La Comisión Europea ha decidido llevar a Italia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la discriminación de los profesores de escuelas públicas con contratos temporales. Bruselas recrimina a Roma que los docentes en estas circunstancias no tienen derecho a una progresión salarial, a la que si acceden los que están contratados de forma indefinida. Tras varios intercambios de información, el ejecutivo comunitario ha tomado esta decisión, algo con lo que amenaza a España.

Recurrir a la Justicia europea es el último paso de los procedimientos de infracción que la Comisión Europea puede abrir a los estados miembros si considera que no están cumpliendo con las directivas comunitarias. En el caso de nuestro país, todavía no ha llegado a este punto. Bruselas ha enviado ya varias cartas para recibir información por parte del Gobierno, acerca del uso abusivo de contratos temporales en la administración pública.

La Comisión critica que los interinos tengan la misma compensación independientemente del tiempo que lleven trabajando para la administración o en el caso de que un juzgado certifique como abuso la sucesión de contratos temporales. En julio, ya puso la lupa sobre las condiciones laborales de los interinos, en comparación con los trabajadores fijos.

España tiene dos meses para responder a la Comisión, que si no queda conforme con la respuesta, puede llevar esta cuestión ante el TJUE, igual que ha sucedido ahora con Italia. De hecho, la Comisión ya señaló, en un informe publicado en mayo, que los sectores de la Educación o la Sanidad se pueden resentir por esta práctica.

Ahora, es precisamente la Educación la que ha provocado que Italia tenga que justificar ante un tribunal su normativa. Bruselas considera que se está produciendo una “discriminación” entre los interinos y los fijos. Además, apunta que “Italia no ha adoptado medidas efectivas para evitar el uso abusivo de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada del personal administrativo, técnico y auxiliar en las escuelas públicas, lo que vulnera el Derecho de la UE en materia de trabajo de duración determinada”.

La Comisión inició el procedimiento de infracción contra Italia enviando una carta de emplazamiento a las autoridades italianas en julio de 2019, seguida de una carta de emplazamiento adicional en diciembre de 2020 y un dictamen motivado en abril de 2023. En el caso de España, el proceso está todavía en las cartas de emplazamiento. 

“Remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea responde a las reclamaciones expuestas en el dictamen motivado sobre las que Italia no abordó suficientemente las preocupaciones de la Comisión”, justifica el ejecutivo comunitario.

Educación en España

El caso de Italia puede acabar afectando a España, puesto que aunque son los estados miembros los que tienen competencias en materia de empleo, los 27 tienen que cumplir con directivas sobre igualdad de condiciones entre trabajadores, como la que ahora Bruselas cuestiona que se esté aplicando.

Además, la situación de los trabajadores de la Educación en nuestro país, no es muy distinta. Es un sector que ha estado tradicionalmente ligado a la temporalidad. Prueba de ello son los datos sobre altas y bajas de la Seguridad Social o los de demandantes de empleo. En julio y agosto se suelen destruir miles de puestos de trabajo en este sector, que se recuperan en septiembre, con el inicio del curso escolar.

Esta situación no afecta únicamente a los interinos, sino también a trabajadores del sector en el ámbito privado.No son solo profesores en colegios o institutos, también auxiliares, monitores o docentes en academias, por ejemplo. En el caso de los profesores del sector público que realizan sustituciones necesitan cumplir con el requisito de haber trabajado entre 5,5 y 9 meses para poder seguir siendo contratados en verano. El rango temporal varía en función de la Comunidad autónoma. Si cumplen con ese período requerido, los interinos obtienen una prórroga automática de su contrato durante el verano.

Como publicó este periódico, en agosto de este año cuando se destruyeron 93.704 puestos de trabajo, 72.338 correspondían a la educación. Esta es una de las realidades que pretendía cambiar la reforma laboral, que restringió al máximo el uso de los contratos temporales y ampliando al máximo las posibilidades de los contratos discontinuos. Sin embargo, los datos siguen mostrando estos movimientos al final y al inicio de cada curso.

España ya cuenta con una sentencia de la Audiencia Nacional de 2023 que impide recurrir a este tipo de contratos como forma de ahorrarse el pago de las nóminas en los meses de verano, pero los sindicatos denuncian que sigue ocurriendo. 

Sobre la carta remitida este jueves, fuentes del Ministerio de Función Pública señalan que no se trata de una sanción, sino que forma parte del "diálogo continuo y constructivo entre el Gobierno de España y la Comisión Europea, y como ampliación a un procedimiento que se abrió en 2014". "Nada tiene que ver con la decisión adoptada en julio por la Comisión que, en similares términos, envió una carta a España referente a la igualdad de derechos entre los trabajadores temporales y fijos", añaden.