La Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) y el Ministerio de Hacienda habrían enviado hasta 400 requerimientos a estaciones de servicio y operadoras de combustible para intentar esclarecer un posible fraude en la venta por parte de una suerte de 'mafia del diésel'. La investigación intenta acreditar la posible comercialización de diésel ya refinado procedente de países con límites a la exportación, como Siria, Rusia e Irán. Se trata de combustible cuya procedencia se habría alterado posteriormente para simular que se habría cargado, descargado y refinado en Turquía y Marruecos, según la información que avanza la Cadena Ser.

La ONIF y Hacienda intentan averiguar la posterior venta a estaciones de servicio españolas de esos combustibles a un precio significativamente inferior al diésel legal, con márgenes de entre 40 y 60 céntimos más barato, según apunta la información. La operativa fraudulenta que se intenta investigar se basaría en que los 'operadores fantasma' que comercializarían estos combustibles y los venderían a las estaciones de servicio se registrarían y desaparecerían en periodos de aproximadamente tres meses. En muchos casos se estima que las gasolineras no eran conscientes del posible origen fraudulento del combustible que compraban y que posteriormente vendían a los consumidores.

Este posible fraude se habría iniciado en 2022, cuando, según el sector y la Agencia Tributaria, apenas representaba el 5% del combustible vendido, si bien desde entonces ha ido creciendo hasta representar una cuota de mercado que podría abarcar el 25%, según se apunta.

Estas operadoras fantasma podrían haber cometido un fraude que se calcula que ronda los 1.900 millones de euros. El fraude abarcaría al pago del IVA, a un posible fraude de biocombustible y a un fraude del fondo de eficiencia. En el primer caso se sospecha que algunos de los operadores que se habría autorizado compraban el diésel, lo vendían, y cobraban el IVA, que luego no pagaban a Hacienda y posteriormente desaparecían. De este modo, se embolsarían de modo fraudulento el 21% de IVA abonado por las estaciones de servicio al adquirir su combustible.

El fraude del biocombustible se habría cometido al no cumplir con lo estipulado por ley. Las gasolineras españolas deben contener una cantidad de biocombustible por cada litro para reducir las emisiones de CO2. En este caso, el diésel comercializado no incluiría esa proporción de biodiésel, lo que lo haría más contaminante.

Por último, según esta información, el tercero de los fraudes haría referencia al impago del llamado 'fondo de eficiencia'. Se trata de un importe que las petroleras deben abonar en concepto de contaminación y que en ese caso no se habría pagado. Por el momento, Hacienda habría remitido hasta 400 requerimientos a propietarios de gasolineras reclamando el detalle de sus pagos de IVA.