El cónclave de este jueves entre el Ministerio de Vivienda y las Comunidades Autónomas arrancaba cargado de tensión. Apenas unas horas antes del comienzo de la reunión con Isabel Rodríguez, los gobiernos autonómicos controlados por el PP emitieron un comunicado en el que acusaban a la responsable ministerial de "chantaje" después de haber amenazado hace unos días con bloquear el traspaso de fondos estatales a aquellas regiones que se nieguen a aplicar la Ley de Vivienda aprobada en la pasada legislatura.

Los de Alberto Núñez-Feijóo controlan once ejecutivos regionales y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y, minutos antes del cónclave en la sede de Nuevos Ministerios, posaban juntos para poner de manifiesto el frente común frente a lo que entienden como una amenaza por parte de la dirigente socialista asegurando que no tienen ninguna intención de declarar en sus territorios zonas tensionadas para intervenir los precios del alquiler, algo para lo que les habilita la norma estatal.

"Lo que obliga la ley es claro y contundente. Si hay zonas de extraordinaria emergencia, tensionadas, y existir existen, tenemos que actuar y las administraciones hacer lo posible para revertirlo en el menor tiempo posible", explicaba la ministra antes de acceder al encuentro con los responsables autonómicos. "La ciudadanía no entiende porqué hay comunidades que teniendo los instrumentos no los aplican", recalcaba tras rebajar el tono mostrado la semana pasada.

"Ofrezco acuerdo, colaboración y recursos y espero del PP, que es un partido de Estado que ahora está en la oposición, haga lo que se espera, alcanzar un pacto en torno a la vivienda", abundaba. Fuentes de su departamento niegan que las palabras del otro día fueran ninguna "amenaza" y sostienen que la idea pasa por premiar con más fondos para desarrollar acciones particulares a aquellas Comunidades que apliquen la Ley de Vivienda y declaren zonas tensionadas.

Hace solo siete días, Rodríguez sostenía los siguiente: "Quien no aplique la Ley de Vivienda, no va a tener financiación del Gobierno central. (...) Yo quiero seguir apoyándolas económicamente, pero también quiero que ellas pongan más presupuesto para esta finalidad. Pero si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la Ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la Ley".

Ahora, en el Ministerio aclaran que no se trata de castigar con menos fondos a aquellas que decidan no declararlas, como hacen los Ejecutivos de Madrid, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares o Castilla y León.

La reunión ha terminado con un acuerdo por unanimidad con las comunidades autónomas para el reparto de los 200 millones de euros de la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, acordado en la Conferencia Sectorial del 2 de febrero de 2022.

Durante la reunión, Rodríguez destacó los principales hitos alcanzados con el Plan de Recuperación a través de más de 800 acuerdos firmados con comunidades autónomas y ayuntamientos. Con ellos, se construirán 24.463 viviendas del programa de construcción de vivienda en alquiler asequible, se están rehabilitando ya 306 barrios, que equivalen a más de 47.000 viviendas, y se está ejecutando y tramitando el entorno de 600.000 viviendas en rehabilitación a través de las convocatorias de los programas para rehabilitación de viviendas y edificios que gestionan las Comunidades Autónomas.