Las aseguradoras plantan al Gobierno en el concurso para renovar la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), la asistencia sanitaria concertada de la que se benefician cerca de 1,5 millones de trabajadores públicos.

Adeslas, Asisa y DKV, las actuales prestadoras del servicio, han decidido no acudir al concurso diseñado por el Ejecutivo, que ha quedado desierto. Las aseguradoras no estaban de acuerdo en la propuesta económica del mismo, a pesar de que planteaba una subida en las primas del 17,12% en dos años. Su pretensión era que se elevase al menos un 40%.

Tanto Adeslas como Asisa sí han optado por acudir a los concursos para renovar el sistema para los funcionarios de Justicia (Mugeju) y de las Fuerzas Armadas (Isfas). Entre ambas, suman 650.000 beneficiarios.

"Una vez que la licitación ha quedado desierta, Muface, como órgano de contratación, iniciará los trabajos para una nueva licitación", explica el Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública que dirige Óscar López.

Desde el Ejecutivo aseguran que los funcionarios adscritos a Muface seguirán recibiendo la asistencia sanitaria en las condiciones actuales mediante las prórrogas y mecanismos "previstos en la Ley de Contratos del sector público". Si no lo consigue a tiempo, se verían abocados a ser atendidos por los servicios públicos de salud, con el correspondiente riesgo de saturación.

"A pesar de nuestra firme voluntad de mantener la vinculación con Muface, la falta de una financiación adecuada junto a unas coberturas más exigentes en algunos aspectos que las que presta el propio Sistema Nacional de Salud (SNS) y la decisión del resto de entidades de abandonar el servicio a esta mutualidad hacen imposible para Asisa mantener la adhesión al modelo sin poner en serio riesgo la solvencia de nuestra compañía", explica la aseguradora en un comunicado.

Por su parte, DKV argumenta que tendría unas pérdidas de 77 millones de euros en dos años, casi las mismas que en el anterior concierto, que fue de tres años. La aseguradora además considera que el modelo está infrafinanciado.