La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, continúa con la persecución a los infractores de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Después de imponer sanciones por valor de 128.424,6 euros en el primer trimestre, 115.478,9 euros en el segundo, y 296.674,86 en el tercero, las multas a los operadores que tratan de trampear la cadena alimentaria en el cuarto trimestre han sido publicadas por la AICA, cuya principal preocupación pasa porque se cubran los costes de producción, que haya un contrato escrito en prácticamente la totalidad de las operaciones y que se cumplan los plazos de pago.

Los 295.669,37 euros en multas que ha declarado la AICA en su reciente publicación de sanciones firmes en vía administrativa y judicial en cumplimiento de la Ley de cadena alimentaria representan la mejor cifra trimestral de 2024. En lo que va de año, las sanciones a los piratas del campo ascienden a 836.247,73, un 122 % más que en 2023; es decir, algo más del doble respecto al ejercicio previo.

La sanción más recurrente se debe al incumplimiento de los plazos de pago. Del total de 34 sanciones, la mayoría de ellas -19-, responden a ese motivo.

La multa más elevada de las comunicadas en la publicación trimestral de sanciones para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria ha ido a Fertofrans S.L. La compañía con sede en Valencia y dedicada al comercio al por mayor de frutas y frutos, verduras frescas y hortalizas suma dos sanciones por un montante total de 155.001 euros: 132.000 euros por destrucción de valor en la cadena y 23.001 euros por no formalizar por escrito los contratos.

Comunidad Valenciana, donde más se sanciona

La región en la que más veces se ha detectado un incumplimiento de la cadena alimentaria es la Comunidad Valenciana. La autonomía situada al este de España y que ejerce como uno de los principales motores de la agricultura nacional acumula ocho de las 34 penas.

Bodegas Trenza S.L., dedicada a la elaboración, exportación e importación de vinos y sancionada con 1.800,60 euros por incumplimiento en los plazos de pago, es la única empresa de la Comunidad Valenciana castigada ajena al sector hortifrutícola.

Agribur S.L.; Coop Agrícola Callosa de Ensarria S.C. Valenciana; Exportaciones Ciscar, S.L; Fertofrans S.L.; Morales Jucar, SA; Perales y Ferrer, S.L.; y Quid Pro Quo Fruits, S.L.Q alargan la lista negra de mayoristas de frutas y verduras del campo valenciano. Después del golpe mencionado a Fertofrans S.L, Agribur S.L. ostenta el negativo logro de la segunda empresa con más sanción: 19.800 euros de multa por incumplir plazos de pago. Cantavilanos S.L. dedicada al comercio al por mayor de frutas y hortalizas y ubicada en Chirivel (Almería), cierra el podio con un total de 18.001 euros por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración.

Ley de la Cadena Alimentaria, una reivindicación de una década

El respeto por la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobado en 2013, es una de las grandes reivindicaciones del campo español en los últimos 10 años. Las principales organizaciones agrarias han destacado que las sanciones evidencian que sin esta norma "se volvería a la ley de la selva"

Durante esta década, los agricultores y ganaderos han puesto el foco sobre la industria y la distribución, a quienes han advertidoque cometer abusos tiene sanción y que además supondrá un coste en la reputación de los operadores condenados.

Las sanciones son acumulativas, por lo que en caso de reincidencia multiplicarán su valor, lo que desde el campo se considera una garantía para dar muerte a las prácticas comerciales que ponen en jaque su actividad.