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El Gobierno constató este martes la negativa de las aseguradoras a participar en el concurso para renovar el concierto de Muface, mediante el que los funcionarios tienen la posibilidad de recibir atención médica por parte de compañías privadas. Ni siquiera las que prestan actualmente el servicio -Adeslas, Asisa y DKV- dieron su brazo a torcer ante el planteamiento económico del Gobierno, con el que consideran que no cubrirían los costes asistenciales de los empleados públicos que eligen sus servicios.

Pero hay unas comunidades autónomas en las que el hipotético vuelco de funcionarios a los servicios de sanidad pública si finalmente no se renueva el contrato sería mucho mayor en términos relativos que en otras. Los funcionarios cubiertos por el concierto tienen la posibilidad de elegir si ellos y sus allegados son asistidos por la sanidad pública o por las aseguradoras privadas.

Un 29,74% de los funcionarios de Muface se decantaron por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Según las estadísticas oficiales del organismo consultadas por El Independiente, el 70% restante acude a las aseguradoras privadas. El informe Mutualistas y Beneficiarios según elección de Entidad Sanitaria correspondiente a 2023 refleja que 457.307 de los 1.537.701 asegurados eligieron al INSS como prestador de servicios. Por su parte, 508.703 optaron por Adeslas, 363.946 por Asisa y otros 207.711 por DKV Seguros.

Sin embargo, este reparto global cambia a nivel autonómico, con cifras mucho más dispares en regiones donde la saturación y las listas de espera son la tónica habitual de sus servicios públicos de salud. En comunidades como Andalucía, estos últimos solo atienden al 19,21% de los funcionarios y beneficiarios cubiertos por Muface. Según las últimas cifras disponibles, son 62.023 personas. Si el Gobierno no consigue renovar el concierto, la sanidad pública de esta región tendría que asumir la atención del 80% restante, 260.845 pacientes, aunque una parte de ellos puedan optar por sufragar de su propio bolsillo un seguro con una compañía privada.

En Extremadura, el servicio público atiende al 26,03% de los asegurados de Muface (11.406), por lo que la carga adicional de pacientes de su sistema sanitario sería de 32.413. En la Comunidad Valenciana, los asegurados de Muface que eligen la sanidad pública son 46.116, el 28,02% del total. La sanidad pública de la región más afectada por la DANA tendría que asumir a 118.471 nuevos pacientes. En Madrid, la cifra de asegurados de Muface que escoge la opción pública alcanza solo al 28,69%, 67.695. Su sistema sanitario tendría una carga extra de 168.287 pacientes si no se renueva el concierto.

Frente a esas cifras, hay otras regiones que prestan servicio a un porcentaje mucho mayor de asegurados de Muface. En Navarra, los que eligen el servicio público para su asistencia son el 56,04% de los 16.010 mutualistas, mientras en Baleares alcanzan al 49,61% de los 31.960 funcionarios y beneficiarios. En Asturias, la sanidad pública asiste al 43,87% de los funcionarios de Muface.

Según los datos del organismo público dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, en Galicia se atiende al 38% de los mutualistas; en Cataluña, al 36%; en La Rioja, al 36%; en Murcia, al 35%; en País Vasco, al 34%; en Castilla-La Mancha, al 32%; en Cantabria, al 31%; en Canarias, al 31%; en Castilla y León, al 30%; y en Aragón, al 30%.

La Fundación Idis, que agrupa al sector de la sanidad privada en España, ha pedido al Gobierno que publique una nueva licitación de Muface para 2025 y 2026 con unas condiciones "aceptables" que faciliten la participación de las aseguradoras y permita al modelo sobrevivir.

Según defiende la patronal, el modelo permite frenar el incremento de las listas de espera para consultas externas en un 266 %, de las consultas quirúrgicas en un 115 % y más de 5 millones de visitas en Atención Primaria. En este sentido, defienden que facilita el control del gasto y genera un ahorro al sistema sanitario.

Reunión el jueves con los sindicatos

Muface ha convocado ha convocado a los sindicatos a una reunión el próximo jueves. Mientras tanto, el propio Ministerio de Sanidad está analizando el impacto que podría tener para el Sistema Nacional de Salud (SNS) la absorción de esos 1,5 millones de pacientes si el concierto de Muface no se renueva. El departamento que dirige la ministra Mónica García (Sumar) sería partidario, de hecho, de terminar con el modelo.

Para el concierto de 2025-2026, el Gobierno propuso incrementar la cuantía total de la contratación a 1.337,05 millones de euros en 2025 y 1.344,55 millones en 2026. Esto suponía un incremento en la prima del 17,12 %, la mayor de la historia. En cambio, la cifra quedaba muy lejos de las pretensiones de las aseguradoras, que pedían una subida del 38% para que la prestación del servicio no sea deficitaria.

Ahora, el Ministerio para la Tranformación Digital y Función Pública prepara una nueva licitación exprés que pueda convencer a las aseguradoras y salvar el concierto. El departamento de Óscar López juega con la baza de que podría obligarlas por ley a prorrogar la prestación del servicio durante nueve meses, lo que supondría un golpe en la cuenta de resultados de las compañías.

Las aseguradoras argumentan que detrás del incremento de costes está no solo la inflación, sino también la ampliación de prestaciones, el envejecimiento de los beneficiarios, los efectos de la Covid-19 y, por último, la inversión en tecnología y nueva maquinaria médica.

Frente al concurso desierto de Muface, Asisa y Adeslas sí se han presentado como candidatas para la cobertura sanitaria al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), con cerca de 560.000 mutualistas, y para la Mutualidad General Judicial (Mugeju) que atiende a unos 92.000 funcionarios del ámbito judicial y sus familiares.