BBVA mantendrá su Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre Sabadell. Al menos durante el tiempo que dure la segunda fase de análisis de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha decidido extender su investigación sobre la posible fusión. El organismo que dirige Cani Fernández tiene al menos tres meses más para dilucidar las implicaciones que puede tener la OPA hostil para el mercado y diseñar las condiciones o renuncias que impondrá en caso de dar su visto bueno. Además, da pie a que el Gobierno intervenga.

"BBVA continuará colaborando estrechamente con la CNMC para culminar cuanto antes el acuerdo de compromisos y la aprobación del expediente", señalan fuentes de la entidad que preside Carlos Torres. En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el banco vasco recuerda que "tal y como se indicó en el anuncio previo de la Oferta, la obtención de la autorización de la CNMC es una de las condiciones" fijadas para que esta se lleve a cabo.

La decisión de Competencia, en todo caso, enturbia el calendario diseñado inicialmente por la entidad vasca, que confiaba en tener los permisos en unos seis meses y que a estas alturas estuviese aprobada en primera fase. En el mercado se hacen diferentes lecturas sobre la decisión del organismo regulador. Por un lado, el hecho de ampliar la investigación se percibe como una forma de cubrirse las espaldas. En caso de que la OPA salga adelante, nadie podrá decir que no se ha intentado calibrar bien el efecto sobre el sector.

Por su parte, fuentes del Banco Sabadell ven en la decisión de la CNMC la prueba que "confirma la complejidad de la opa hostil lanzada por BBVA". En este sentido, reiteran que la OPA "hace necesario un estudio más profundo de las consecuencias que tendría esta operación en la competencia del sistema financiero español".

Por otro lado, el mercado entiende que la CNMV esperará a conocer el dictamen de Competencia antes de aprobar el folleto presentado por BBVA y lanzar el período de aceptación. No en vano, el presidente del supervisor, Rodrigo Buenaventura, tendrá que ser relevado en unas semanas por el candidato que designe el Gobierno. En todo caso, el propio Buenaventura aseguró hace unos días que su marcha no afectará al devenir del proceso.

De momento, se abre un período de un mínimo de tres meses en el que Competencia podrá recabar nueva información y consultar a las diferentes partes afectadas por la eventual compra de Sabadell por parte de BBVA. El reloj se puede detener con cada petición de información.

"Las partes están simultáneamente presentes en el mercado de producción y distribución de seguros, en el de fondos y planes de pensiones y en el mercado de gestión de activos", recuerda Competencia. Además, solicitará un informe preceptivo a las comunidades autónomas en las que la concentración incida de forma significativa.

A la luz de toda la nueva información recabada, el regulador tomará una decisión. Y ahí podría llegar el momento en el que BBVA si podría retirar su OPA, en caso de que las condiciones impuestas desincentiven seguir adelante con el proceso. Por ejemplo, si la CNMC le obligase a desprenderse del negocio de pymes, que es uno de los puntos fuertes de la entidad catalana.

Posible marcha atrás

El propio consejero delegado de BBVA Onur Genç verbalizaba esta posibilidad en la presentación de resultados trimestrales, hace solo unos días. Y al mismo tiempo reconocía que la dilación de los plazos añadía incertidumbre al proceso. Desde la entidad vasca comparan la fusión con la de CaixaBank y Bankia. Pero en esta ocasión, no tiene carácter amistoso sino hostil.

Por su parte, el ministerio de Economía que preside Carlos Cuerpo podrá intervenir y, en último término, el Consejo de Ministros se deberá pronunciar sobre las condiciones impuestas por Competencia para suavizarlas o endurecerlas. El parecer del Ejecutivo sobre la operación es negativo por diversas cuestiones.

Aunque algunas fuentes del mercado consideran que si Competencia acaba dando luz verde a la OPA, las condiciones adicionales de Moncloa no serán tan duras como para hacerla descarrilar definitivamente como ha sucedido recientemente con la intención de un grupo empresarial húngaro por hacerse con el fabricante vasco de trenes Talgo. En todo caso, el trámite gubernamental dilatará más todavía el proceso.