.

Frente millonario con Renfe

Talgo acumula una cartera de pedidos superior a los 4.000 millones de euros y con sus actuales instalaciones industriales cada vez le resulta más difícil cumplir las entregas del material. Sin ir más lejos, tiene abierto un frente millonario con Renfe por los retrasos en la entrega de los trenes de la serie 106, que además acumulan reiteradas averías desde su entrada en servicio en mayo. Un material de alta velocidad clave para la compañía pública en pleno auge de la demanda y con varios competidores ya en las vías.

De momento, el fabricante vasco logró 346 millones de euros en ingresos durante el primer semestre, un 20% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Además, se anotó un beneficio neto de 14,58 millones de euros, el doble (107,9 %) que en el mismo periodo de 2023.