El problema de la vivienda está en plena efervescencia política y ha desatado las tensiones internas entre los socios del Gobierno de coalición. Sumar subió este martes la tensión con el ala socialista, un día antes de la comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ante el Pleno del Congreso.

El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en manos de Pablo Bustinduy (Sumar), acaba de abrir una investigación a asgencias inmobiliarias que operan a nivel estatal por cobrar comisiones ilegales en el alquiler de vivienda, imponer el uso injustificado de contratos temporales o incluir cláusulas abusivas en los contratos.

La investigación adelantada el lunes por El País contra las inmobiliarias de las que no se facilita el nombre se produce en paralelo a la investigación abierta en junio a las plataformas de alquiler de alojamientos turísticos. Aunque el Ministerio no citó entonces tampoco a ninguna expresamente, se trata de gigantes tecnológicos como Booking.com o Airbnb.

A día de hoy, las pesquisas siguen abiertas sin que se haya impuesto ninguna sanción. El departamento de Bustinduy pretende determinar si las plataformas están anunciando pisos sin la correspondiente licencia. Considera que podrían estar así incurriendo en prácticas desleales sancionables en base a la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Fuentes al tanto del proceso aseguran que el Ejecutivo ha pedido datos a diferentes compañías y ha mantenido reuniones técnicas con ellas para enfocar bien a quién dirigir su petición. No en vano, se trata de multinacionales con matrices fuera de España y Consumo pretende que le faciliten los datos de los titulares de los anuncios y de los propietarios de los pisos.

En todo caso, las plataformas afirman que su única obligación es responder a los requerimientos de las autoridades de todos los niveles de la Administración cuando estas detectan algo irregular. En este sentido, se definen como meros intermediarios de servicios y no como proveedoroes inmobiliarios ni prestadores de servicios turísticos.

Frente a esas investigaciones de Consumo, el ministerio de Vivienda anunció el pasado martes -apenas dos días después de la gran manifestación por el derecho a la vivienda que recorrió le centro de Madrid- la puesta en marcha de un registro obligatorio en el que los propietarios tendrán que inscribir su vivienda para poder publicitarla en las plataformas de alquiler.

En realidad, el Ejecutivo acelera el desarrollo de un sistema que la Unión Europea obliga a tener implementado en 2026. Los planes del Ministerio son que pueda echar a rodar a comienzos de 2025 en fase de pruebas. De momento, se ha activado el trámite de audiencia pública del proyecto de Real Decreto.

Los propietarios que quieran anunciar sus viviendas en plataformas como Idealista o las citadas Booking o Airbnb para alquiler de corta estancia -turístico, temporal o por habitaciones- deberán solicitar ante el Registro de la Propiedad un número de identificación de sus inmuebles.

Las citadas plataformas estarán obligadas a comprobar la validez del número de registro y chequearlo con la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos que gestionará Vivienda. Después, procederán a publicar el anuncio y deberán ponerlo en un lugar visible para los arrendatarios. Si los anunciantes no aportan el número de registro, las plataformas tendrán que rechazar la solicitud de oferta.

El Ministerio que dirige Rodríguez asegura que, con esta fórmula, podrá poner coto al fraude que practican algunos arrendadores para que sus inquilinos no disfruten de las garantías que les brinda la ley tanto en períodos de renovación del contrato como en los topes a las subidas del precio del alquiler.

Además, en la modalidad de vivienda turística, para obtener el código en el Registro será necesario que la vivienda cumpla con las respectivas normas autonómicas y municipales y que la comunidad de vecinos no haya vetado los pisos turísticos en el bloque. Por lo que, con esto, confían en acabar con parte de la oferta ilegal.

Nuevo índice del INE

Este miércoles, la ministra comparecerá ante la Cámara Baja y defenderá la actuación de su departamento para poner remedio al problema de la vivienda. Según declaró este martes tras la reunión mantenida en Moncloa con diferentes agentes del sector inmobiliario -en la que participó el presidente Pedro Sánchez- la voluntad del Ejecutivo es seguir implantando medidas.

Entre otras, ultima el índice para actualizar los alquileres de la mano del Instituto Nacional de Estadística (INE), que está pendiente de la supervisión de los equipos técnicos del Ministerio de Economía y de Vivienda con el objetivo de contener los alquileres y hacerlos asequibles.