La implantación de sistemas de protección de datos personales, de registro de jornada o del canal de denuncias, el incremento de ciertas cargas fiscales, las mayores exigencias medioambientales o los efectos de los sucesivos incrementos del Salario Mínimo están incrementando los gastos generales de las constructoras. Según un Confederación Nacional de la Construcción (CNC), en las dos últimas décadas se han disparado un 50% sus costes.

La organización empresarial propone elevar al 17% el porcentaje mínimo de gastos generales que sobre el presupuesto de ejecución pueden repercutir las empresas a las administraciones para evitar un frenazo de la contratación pública. 

Las compañías, alega la patronal que preside Pedro Fernández-Alén, "no pueden compensar por sí solas el incremento de los gastos de estructura acumulado a lo largo de los años para cumplir con las nuevas exigencias, lo que erosiona su competitividad, lastra el acceso al mercado de la contratación administrativa y, en última instancia, agrava la ya de por sí mala situación que atraviesa la contratación pública en España".

En este sentido, dicen que la subida de los gastos generales se suma al incremento de los costes asociado a las tensiones inflacionistas de los últimos años que han llevado los precios de los materiales y de la energía hasta máximos históricos. Todo ello sin haberse aprobado un mecanismo para revisar los contratos públicos, alertando de las posibles consecuencias si no hay una contraprestación paralela por parte de la Administración.

La patronal ha trasladado al Ejecutivo que seguirá habiendo un número significativo de licitaciones de obras que quedarán desiertas porque muchas constructoras no podrían acudir a la licitación, lo que reduciría la competencia empresarial.

Para evitar un posible parón de la contratación pública, CNC también propone modificar el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y recuperar la horquilla del porcentaje entre el 16 y el 20% de gastos generales que pueden repercutir las constructoras sobre el presupuesto de ejecución material, lo que ya estuvo recogido en la normativa reglamentaria hasta 1987.