El Gobierno no enviará el plan presupuestario que remite anualmente a Bruselas el próximo 15 de octubre. Así lo ha anunciado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a su llegada a la reunión de ministros de las economías del euro (Eurogrupo) que tiene lugar este lunes en Luxemburgo. Cuerpo ha dicho que "hasta que no haya borrador no se presentará plan presupuestario".

El ministro ha justificado esta decisión asegurando que la Comisión Europea ha pedido a los estados miembros que en esos planes se incluyan medidas concretas, por lo que no tendría sentido -asegura- remitir un documento sin antes haber llevado al Congreso de los Diputados el proyecto de presupuestos generales del Estado.

El 15 de octubre es la fecha en la que cada año los 27 estados miembros envían a la Comisión sus planes financieros de cara al siguiente ejercicio. Pero la recuperación de las reglas fiscales ha modificado ligeramente la información que hay que enviar a Bruselas. Además de los presupuestos, los países tienen que enviar este año un plan fiscal para los próximos 7 años, en el que se comprometen a reducir el déficit público.

España sí enviará este plan el próximo 15 de octubre, según ha anunciado el ministro, aunque retrasará el documento sobre los presupuestos. Aunque no ha avanzado la fecha en la que se enviará finalmente, Cuerpo ha afirmado que "la Comisión tiene hasta finales de noviembre para hacer la evaluación de los planes fiscales y ese es el entorno en el que nos estamos moviendo".

Cuerpo confía en que el Gobierno presentará un proyecto de presupuestos ante las Cortes antes de final de año e independientemente de que ese documento logre los apoyos necesarios para entrar en vigor el 1 de enero, esa relación de ingresos y gastos previstos será la que envíe a la Comisión Europea.

La expectativa del Ejecutivo y también de Bruselas es que España cierre este año con un déficit del 3% y que se reduzca por debajo de esa cifra en 2025. Este ha sido uno de los factores que la Comisión tuvo en cuenta para no incluir a nuestro país en el 'castigo' -procedimiento por déficit excesivo- que obliga a reducir en al menos medio punto del producto interior bruto (PIB) el déficit estructural, así como a una revisión más detallada por parte de la institución comunitaria.