El servicio de reparto de bombonas de butano a domicilio ha convocado ocho jornadas de huelga a partir del próximo 5 de noviembre y hasta finales de diciembre. Durante esos días las agencias de distribución no realizarán entregas a particulares ni a empresas y se limitarán a suministrar únicamente a los puntos de venta. Según asegura la Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (Fedglp) los paros no afectarán ni a usuarios en situación de vulnerabilidad social, ni a centros educativos, sanitarios, de atención social, residencias de ancianos ni a centros sin ánimo de lucro. En noviembre los paros convocados se desarrollarán los días 5, 13, 21 y 29 y durante el mes de diciembre los días 5, 11, 17 y 23, víspera de Nochebuena.

La movilización afectará a los cerca de 8 millones de españoles que emplean bombonas de butano. La protesta se dirige a que el Ministerio para la Transición Ecológica modifique el actual sistema de determinación de precios máximos de venta. La orden IET/389/2015 afecta a los gases licuados del petróleo envasados. Los distribuidores reclaman una actualización "justa y adecuada de la comisión por bombona repartida". Aseguran que la retribución actual por reparto de bombonas lleva "más de un a década sin actualizarse".

En un comunicado las agencias de distribución aseguran que no buscan perjudicar al consumidor sino poner freno al "continuo deterioro de la actividad e impulsar su modernización". Las agencias de distribución recuerdan que llevan años soportando costes operativos crecientes que hacen "insostenible continuar con el servicio bajo las condiciones actuales".

Consideran que las actualización de los precios máximos hacia costes justos es imprescindible tras el encarecimiento de costes que arrastran. Entre ellos destacan los costes más elevados en los carburantes, en el incremento de los costes laborales y las exigencias medioambientales que deben cumplir: "Impiden que las distribuidoras puedan seguir operando sin sufrir pérdidas".

La Fedglp confía en que estas medidas terminen por obligar a las operadoras y a las autoridades a revisar y actualizar la normativa vigente y garantizar así "una retribución que cubra los costes reales del servicio".