El tan a veces criticado lobby, la acción de influir en el legislador para favorecer los intereses empresariales de un sector económico, no le ha terminado de funcionar a la banca española en lo relativo al impuesto extraordinario que va a imponer el Gobierno. Al menos si se compara con el resultado obtenido por las empresas energéticas, a las que el Ejecutivo ha terminado 'indultando' del gravamen extraordinario tras un pacto con Junts y el PNV.

Los planes del Gobierno para el sector bancario en materia impositiva acapararon las intervenciones de los principales directivos de las entidades que presentaron resultados trimestrales esta semana; Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell. Con matices, el posicionamiento en contra del gravamen adicional es claro: "Perjudicará a la economía española", sentenció este jueves Onur Genç, consejero delegado de BBVA.

A través de una enmienda al proyecto de ley para crear un impuesto global del 15% a grandes multinacionales, el PSOE planea modificar la figura del actual gravamen, y hacer que pase de ser una prestación patrimonial de carácter no tributario a un impuesto como tal, pero manteniendo que se graven el margen de interés y las comisiones netas. Originalmente era del 4,8% sobre los ingresos.

César González Bueno, CEO de Sabadell, reconoció que el intento de frenar la maniobra del Gobierno no fue todo lo efectivo que podría haber sido. "Se ha intentado hablar y quizás los cauces no han sido del todo eficaces", reconoció en rueda de prensa. Como él, Genç también puso sobre la mesa la falta de interlocución con el Ejecutivo. "Nos hubiera gustado tener más diálogo con el Gobierno. Es un Gobierno abierto, pero ¿no se dialoga en algo tan importante que tiene importancia para el futuro de España?", se quejó.

La clave, explica en privado un alto directivo del sector, es que "esta reforma la ha negociado directamente Hacienda con la izquierda a la izquierda del PSOE". "No ha participado ni el Ministerio de Economía ni la AEB (Asociación Española de Banca). Y cuando los procesos no son los normales, reglados y ordenados, los resultados son extraños", sentencia.

El propio martes por la mañana, antes de conocer el pacto del PSOE con los nacionalistas para 'salvar' a las energéticas, el consejero delegado del banco Santander, Héctor Grisi, reconocía ir a ciegas respecto a la hoja de ruta de Moncloa. "No hemos tenido ninguna interacción con el Gobierno y no tenemos ningún dato de cómo están viendo el tema", sostuvo.

Para Gortázar, se trata de una medida meramente política alejada de cualquier razón lógica o meramente recaudatoria. El impuesto extraordinario temporal ideado tras la guerra de Ucrania "ya no tiene sentido", sostuvo. Y "la justificación ya no es otra que la banca de por sí tiene que pagar más que otros sectores", zanjó.

Desde las diferentes entidades desglosan los posibles efectos que tendrá la medida que, en su versión actual y según los cálculos de la patronal, supuso el año pasado 50.000 millones menos de capacidad de financiación para España. "Cuando los tipos de interés bajen y suban los impuestos, te deja menos capital para seguir prestando. (...) Hay que entender cómo puede afectar si viene un ciclo de crisis", avisó el CEO de Santander.

En este sentido, Gortázar avanzó un impacto sobre el crédito. "Ojalá que el crédito pueda crecer un 3% o un 4%. Pero sin el impuesto podría crecer más sin ninguna duda. Si lo mantenemos estos tres años y se prolonga, lo que miraremos de aquí a diez años es en qué momento perdimos comba", expresó. En este sentido, reconoció que las empresas energéticas juegan con la ventaja de que tiene un efecto muy visible anunciar la deslocalización grandes inversiones como hizo el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz. "En banca es un efecto más paulatino y capilar. No se está apreciando bien el daño a la economía gravando a la banca", apostilló.

"Podríamos llamarlo la tasa CaixaBank"

El CEO de la entidad catalana criticó que el nuevo impuesto "está consolidando la doble imposición" y, además, "consagra y exagera la discriminación entre entidades", pese a que la norma prevé una deducción del 25% de la cuota del impuesto de sociedades.

Tanto él como Genç se mostraron críticos con la progresividad que contempla la reforma planteada por el Ejecutivo. La idea del Gobierno es que la figura impositiva esté activa durante los próximos tres años, hasta 2028, y que el tipo pase de un 4,8% a uno progresivo que iría del 1% al 6% en función de la base liquidable.

"Entendería esa escala progresiva cuando se trata de particulares, personas físicas, pero estamos compitiendo personas jurídicas -empresas- y se está generando un entorno de competencia desleal que no nos gusta", declaró Genç. En este sentido, abundó en el carácter "anticompetitivo" de la medida que "hace que los bancos más pequeños y los bancos extranjeros americanos con los que competimos con ellos vayan a estar por debajo de los umbrales y no van a pagar estos impuestos".

Por su parte, Gortázar defendió que ese gravamen "lo pagan los accionistas" de los bancos. Y debido a la progresividad planteada, CaixaBank será el más perjudicado de todas las entidades por su tamaño. "Podríamos llamarlo la tasa CaixaBank", expresó.

Además, sostuvo que en un futuro escenario de fusiones transnacionales que anhela la Comisión Europea, el impuesto provocará que ninguna entidad vea incentivos para dejar su sede en España en caso de que se junte con otro europeo. "En el momento en que llegue el momento para un banco español de una fusión transfronteriza, ¿dónde van a estar los centros de actividad si aquí hay un entorno de presión elevada?", se preguntó.

Otra fuente del sector discrepa, en parte, con la visión del CEO de CaixaBank y no cree que el impuesto provoque la eventual fuga de sedes. Pero sí considera que, "a nivel general, manda un mensaje al exterior de un país menos friendly (amigable) con las empresas".

Recurso ante los tribunales

A partir de ahora, los bancos confían en poder introducir modificaciones durante el trámite parlamentario. "No me gustaría que la enmienda se apruebe en esos términos", sentenció Gortázar. Desde las asociaciones bancarias AEB y CECA consideran que el nuevo impuesto bancario afecta al crecimiento económico. Y, en caso de aprobarse en los términos anunciados, no descartan acudir a los tribunales.

En su opinión, "subsisten algunos de los vicios de inconstitucionalidad del actual gravamen en vigor", al que acusan de ser "discriminatorio" porque "estigmatiza y perjudica la solvencia y competitividad de los bancos españoles". "Nos parece muy buena decisión haber excluido al sector energético, ahora solo quedamos nosotros", sentenció Gortázar.