El grupo húngaro Ganz-Mavag ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su decisión de retirar la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Talgo. Lo hace después del veto del Gobierno a una compra que pretendía hacerse con el fabricante vasco de trenes por casi 620 millones de euros.
De momento, el conglomerado húngaro llevará ante el Tribunal Supremo la decisión que el Ejecutivo ha tomado alegando razones de "seguridad nacional". Interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Consejo de Ministros, instando su nulidad y la indemnización de todos los daños y perjuicios causados. No descarta tampoco pedir medidas cautelares y se reserva la posibilidad de volver a presentar una opa "en función de la evolución de las circunstancias".
Aunque no se quedará en el ámbito de la justicia nacional, sino que el grupo expresa su intención de iniciar acciones legales ante las correspondientes autoridades de la Unión Europea". Según dice en un comunicado enviado al regulador al que ha tenido acceso El Independiente, la decisión del Consejo de Ministros "carece de la más mínima motivación" y asegura que le produce "la más absoluta indefensión".
Asimismo, defiende que su oferta por el 100% del capital social de Talgo "cumple con todos los requisitos legales vigentes" y sostiene que "no existen razones fundadas para la oposición del Gobierno de España", que considera "no ajustada a Derecho".
Moncloa ha declarado el expediente como información clasificada, así que los motivos del veto no son públicos. Eso sí, un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) recomendó no autorizar la operación.
El grupo húngaro añade que su OPA era "atractiva para los accionistas de Talgo (a los que se está privando ilegítimamente de dicha posibilidad) y en el mejor interés de la compañía y todos sus grupos de interés, tal y como confirmó expresamente el Consejo de Administración de Talgo".
El fondo Trilantic, con un 40% de la compañía e intenciones de salir de la misma desde hace tiempo, parecía ver con buenos ojos la operación que también supondría un refuerzo a la capacidad industrial de un fabricante con una cartera de pedidos de 4.000 millones de euros.
Desde el primer momento, el Gobierno español su temor de la conexión entre el primer ministro húngaro Viktor Orban y el presidente ruso, Vladimir Putin. Durante los últimos meses, Moncloa ha intentado armar una contraoferta de la mano de CriteriaCaixa, el brazo inversor de La Caixa.
La condición de la entidad financiera era ir de la mano de un socio industrial para sumarse al proyecto. Otros grandes fabricantes como el francés Alstom, el suizo Stadler o el vasco CAF no parecen estar por la labor y solo se ha concretado la opción de una alianza industrial con el grupo checo Skoda Transportation. Un extremo que el consejo de administración de Talgo rechazó.
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