La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) está sometiendo a un proceso de inspección su parque de viviendas en la provincia de Valencia. La Comunidad afectada por el desastre natural es la segunda región en la que el conocido como 'banco malo' tiene más activos inmobiliarios, solo por detrás de Cataluña.

Según el buscador de inmuebles de su página web, tiene 3.357 viviendas, aunque las que podrían estar disponibles para eventuales realojos son muchas menos porque buena parte de ellas tienen inquilinos, están en procesos judiciales o directamente okupadas.

Los activos (viviendas) "pueden encontrarse en diferentes situaciones (comercialización, adecuación, cedidos a Administraciones públicas para alquileres sociales, viviendas habitadas con y sin título, etc.)". El buscador incluye todo el balance, también "aquellos que se encuentran en proceso de toma de posesión".

Por el momento, fuentes de la entidad consultadas por El Independiente evitan precisar cuál es el número de activos real que se encuentra en las situaciones antes descritas. Revelan, eso sí, que tienen desplegado sobre el terreno personal desde hace días para conocer de primera mano la situación en la que han quedado sus viviendas tras la catástrofe provocada por las inundaciones.

Fuentes de la misma aseguran haber activado un plan para buscar ayuda a aquellas familias que residen en activos de su propiedad que puedan haberse visto afectados por las riadas. En este sentido, personal de Sareb está sometiendo a revisión el estado en que han quedado estos inmuebles para ver si es viable su reparación.

En caso contrario, para aquellas familias cuya residencia haya quedado inhabitable por el efecto del agua, el banco trabaja en ver cuáles de las que están vacías pueden ponerse a disposición de los afectados como pidió hace unos días el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

La entidad participada de forma mayoritaria por el Estado a través del Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) y también por los principales bancos del país cuenta en la provincia de Valencia con más de 3.000 casas. Se trata de una región con gran volumen de actividad para el denominado como 'banco malo', que gestiona la cartera de activos procedentes de las antiguas cajas de ahorro quebradas en la crisis financiera.

Sin embargo, las que podrían estar disponibles en Valencia para los afectados por la DANA sería mucho menor por la situación jurídica de cada uno de los inmuebles. Una parte del parque de viviendas está sometida a procesos judiciales, otra parte alquilada y otras tantas sufren el fenómeno de la okupación. Desde Sareb evitan dar cifras concretas. Aunque Sareb no alquila como si fuera una agencia inmobiliaria, sí tiene activos con inquilinos que pagan o bien un alquiler social o un alquiler a precio de mercado.

En materia de vivienda, Mazón pidió medidas urgentes para el realojo y reconstrucción de viviendas de afectados. Además de movilizar todo el parque público de vivienda estatal, entre el que se encuentra el de Sareb, también planteó el aplazamiento de las hipotecas o préstamos personales de los afectados.

Zona catastrófica

Este lunes estaba prevista la constitución de un Grupo de Respuesta Inmediata de Servicios Sociales y Vivienda, en el que participarán el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy y la Ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, a petición del Ejecutivo autonómico. El grupo lo liderará la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero y contará con la participación de la consejera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino.

Asimismo, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en su reunión de este martes la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil para aquellas áreas más golpeadas por la DANA. Entre otras cosas, esto facilitará la llegada de ayudas económicas a las víctimas de la catástrofe natural.

Declarar zona catastrófica permite ayudas fiscales y económicas por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad; compensaciones a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables o ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. Además, recoge Efe, incorpora subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular y ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales o de acuicultura marina.