La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) activará en apenas dos semanas la cuenta atrás definitiva para el futuro de la compra de Sabadell por parte de BBVA. El organismo que preside Cani Fernández no tomó ninguna decisión al respecto tras la reunión de la Sala de Competencia celebrada este miércoles, un día antes de que ambas entidades presenten sus respectivos resultados trimestrales.

Fuentes del regulador aseguran que el plazo máximo de la primera fase de análisis de la oferta pública de adquisición (OPA) presentada por BBVA "está a punto de terminar". Por ello, "la decisión se adoptará necesariamente en las próximas semanas, a mediados de noviembre", añaden.

Sobre la mesa hay varios posibles escenarios para la operación impulsada por BBVA de forma hostil (sin acuerdo entre las partes), con unos plazos tasados. En primer lugar, Competencia puede decidir aprobar la fusión en primera fase, si da por buenos los compromisos que ha aportado ya la entidad que preside Carlos Torres o le impone condiciones extra que podrían minar el interés en la operación.

La segunda opción pasa por alargar el análisis de la operación a una denominada segunda fase, que podría dilatar los plazos hasta el segundo trimestre de 2025.

Distintas fuentes aseguran que esta posibilidad se activaría si el regulador percibe riesgos en la operación sobre la entidad que preside por Josep Oliu. La ley de Defensa de la Competencia fija tres meses adicionales para estudiar las implicaciones que tendría una eventual fusión, aunque puede parar el reloj repetidas veces para recabar más información sobre una operación que daría un banco resultante con más de 100 millones de clientes en todo el mundo y casi 7.000 oficinas.

Tras esa segunda fase de investigación, la CNMC podría autorizar la operación, poner condiciones para aprobarla o prohibirla. Para ello, tendrá que recabar también la opinión de diferentes partes implicadas. Y las eventuales condiciones que decida imponer a la luz de esas aportaciones, tendrán que recibir el aval del Gobierno, que podría incluso endurecerlas.

De esos compromisos o cesiones (remedies) que marque Competencia dependerá la potencial rentabilidad de la fusión planteada por la entidad vasca sobre la catalana. Y si el Gobierno las endurece, todavía podría complicar más el futuro de la adquisición (aunque no puede parar la OPA). La ley faculta al Ejecutivo a intervenir por razones de interés general.

A Moncloa la operación nunca le ha gustado, bajo el argumento de que pueda mermar la competencia, especialmente en Cataluña y Comunidad Valenciana, el impacto en el crédito a las pymes y el posible recorte laboral que llevaría aparejada.

No en vano, la fusión supone que el tercer banco de España compre al cuarto del ranking por volumen de créditos. Y tendría como fruto la creación del segundo banco nacional por su volumen de créditos (una cuota de casi el 25%) frente al 27,5% de CaixaBank y el 20,3% del Santander.

Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) también se mantiene expectante sobre la posición de Competencia, antes de aprobar el folleto de la OPA para que la entidad vasca pueda proseguir en su estrategia de compra, que ya intentó sin éxito -y de manera amistosa- en 2020.