Bajas laborables flexibles mediante las que los trabajadores puedan reincorporarse a su puesto de trabajo de forma parcial. Es la última propuesta de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, para abordar el crecimiento de la incapacidad temporal. Una idea que ha sido recibida con escepticismo por parte tanto de los dos grandes sindicatos (CCOO y UGT), como de los socios del PSOE en el gobierno de coalición.

La propuesta, avanzada en un desayuno organizado por Nueva Economía Forum, tendrá que ponerse ahora negro sobre blanco en la mesa de diálogo sobre incapacidad temporal que el ministerio convocará tanto con patronal como con sindicatos. Algo que ya estaba previsto hacer tras el acuerdo de pensiones alcanzado antes de las vacaciones de verano.

Según datos publicados el lunes, el gasto total en estos subsidios aumenta un 17,6% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 10.422 millones de euros en los primeros ocho meses del año. De ellos, 9.499,34 millones fueron contingencias comunes y 916,55 millones por contingencias profesionales. La prestación por Incapacidad Temporal permite cubrir la pérdida de rentas de un trabajador que no tiene posibilidad temporalmente desempeñar su función laboral por enfermedad o accidente, y que está siendo asistido médicamente por la Seguridad Social.

Y la tendencia es de un crecimiento exponencial. El gasto del año pasado superó los 13.000 millones de euros para el Estado, derivado de más de 8,1 millones de bajas por contingencia común. Se trata de un un 55% y 36% más, respectivamente, que en el año 2019, antes de la crisis del coronavirus.

Saiz ha argumentado que, gracias a los avances médicos y a la tecnología, hay personas que están saliendo de un proceso de tratamiento de cáncer "que quizás, desde la voluntariedad y, por supuesto, desde la garantía de su salud, puedan incorporarse a trabajar". Se trata de una idea similar a la planteada en reciente análisis de Octavio Granado, exsecretario de Estado de Seguridad Social, publicado por Fedea el pasado mes de junio y titulado La incapacidad temporal, ausente en los documentos sobre la reforma del sistema de pensiones.

"Debemos pues modificar la regulación legal de la incapacidad temporal abriendo a la posibilidad de que en alguna situaciones y momentos concretos la situación, o incluso desde el propio reconocimiento global de la misma, y por ende de la prestación, no implique el cese de toda jornada laboral, sino una conversión de una jornada completa a una jornada parcial, dando un nuevo sentido a la incapacidad parcial que ya existe en nuestro ordenamiento jurídico", reza el texto del ex alto cargo durante los gobiernos tanto de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) como de Pedro Sánchez (2018-2020).

Por su parte, fuentes de la Seguridad Social insisten en que "estas propuestas se abordarán siempre desde la voluntariedad y bajo la supervisión de un médico. Insistimos en la voluntariedad y con la salud como primera condición y garantía del trabajador". Así se pronunciaban tras las reservas expresadas tanto por las grandes centrales sindicales como por Sumar.

Saiz también se refirió a los casos de pluriactividad, donde la baja puede impedir trabajar en una de las ocupaciones que tiene el trabajador, pero no así en la otra. En este sentido, fuentes del Ministerio aseguran que una de las opciones de la reforma es "abrir la puerta a una mayor flexibilidad y a estudiar casos en los que una incorporación gradual al trabajo pueda suponer una mejora en la recuperación".

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido "no jugar" con la salud de los trabajadores. "Solo hay una razón detrás de la incapacidad temporal: proteger la salud de las personas trabajadoras. No hay más opciones ni razones. Ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega", ha expresado la también vicepresidenta segunda del Gobierno a través de un mensaje en sus redes sociales.

"Tenemos dudas sobre la voluntariedad en esas situaciones y el riesgo de que se pueda generar presión sobre personas en situación de IT. Y nNo compartimos que Seguridad Social, hasta ahora más prudente en los procesos de negociación, gire en esa forma de actuar buscando un precipitado efecto anuncio", señalan desde Comisiones Obreras.

Por su parte, desde UGT creen que es necesario centrarse "en el origen de las bajas con el objetivo de prevenir mucho mas y mejor de como se está haciendo en la actualidad". "Luego debemos hacer hincapié en su diagnostico, tratamiento y curación para que las personas reciban toda la atención a la que tienen derecho - incluida la situación de IT que sea precisa- y recuperen totalmente la salud".

La finalidad de ese grupo de trabajo, añaden desde el Ministerio, "será hacer, junto a los agentes sociales, un seguimiento de la evolución de los procesos y sus prestaciones, cuya evolución supone una preocupación compartida por todos". La ministra ha planteado que flexibilizar la regulación como ocurre con la compatibilidad de trabajo y pensión contemplada en el último acuerdo de pensiones. Con la actual normativa de la Incapacidad Temporal, "o se está de baja o se está de alta", pero no se puede compatibilizar el cobro del subsidio.

Sobre la mesa de trabajo, desde el departamento que dirige Saiz remarcan que "su finalidad será hacer un seguimiento, junto a los agentes sociales, sindicatos y patronal, de la evolución de la IT y sus prestaciones, además de trabajar en nuevas propuestas". En cualquier caso, la voluntad es que todas las propuestas sean "debatidas y consensuadas en la mesa de diálogo social", rematan.

En su análisis, Granado advierte, eso sí, que "la nueva regulación legal ha de hacerse con la necesaria precisión para evitar la picaresca, ya que esta nueva incapacidad parcial puede ser buscada para conseguir reducir jornadas demasiado agobiantes, o para sustituir las reducciones de jornada que antes existían en algunas profesiones para los mayores de una determinada edad".

Mutuas para bajas traumatológicas

Fruto de ese diálogo social, el acuerdo sobre pensiones alcanzado en julio somete a revisión el papel de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Para aliviar las listas de espera y acortar los procesos -y, por ende, el gasto público- los médicos de la sanidad pública podrán derivar a las mutuas casos de Incapacidad Temporal en enfermedades comunes de origen traumatológico en aquellos procesos que tengan una duración superior a lo recomendado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

En este punto también se apeló a la voluntariedad, pues el paso a la mutua desde los servicios públicos de salud de las Comunidades Autónomas siempre estará sujeto a la voluntariedad y consentimiento de los pacientes. Y dicha autorización podrá ser revocada en cualquier momento.

El acuerdo se aplicará a aquellos procesos que afecten a trabajadores en situación de incapacidad temporal en los que la cobertura de la prestación económica corresponda a una Mutua colaboradora con la Seguridad Social. Además, las bajas, confirmaciones de baja y altas médicas continuarán siendo emitidas por los facultativos de los servicios públicos de salud, en contra de la pretensión de las mutuas, que querían poder gestionarlas ellas mismas o al menos que tuvieran que ser escuchadas y tenidas en cuenta.