La auditoría interna encargada por Óscar Puente sobre las compras de mascarillas en el ministerio de Transportes bajo el mandato de José Luis Ábalos ha puesto de manifiesto varias irregularidades. Una es la elección de la empresa vinculada con la presunta trama de comisiones en la que participó el asesor personal del ministro, Koldo García. Pero a lo largo de las 89 páginas de informe también se pone el foco sobre la elección de la empresa encargada de distribuir esos pedidos millonarios que realizaron Puertos del Estado y Adif.

La auditoría recoge que Puertos -a quien una orden ministerial firmada por Ábalos encargó comprar 8 millones de mascarillas el 20 de marzo de 2020- realizó una adjudicación directa a la empresa logística valenciana Raminatrans, S.L. para repartir el material adquirido entre los destinatarios indicados por el Ministerio. La empresa pública aceptó la oferta presentada por dicha compañía el 25 de marzo de 2020, por importe de 300.000 euros sin IVA.

El estudio interno remarca que "no se motiva la elección del adjudicatario" y dice que se "hubiera considerado deseable una motivación de la elección" hecha por Puertos para el contrato de reparto del material. Los funcionarios a los que Puente encomendó la investigación interna rechazan en su escrito que en aquel momento hubiese una la falta de opciones disponibles en el mercado para encontrar un proveedor logístico que pudiese ocuparse del reparto del material adquirido.

La auditoría remarca el hecho de que la Orden ministerial de Ábalos "no designaba de manera expresa a Puertos del Estado como responsable de la
distribución". A pesar de ello, resalta que "Puertos asumió su ejecución" sin "realizar una motivación de la elección del adjudicatario". "Si bien en aquel momento encontrar empresas suministradoras de mascarillas podía ser complicado, se considera que la oferta de empresas de logística probablemente no era tan limitada", subraya el informe del que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha pedido copia certificada a Transportes.

El presidente de Puertos del Estado en aquella época, Francisco Toledo, justificó ante una comisión de investigación del Senado que él proporcionó el contacto de la empresa valenciana "porque nos dimos cuenta de que había que buscar a alguien que pudiera almacenar 8 millones de mascarillas aquí, en Madrid, cuando se recepcionaran; que tuviera experiencia en la gestión aduanera que comportaba y que pudiera distribuirlas por toda España".

Según el testimonio en sede parlamentaria, había "pocos" proveedores que pudiesen hacerlo "con rapidez" por todo el territorio nacional, incluyendo los dos archipiélagos y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. "Entonces yo hablé con el dueño de Raminatrans [Rafael Milla Navarro] y textualmente me dijo: Esto no lo haríamos si no fuera porque nos lo pide Puertos del Estado", reveló Toledo. Aunque no está investigado, sí declaró como testigo ante la Guardia Civil por el 'caso Koldo'.

Una vez cerrado el acuerdo con la compañía valenciana, el expresidente de Puertos dispuso las cosas para que se procediese a la elaboración del contrato sin buscar más posibles candidatos; algo que suele hacerse en un proceso de estas características por parte de una empresa pública. "Si hubiera habido más, perfecto, a mí me da igual quien lo haga, pero que lo haga y que lo haga con las condiciones. Y Raminatrans hizo un trabajo excelente, merece felicitaciones por lo que hicieron. Lo merece de verdad y creo que, si miramos el resultado, fue óptimo", remarcó el también expresidente del puerto de Castellón.

El expresidente del Ente Público Puertos del Estado, Francisco Toledo en el Senado. Fernando Sánchez / Europa Press

Sin embargo, la auditoría pone en cuestión la efectividad del reparto. El informe sostiene que "no hay constancia documental de la entrega de mascarillas por parte de la empresa Raminatrans al Ministerio en su sede de Madrid". "Tampoco hay constancia documental de entrega de mascarillas a las asociaciones representativas y entidades públicas con competencia en el ámbito del transporte terrestre de viajeros y de mercancías, para su posterior distribución a los trabajadores que prestan estos servicios", añade.

Dos contratos más con Adif

Los instructores de la investigación interna abierta en Transportes cargan las tintas también contra una segunda adjudicación con la que logró hacerse la misma empresa valenciana para repartir los otros 5 millones de mascarillas que Ábalos encargó comprar a Adif unos días después del primer encargo a Puertos.

La empresa pública presidida entonces por Isabel Pardo de Vera decidió seguir los pasos de Puertos. Por un lado, adjudicó íntegramente el pedido de 5 millones de mascarillas a Soluciones de Gestión. Y, por otro, también optó por encargar a Raminatrans su posterior distribución mediante un contrato negociado sin publicidad por un importe de 218.000 euros.

"En cuanto a la motivación de la elección del adjudicatario del contrato de suministro, en la declaración de emergencia de Adif consta que se adjudicó a la empresa Raminatrans por ser el proveedor de Puertos del Estado. Se reiteran las consideraciones ya realizadas sobre que resulta absolutamente aconsejable que el órgano de contratación motive la elección de adjudicatario", reprocha la investigación interna de Transportes.

El Director General de Gestión de Personas Michaux Miranda -cesado de su puesto la semana pasada por Puente- aseguró en su entrevista con los autores de la auditoría que la empresa pública cerró el contrato con la empresa valenciana "por una cuestión de eficacia". "Tenía sentido contratar con ella porque Puertos del Estado ya lo había hecho", declaró.

En la nota de alegaciones aportada por Adif en el marco de la auditoría, la empresa pública que ahora preside Ángel Contreras explica que para "simplificar la tramitación y ser más eficientes y ágiles en la operativa, se decidió utilizar el mismo despachante y transitarios para una misma operación de transporte".

Además, admite que también contrató a Raminatrans la logística del contrato suscrito con Injoo Technology por un millón de mascarillas. Como contó este jueves El Independiente, Adif realizó una compra paralela a la única empresa que había presentado una oferta alternativa a la de Soluciones de Gestión, con un precio más bajo por unidad.

Los autores de la auditoría discrepan de las explicaciones de Adif sobre la elección de Raminatrans. "No parece justificarse la emergencia en el caso del contrato de distribución, la cual se realizó entre los últimos días del mes de abril y a lo largo del mes de mayo de 2020, sin aparente urgencia en su reparto dado que comenzó a ejecutarse cuando el suministro [de las mascarillas] ya estaba prácticamente finalizando", sentencia el informe.

Además, pone de manifiesto que hay correos electrónicos de la empresa de logística informando a Puertos del Estado de que el entonces asesor del Ministro, Koldo García, "les daba instrucciones directas desde el aeropuerto de Barajas del destino de las mascarillas cuando aterrizó el primer avión, como si fuera el órgano de contratación".

A pesar de esta falta de control documental sobre las entregas, la auditoría dice que "consta que Puertos del Estado procedió al pago de todas las facturas de Raminatrans". Eso sí, "en la documentación analizada no consta un acto formal de conformidad y liquidación final", remata la investigación.