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"Costes, importaciones y especulación arruinan nuestra producción". Estos son los tres pilares que alientan las movilizaciones que preparan las grandes organizaciones profesionales agrarias para poner en el foco los condicionantes que sufren los productores de cereal.

ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) y la Alianza UPA-COAG (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos-Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) unen fuerzas en una llamada de auxilio dirigida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: "No se trata de llorar, hablamos de precios justos y pedir lo mínimo. No podemos trabajar al borde de perder dinero", lamenta en conversación con El Independiente José Roales, responsable de cereales de COAG.

"El cereal no vale nada. Las importaciones se hacen de cualquier manera y sin control mientras nuestro producto está por los suelos. Esto es insostenible", explica el agricultor cerealista desde hace más de 40 años. Roales describe una situación de asfixia para los productores, ya que según explica se ven obligados a aguantar sin vender sus cereales hasta que suba de precio: "A mí no se me ocurre vender. Estoy esperando a la factura de la semilla y del abono para vender algo de cereal. Si los cerealistas tenemos que dejar de sembrar habrá menos producto, a mayor precio y solo al alcance de unos pocos".

Los cerealistas, zarandeados en las últimas campañas con cosechas escasas por la sequía, "por los disparados costes de producción, por el hundimiento de los precios o por la combinación de varias de ellas", invitan a todos los agricultores y ganaderos de Castilla y León -región reina en España de este cultivo- a la concentración del viernes 11 de octubre a las 12 horas en Valladolid, a las puertas de la Delegación del Gobierno.

Importación masivas de cereal y especulación

Roales identifica varios de los problemas que a su juicio ponen en jaque la supervivencia de los cerealistas: "Estamos con el agua al cuello. Hay una falta de consideración y respeto con el sector primario que es intolerable. Nos jugamos la soberanía alimentaria. No tiene ningún sentido traer cereal de otros países en condiciones fitosanitarias dudosas y que nosotros estemos perdiendo dinero", critica Roales, que subraya que la política de suspensión de aranceles y cuotas a las importaciones de productos ucranianos ha abierto una vía para la especulación.

"Está muy bien ayudar a Ucrania, pero no a costa de los cerealistas españoles. No es una crítica a Ucrania, sino a la situación. De Ucrania sale más cereal de lo normal. Hay intermediarios que se están aprovechando de la situación de guerra para vender cereal sin aranceles", sentencia Roales, que achaca la práctica a fondos de inversión "sin nombre ni cara" que compran cereales, los dejan en barcos atracados en el océano para sacarlos al mercado "en el momento que más le interesa y sin ningún control de la adminstración española y europea".

El responsable de cereales de COAG exige control al Gobierno de España y a la Unión Europea: "Esto se va a convertir en la ley del Oeste. No hablo de intervenir el mercado, pero sí de poner unas reglas para los precios y la importación", indica Roales. Las pérdidas en los cultivos cerealistas se hacen notar ya en un descenso de las siembras, que según los agricultores seguirá ampliándose si no reciben signos claros de que el cereal tiene futuro: "Es imprescindible medidas concretas de apoyo por parte de los responsables políticos".

La movilización de los cerealistas en Valladolid, a las puertas de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, clamará contra un "mercado devaluado por el efecto de importaciones masivas de cereal ucranio, así como por la especulación de operadores que utilizan éstas para bajar los precios a las producciones locales". Los cerealistas condenan levantan la voz en busca de un punto de inflexión contra uno de los males endémicos del sector primario español que azota también a los ganaderos. "No están observando ningún abaratamiento en los piensos", concluye Roales, que exige un acuerdo nacional en el que intervengan las organizaciones agrarias, la sociedad y el Gobierno.