Sería un mal menor. Al PNV y al Gobierno vasco nunca les gustó el gravamen a las eléctricas y energéticas que el Gobierno aprobó como provisional en 2022. Hoy finaliza el plazo para hacer aportaciones a la enmienda por la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere convertir en definitiva la medida impositiva y contra la que se han rebelado las grandes compañías. El nacionalismo vasco esconde un as bajo la manga; su apoyo a la medida, como integrante de los socios que respaldan al Ejecutivo, estará condicionada a que un compromiso previo se cumpla: convertir el gravamen en impuesto y concertarlo para que las haciendas vascas puedan después moldearlo después a su gusto y necesidad, bonificaciones incluidas.

El planteamiento para reconvertir esta sobrecarga fiscal en una suerte de ‘cupo energético’ singular para Euskadi y Navarra situaría al País Vasco y la comunidad foral en un escenario de ‘oasis’ energético del que ya han advertido en Cataluña. La patronal catalana, Foment del Treball ha alertado de que si ante este “golpe fiscal” alguna comunidad autónoma “tuviera la posibilidad de compensar el impuesto a las empresas localizadas en su territorio, provocaría un agravio comparativo y competencia desleal” entre territorios. El temor pasa por que la posibilidad de que el País Vasco pudiera aplicar bonificaciones que neutralizaran a las compañías el pago de ese impuesto podría atraer nuevas inversiones en detrimento de otros emplazamientos.

Entre el apoyo al Ejecutivo y el respaldo a las energéticas, el PNV aboga por una solución intermedia. Por un lado, los nacionalistas no quieren dejar en la estacada a Sánchez, necesitado de apoyos. Pero por otro, la preocupación del nacionalismo por el impacto de la medida es importante, no en vano compañías como Petronor o Iberdrola son las principales contribuyentes a las arcas públicas vascas en forma de impuestos. Sólo entre ambas compañías aportan el equivalente a alrededor del 15% del presupuesto de todo el País Vasco. El año pasado Iberdrola cuantificó su contribución socioeconómica a Euskadi en 3.500 millones de euros en forma de impacto en su PIB.

Así, sólo la actividad de la compañía eléctrica, cuya sede social está ubicada en Euskadi, contribuyó a las haciendas vascas con 1.500 millones –incluidos cerca de 500 proveedores-, de los que casi la mitad, 700 millones fueron contribución directa. En el caso de la filial de Repsol, Petronor, ubicada en Bizkaia, el pago de impuestos alcanzó los 936 millones de euros, convirtiéndose en el primer contribuyente vizcaíno. Recientemente la diputada de Hacienda de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, reconoció en un foro con la petrolera que el ‘impuestazo’ era una medida que no le gustaba ni por la forma ni por el fondo.

Cambios en el Concierto Económico vasco

El anuncio de las energéticas de que el mantenimiento de este gravamen pone en riesgo sus inversiones ya ha tenido las primeras consecuencias. Repsol ha dado a conocer esta semana que trasladará un proyecto para la creación de una planta de producción de hidrógeno de España a Portugal. El plan para la construcción de una electrolizadora con 15 millones de inversión inicialmente se había previsto en España.

En el caso del País Vasco, Petronor también tiene paralizada la construcción de una electrolizadora de 100 MW de potencia y cuyo desarrollo está congelado hasta que se despeje el panorama tributario.  

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar recordaba ayer que el riesgo de la prolongación en el tiempo del ‘impuestazo’ puede poner en riesgo “la gallina de los huevos de oro”. Apelaba, sin mucha insistencia, en la idoneidad de reconsiderar el gravamen y que en caso de hacerlo, el apoyo de su partido dependería de lo pactado en diciembre del año pasado.

¿Qué fue lo que pactó el PNV? En el contexto del decreto anticrisis, el Gobierno de Sánchez pacto con el PNV que los gravámenes a la banca y las energéticas se integrarían en el sistema tributario y por tanto se concertarían en el contexto del Concierto Económico vasco, en el caso del País Vasco, y del Convenio, en el de la Comunidad Foral de Navarra. De este modo, serían sus propias haciendas las que los gestionarían.

Malestar en Cataluña

El PNV defiende que las grandes empresas que obtengan beneficios extraordinarios –el ‘impuestazo afecta a aquellas que obtengan más de 1.000 millones de beneficio- “arrimen el hombro”. Pero si continúan aplicándose en forma de gravamen y no de impuesto, no cabe concertación. Por eso primero se debería acordar ese cambio, para después poder incluirlo y modificar el Concierto Económico vasco. Fuentes del PNV aseguran que ahora todo lo acordado “debe materializarse, estamos a la espera”.

El propio lehendakari Imanol Pradales reclamó ayer que se concierte este impuesto, si bien advirtió que este tipo de medidas pueden no favorecer el desarrollo del tejido industrial. Hasta ahora, con el Estado como único recaudador de este impuesto a la banca y las energéticas, acordó en el seno de la Comisión Mixta recibir alrededor de 400 millones anuales en forma de ingreso por este gravamen. Si finalmente se concierta este impuesto, la fiscalidad vasca podría aplicar bonificaciones o exenciones para neutralizar o reducir su impacto a las compañías.

En Cataluña el empresariado también ha alertado de las consecuencias de mantener este gravamen. La amenaza de las energéticas de frenar sus inversiones ha dejado paralizados dos importantes proyectos. Repsol tenía proyectado para su refinería de Tarragona la construcción de la electrolizadora más potente de España, con 150 MW de potencia. Además, también en sus instalaciones de Tarragona se iba a construir una ‘Ecoplanta’ destinada a la transformación de residuos sólidos en etanol. Ambos proyectos están a día de hoy paralizados.

Foment del Treball ven detrás de la decisión del Gobierno un “afán recaudatorio” y un gravamen “indirecto” para la ciudadanía que considera que terminará por pagar el incremento de precios de los derivados del petróleo y los combustibles que puedan aplicar las compañías tras tener que hacer frente al pago de este ‘impuestazo’. Por ello, el empresariado catalán pide al Govern que presione al Ejecutivo para que dé marcha atrás en sus pretensión de mantenerlo.