La crisis de la vivienda acecha al Gobierno por todos los frentes, con los precios en máximos

La crisis de la vivienda acecha al Gobierno por todos los frentes. La falta de soluciones a corto plazo para amortiguar la dimensión del problema se está convirtiendo en una bola para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que optó por desgajar la cartera antes integrada en el ministerio de Transportes para dársela a Isabel Rodríguez.

Ésta última se ha convertido en el blanco no solo del Partido Popular sino también de los socios parlamentarios del PSOE como ERC, EH Bildu y el BNG, que quieren forzar una comparecencia monográfica ante el Congreso con presencia de la dirigente socialista. Hace unos días, la ministra apelaba a la "solidaridad" de los caseros para reducir los precios del alquiler.

En Moncloa dicen ser conscientes de la importancia que tiene la crisis de la vivienda y asumen que Rodríguez pueda comparecer en la Cámara Baja a finales de octubre. De momento, la próxima Conferencia de Presidentes que celebrará Sánchez en Cantabria en diciembre con los líderes autonómicos versará precisamente sobre este asunto. Como aperitivo, este jueves la ministra reúne la Conferencia Sectorial de Vivienda, a la que acudirán diferentes consejeros regionales del ramo.

La previsión es que los de las Comunidades del partido de Alberto Núñez-Feijóo no lo hagan en son de paz, sino más bien con los ánimos caldeados tras las recientes amenazas de la ministra de no transferir fondos estatales de vivienda a aquellas que se nieguen -como hacen las que controlan los 'populares'- a aplicar la ley de Vivienda. Una polémica norma aprobada en la pasada legislatura tras una larga batalla entre los socialistas y el entonces socio de coalición, Unidas Podemos.

Este mismo miércoles, Rodríguez pidió que cumplan con el texto. "Antes de hacer nuevas propuestas, vamos a dar cumplimiento a lo que ya está encima de la mesa", enfatizó la dirigente socialista, que hace unos meses se vio forzada a retirar in extremis la ley del Suelo para evitar una derrota parlamentaria anunciada. De ella depende, en buena medida, la agilización del sector promotor para levantar nuevas viviendas.

Apenas unas horas más tarde de esas palabras, el Partido Popular presentó las líneas maestras de su propia proposición de Ley de Vivienda que tiene intención de llevar al Congreso como parte de su 'giro social' en la que se ha abierto incluso al debate de la reducción de la jornada laboral.

Con su propuesta, el PP plantea enmendar algunos de los puntos más polémicos de la actual normativa, como la posibilidad de establecer el control de precios del alquiler en determinadas zonas mediante una declaración que deben solicitar los propios gobiernos autonómicos, que son quienes tienen transferidas las competencias.

Hasta este miércoles solo se había aplicado en Cataluña, pero que ahora se extiende a la localidad guipuzcoana de Rentería. Será el primer municipio vasco en ser declarado "zona tensionada" en materia de vivienda y próximamente podrían sumarse otros como Zumaia, Galdácano y Lasarte-Oria. El Gobierno Vasco asegura que hay 43 localidades más que cumplen los requisitos.

Pero desde el PP subrayan además que en aquellas comunidades donde gobierna el PSOE -Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra- los gobiernos regionales tampoco están declarando zonas 'tensionadas', por lo que las del PP tampoco estarían incumpliendo la ley, sino que están cumpliendo su programa electoral donde no se recogía la intervención del mercado.

Manifestación en Madrid el 13 de octubre

En paralelo a toda la guerra política, el malestar con la situación que atraviesa el mercado de la vivienda se dejará notar también en las calles de Madrid el próximo 13 de octubre, con una gran manifestación convocada por más de 30 organizaciones sociales bajo el lema "La vivienda es un derecho, no un negocio". El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja que la vivienda es ya uno de los más importante para los ciudadanos.

"La criminalización de la construcción de vivienda en los últimos años, la falta de previsión en el desarrollo del suelo, la ausencia de dialogo político que busque soluciones, el ruido populista alrededor de la vivienda, los laberintos burocráticos, la importante carestía de mano de obra, la desaparición de constructoras y empresas especializadas y el incremento demográfico han provocado una tormenta perfecta en los territorios más dinámicos del país", asegura el portavoz del portal inmobiliario idealista, Francisco Iñareta.

Precios en "niveles preocupantes"

"Aunque a nivel estatal no se refleja directamente en la tasa de esfuerzo, la evolución de los precios de la vivienda está ya en unos niveles preocupantes en los principales mercados y está provocando que los nuevos compradores tengan que destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la hipoteca", añade. Según los datos del portal inmobiliario, el precio de la vivienda en España ha registrado una subida del 8,7% interanual durante el tercer trimestre del año. Con un precio de 2.182 euros por metro cuadrado, "el precio de la vivienda en venta en España alcanza un nuevo máximo histórico".

El precio ha crecido en todas las comunidades autónomas en los últimos doce meses. La mayor subida se produce en Canarias, con un crecimiento del 16,4%. Le siguen por encima de la media nacional otras como la Comunidad de Madrid (14,1%), Baleares (13,1%), la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia (12,7% en ambos casos). Por contra, Extremadura registra la menor subida, con un 2,8% interanual, seguida por Castilla-La Mancha (3,4%), Castilla y León (3,7%), Aragón (4,1%) y Cataluña (4,2%).

La solución, coinciden los expertos, pasa por incrementar la oferta de vivienda en un contexto de incremento de la demanda. Y eso es algo que el propio Sánchez prometió hacer hace meses, cuando anunció un plan para levantar 186.000 viviendas bajo diferentes fórmulas. Entre ellas, a través de los 6.000 millones de euros que el Ejecutivo central ha movilizado en forma de préstamos y avales a través de un convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para promotores públicos y privados.

Según los cálculos de la patronal que dirige Antonio Garamendi, estos servirán para construir 50.000 viviendas. "El ICO está haciendo un gran esfuerzo, pero no solo el ICO, sino el presidente del Gobierno, que en este mandato está poniendo todos los recursos del Estado para esta causa", expuso Rodríguez durante el acto en la sede de CEOE, en el que aseguró que ya se ha solicitado financiación para más de 20.000 viviendas. En ese mismo foro, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, reclamó que España coja "velocidad de crucero" para "construir 150.000 viviendas al año".

De momento, el ministerio de Rodríguez trabaja ahora en preparar el nuevo Plan Estatal de Vivienda (PEV) para el periodo 2026-2029. Con él quiere ampliar hasta el 9% el parque público de vivienda en España para acercarse al entorno de los socios europeos.

Este será uno de los puntos que se debata este jueves con los consejeros autonómicos, junto a una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, la ayuda mensual de 250 euros para inquilinos de entre 18 y 35 años. Los precios de los alquileres son la otra gran pata de la crisis del mercado de la vivienda. Y nada hace indicar que se vayan a moderar en el corto plazo.