Los gestores de pisos turísticos de la Comunidad de Madrid están en alerta ante los planes del Ejecutivo regional que preside Isabel Díaz Ayuso para regular el fenómeno de las viviendas vacacionales, endurecer la sanciones e incrementar el número de inspectores.
El Consejo de Gobierno recibió este miércoles el informe del proyecto de Decreto para adaptar la normativa del control de viviendas de uso turístico al contenido de las sentencias que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido sobre la materia.
Desde Madrid Aloja -la asociación de gestores que representa a más de 4.500 viviendas de uso turístico de la región- se muestran críticos con alguno de los planteamientos expuestos por el Ejecutivo de Ayuso. Consideran "llamativo que se limite una actividad cuando no se cuentan con datos económicos y no se avalúa la afectación que puede tener el cese de su actividad en la región y en el sector del turismo".
Además, aseguran que "sin contar aún con una regulación clara", pueden resultar "contraproducentes" las medidas que contempla el gobierno regional en cuanto al endurecimiento de las sanciones y el aumento de las inspecciones.
La modificación de la normativa que prepara el Gobierno de Ayuso se enmarca dentro de un Plan de refuerzo y control de estas viviendas en la región. En él se contempla un aumento de los inspectores que supervisan el funcionamiento de esta actividad. En total, se sumarán 17 a los 16 ya existentes. Entre los nuevos, hay cuatro que se asignarán a la aplicación del nuevo reglamento de la Unión Europea sobre el alquiler de corta duración.
Asimismo, la Comunidad de Madrid pretende revisar las cuantías de las sanciones y planea endurecerlas para los propietarios reincidentes. También mejorará el sistema de refuerzo en la colaboración e intercambio de información con los municipios de la región.
Según informó el Ejecutivo regional, el nuevo decreto establece que sean los titulares de la prestación de servicios de alojamiento turístico, en lugar de los propietarios de la vivienda, los obligados a presentar la declaración responsable para el inicio de la actividad.
Prohíbe que se usen los de protección oficial
Asimismo, prohíbe el uso turístico de las viviendas de protección pública o en los inmuebles y en aquellas en que así se recoja en los estatutos aprobados por la comunidad de propietarios.
Desde Madrid Aloja consideran que la nueva normativa "no afectará en ningún caso a aquellas VUTs que realizaron una Declaración Responsable, de acuerdo con los requisitos que establecía la Comunidad de Madrid y que vienen realizando una actividad económica lícita y cumpliendo con los requerimientos que se le exigía para tal fin".
Aunque no las tienen todas consigo y mantienen la incertidumbre a la espera de lo que finalmente plasme el Ejecutivo regional en la nueva norma. El informe del proyecto de decreto es previo cal proceso de audiencia e información pública, donde los afectados por la nueva normativa podrán plantear su punto de vista a la Administración.
Desde el Gobierno regional dicen que las nuevas acciones "ahondan en el modelo de gestión turística consolidado de la Comunidad de Madrid, basado en regular la actividad para competir en igualdad de condiciones". La nueva normativa también actualizará el Decreto actual en cuanto a los requisitos de las viviendas de uso turístico y los apartamentos turísticos en aras de "garantizar una determinada calidad del producto turístico".
Entre otras cosas, la nueva normativa contempla que corresponde a los ayuntamientos introducir -cuando proceda- las exigencias sobre el uso compatible o complementario de este tipo de viviendas.
Los gestores agrupados en Madrid Aloja dicen, por su parte, que apoyan "la adopción de medidas equilibradas que garanticen la calidad del producto turístico". Pero, al mismo tiempo, ven "necesario un marco regulador claro y equitativo que establezca un equilibrio entre los intereses de todo el sector turístico, el desarrollo de la actividad, y las expectativas y necesidades de Madrid y sus ciudadanos".
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