El Gobierno mantiene su posición de preservar la seguridad de las compañías estratégicas. El nuevo curso político y económico que se inicia esta semana sigue manteniendo importantes interrogantes en el mundo empresarial. Si bien el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha tenido que remangarse la camisa con la oposición a la OPA de los húngaros con Talgo.
Además de Talgo, el Gobierno no pierde en el horizonte la profunda reestructuración que se inició hace ya casi un año en Telefónica. STC, empresa de telecomunicaciones saudí, adquirió una participación directa de casi el 5% y unos derivados que deberían ser aprobados por Moncloa, que le harían escalar hasta el 9,9%. El Ejecutivo, desde el primer momento, ya aseguró que defendería los intereses del Estado y de las empresas estratégicas hasta el último fin.
La entrada de STC en el accionariado de Telefónica ha provocado diversos cambios en la estructura de propiedad de la compañía en los últimos meses. Como respuesta, el Estado español adquirió un 10% de la empresa a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), mientras que CriteriaCaixa aumentó su participación al 9,9%, con planes de incrementarla al 10,1%.
Tal y como explicaron fuentes cercanas de la compañía saudí a este periódico, la operadora se dio un año para aumentar su participación hasta el 9,9% anteriormente citado. Con los planes de STC, por tanto, la operación debería demorarse hasta el primer trimestre de 2025. No obstante, el inversor espera que durante el mes de septiembre pueda tener el permiso del Ministerio de Defensa.
Cabe recordar que, como adelantó este periódico, la ministra Margarita Robles era partidaria por vetar la entrada de STC en Telefónica, pero varios de los ministros económicos intentaron convencerla para que no entorpeciera las relaciones económicas con un país tan importante como es Arabia Saudí.
Abiertos a la inversión con condiciones
Con el calendario en tiempos, el ministro de Industria, Jordi Hereu, valoró la situación de STC en Telefónica. "Nosotros estamos, como siempre decimos, abiertos a la inversión, y a la vez esto es compatible con la defensa del interés estratégico de los sectores económicos", aseguró.
El titular de la cartera también aseguró que esta decisión se enmarca dentro de "una doctrina europea en la que tienen que preservar también la autonomía estratégica". "Por tanto, en esto vamos a seguir trabajando", concluyó.
Fuentes del Gobierno insisten a este periódico que, a pesar de las opiniones que puedan tener los diferentes ministros será el Ministerio de Defensa quien sea el último supervisor de dejar llegar al 9,9% del accionariado de Telefónica. La empresa saudí, tal y como explican fuentes cercanas a este periódico, “confía” en que todo llegue a buen puerto y que pueda comprar el paquete restante.
STC remitió a inicios de verano toda la documentación necesaria para que el Gobierno examine su incursión en el capital social de la operadora española. Las mismas fuentes consultadas indican que “hasta la fecha” todo va sobre lo previsto y el Ministerio de Defensa no ha requerido más información.
Fuentes del sector de las telecomunicaciones remarcan a este periódico que todo hace indicar que el Ministerio de Defensa acabe por aprobar la culminación de la compra de STC del porcentaje del accionariado de Telefónica, si bien no descartan una serie de condiciones como la del compromiso por apostar por las inversiones o la restricción a información sensible en materia de contratación pública en Defensa.
Cambios en el consejo
El hipotético ascenso accionarial de STC volvería a poner patas arriba la configuración del consejo de administración puesto que la operadora podría obtener un sillón en el órgano ejecutivo.
Se da la circunstancia, además, que el nuevo miembro ha de ser mujer para cumplir con la ley de paridad. Además, Telefónica deberá reconfigurar el consejo para que haya el número exigible de vocales independientes.
La renovación del consejo será uno de los grandes temas a tratar por parte de José María Álvarez-Pallete y su cúpula directiva. La SEPI, que ya ostenta un sillón con Carlos Ocaña, podría solicitar un nuevo representante. Este periódico ya adelantó que el Ejecutivo tiene a Therese Jamaa y Carme Artigas en agenda, si bien habría que esperar los movimientos por parte de STC.
Cabe recordar que el consejo de administración revalidó el puesto de Isidro Fainé, José Javier Echenique, Peter Löscher, Verónica Pascual y Claudia Sender, después de que en diciembre se incorporaron Solange Sobral y Alejandro Reynal.
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hace 4 meses
Aqui lo que se blinda no es Moncloa sino España, a traves de una de sus principales empresas.
Definitivamente, hay mucho articulista patriotero, que escribe a sueldo de ya sabemos quien, pero que no defiende los inteteses españoles.
hace 4 meses
En un país donde hay más de 1.400 operadoras incluyendo las rurales, se entiende que hay competencia de sobra, o más bien dependencia por parasitar sobre otras operadoras y vivir de regulación. En cualquier país europeo se cuidan a las empresas nacionales por delante de las extranjeras, es más, se las cuida porque las otras ya las ponen como diana para que el cliente se ensañe con ellas. La pirateria otro hándicap porque no se involucran, gobierno, autoridades ni regulador. Bruselas da la razón a DAZN e irá a por las IPTV’S piratas, en Italia iban a perseguir al usuario que consumiera contenidos pirateados, en España… Aquí trucas el contador eléctrico y te multan, te cuelas en el transporte público y te multan, no pagas la ORA y estas cagad@, por si te pillan, la pirateria sin consecuencias ni penalización.